Como anticipó Forbes hace algunas semanas, el gobierno de Javier Milei avanza en la desregulación de los pagos en el transporte público. El objetivo es abrir el sistema para que a la SUBE se sumen otros medios de pago, como pueden ser tarjetas, billeteras virtuales y hasta códigos QR. En ese camino, hoy se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el Decreto 698/2024 que amplía el sistema de percepción de tarifas.

“Amplíase el sistema de percepción de tarifas establecido por el Decreto N° 84 del 4 de febrero de 2009 y sus modificatorios a otros medios de pago que permitan la interoperabilidad, para el acceso a la totalidad de los servicios de transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía”, señala el decreto publicado este martes 6 de agosto. 

En esa línea, el texto afirma que “se entiende por interoperabilidad de medios de pago a la capacidad para aceptar cualquier medio de pago electrónico sin contacto”. “Se fomentará especialmente el uso de tecnologías que permitan la comunicación inalámbrica, segura y ágil entre el dispositivo de pago y los terminales de cobro en el transporte público de pasajeros”, afirma el texto. Y continúa: “El Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E.) que opere en los medios de transporte público automotor, ferroviarios de superficie y subterráneo y fluvial de pasajeros y servicios de cablevía deberá permitir la interoperabilidad con cualquier otro medio de pago”.

Con respecto a esto último, no hay un medio de pago digital que se imponga sobre otro. Sin embargo, la mayoría de los jugadores del sector cree que la estrategia debería impulsar la tecnología NFC. De todas maneras, no todos están de acuerdo con esto. Una parte cree que debería hacerse con QR porque ya está difundido en la población, no todas las personas tienen acceso a dispositivos con NFC y porque tuvo buenos resultados en otras partes del mundo. Esto requeriría que la persona genere el QR en su celular, lo acerque al lector y se emita el pago. Quienes están a favor afirman que lleva pocos segundos pero quienes están en contra remarcan que el pago es rápido pero el proceso de sacar el celular, abrir la aplicación, generar el QR y acercarlo al lector lleva mucho tiempo. “Imaginate hacer todo eso en la hora pico del subte”, advirtió una fuente que no cree que sea la mejor opción a Forbes. 

Los desafíos que implica la apertura de SUBE

Desregular el sistema de pagos de transporte puede sonar sencillo pero no lo es. Hay muchas cuestiones que requieren acuerdos y se presentan varios detalles a definir. 

La primera de ellas es quién negociará con los oferentes. Parte de los involucrados cree que es mejor que sean las jurisdicciones las que se encarguen de esto, por ejemplo a través de una licitación. En ese caso, se presentan los interesados y quien haga la mejor oferta (tanto para instalar los equipos como en el cobro de las comisiones) trabaja con las empresas radicadas en la jurisdicción. Sin embargo, también están quienes creen que la negociación debería ser directamente con las empresas. “El problema que te genera eso es que a una compañía de colectivos que tiene dos líneas en una zona alejada le va a resultar muy complicado que una empresa le quiera brindar servicio”, analiza uno de los especialistas consultados por Forbes. Por el momento no está claro cómo se llevará a cabo esto y es uno de los debates que se están dando. 

El segundo desafío es la inversión para cambiar los equipos. En experiencias de otros países fue el Estado el que se encargó de esta parte con el objetivo de promover los nuevos métodos de pago. Este no sería el caso argentino ya que el actual gobierno considera que es el sector privado el que debe afrontar este desembolso de capital. 

En este punto hay muchas versiones encontradas. Una de ellas señala que deben cambiarse todas las terminales y que eso costaría alrededor de US$ 50 millones. Mientras tanto, otras versiones indican que solo se debe cambiar menos del 10% de los equipos y que al resto se le puede sumar un lector que acepte todos los métodos de pago. “A precio real de mercado, si en el medio no ocurre nada extraño, esto último requeriría aproximadamente US$ 10 millones”, calcula una persona allegada al proceso. Mientras tanto, otra fuente discrepa con todas las versiones anteriores: “Son todos cálculos que corren pero que no tienen un argumento fuerte detrás. Es cierto que las inversiones las terminará haciendo el sector privado, por lo menos hasta ahora, pero no hay un número real al respecto”.