La Argentina, como muchas otras naciones, tuvo cierta ventaja de observar los efectos del virus, las políticas implementadas por los primeros países afectados y sus resultados. Con una rápida y acertada decisión, el Gobierno local decidió el confinamiento obligatorio de la población, y permitió la actividad económica en algunos sectores esenciales en esta coyuntura.
No obstante, a pesar de que algunas de las actividades se definieron como esenciales, y otras pudieron arreglarse a través del teletrabajo, en algunos casos enfrentaron una demanda más baja, incluso inexistente. Y en los sectores esenciales también se vieron menguadas las capacidades productivas, por cuanto los trabajadores considerados en grupos de riesgo y mayores con hijos a cargo, en muchos casos, fueron licenciados de trabajar, afectando la producción incluso de esos sectores esenciales.
Así las cosas, teniendo en cuenta el conjunto de actividades consideradas exceptuadas o esenciales durante el período de aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno y aquellas que fueron impedidas de operar, el IERAL de Fundación Mediterránea estimó el impacto de la crisis del COVID-19 sobre las empresas del país en las primeras semanas de la cuarentena. Entre el 20 de marzo y el 26 de abril (día en que comenzó alguna ligera flexibilización por provincia), solo el 31% de las empresas eran consideradas esenciales (podrían operar normalmente), mientras que el restante 69% tenía algún tipo de dificultades para operar. De estas últimas, el14% eran actividades esenciales, pero con dotación mínima, un 19% tenía ciertas características que les hubiesen permito realizar teletrabajo y el 36% correspondía a empresas que no podían desempeñar ningún tipo de actividad. Esto implica que alrededor de 410.000 empresas se encontraron con dificultades para operar y al menos 218.000 estuvieron totalmente inactivas desde el 20 de marzo hasta fines de abril.
Al aplicar el mismo análisis para el empleo formal privado, la situación resultaba similar. Las personas con posibilidad de seguir desempeñándose normalmente en su lugar de trabajo correspondían a solo un 33% del total.
410.000 empresas tuvieron dificultades para operar, y cerca de 218.000 estuvieron inactivas hasta fines de abril
De los dos tercios restantes, con algún tipo de dificultad para desarrollar su tarea de manera normal, un 12% eran empleos en sectores considerados esenciales, pero con dotación mínima, un 15% podían ejecutarse en la modalidad de trabajo a distancia y un 40% correspondía a empleos sin actividad.
De tal modo, y a pesar de los programas estatales implementados que complementaron la capacidad de muchas pymes para pagar salarios, los ingresos de los trabajadores formales del sector privado podrían caer en torno al 15% interanual en abril y mayo, en términos reales.
Por supuesto, siempre los más afectados son los trabajadores informales y cuentapropistas que se vieron imposibilitados de desarrollar sus actividades.
Este delicado panorama comenzó a descomprimirse levemente a partir del 26 de abril, cuando se dio inicio a la fase tres del aislamiento social obligatorio, con la posibilidad de segmentar geográficamente las restricciones a la movilidad de las personas.
Teniendo en cuenta la situación heterogénea del país con relación a la cantidad de contagios, muchas provincias podrían avanzar más rápidamente en la flexibilización del aislamiento. Eso ayudaría a evitar que se profundicen los problemas financieros de las firmas, siempre salvaguardando que la situación sanitaria no empeore debido a este relajamiento de las restricciones a la movilidad.
Segmentaciones regionales, por tipo de actividad, edades de los trabajadores, tipo de transporte utilizado, con estrictos protocolos sanitarios aplicados por las unidades productivas, entre otras preocupaciones, ayudarán a encontrar una salida más rápida a la caída de la producción y de los ingresos de la población. Ningún extremo es bueno. Se requiere encontrar un delicado equilibrio entre salud y economía; fue posible en algunos países del mundo.
