La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) dio a conocer  una serie de consideraciones sobre cómo Argentina debería modificar el régimen de contrataciones públicas en el país. Las propuestas fueron elevadas al gobierno nacional a través de un documento.

Desde el organismo recomendaron reformar el Registro Nacional de Constructores y crear "un registro de compañías declaradas culpables por haber infringido la Ley de Competencia", entre otras medidas para combatir la coclusión en contrataciones públicas.

Según constata el informe, el país "gasta una parte significativa de sus recursos públicos en la contratación de obras públicas", aspecto "particularmente desafiante debido a su magnitud, las implicaciones en términos de presupuesto y la complejidad técnica".

Concretamente, en 2018 se destinaron a ese rubro $232.000 millones y 40% de los recursos se asignaron a infraestructura en transportes, mientras para 2019 se presupuestaron $ 215.000 millones.

Sobre el Registro Nacional de Constructores, la OCDE sugirió "crear una versión electrónica del registro interoperable con (el sitio web oficial) Contrat.ar", a fin de que los datos "sean fácilmente accesibles para las entidades encargadas de las contrataciones".

Otra recomendación apuntó a "establecer un proceso de toma de decisiones transparente para el registro y la certificación de las compañías". También se advirtió que "las entidades que contratan obras públicas en la Argentina deben basar su diseño de adquisiciones en inteligencia de mercado sólida".

A tales fines se propició "comunicar e intercambiar información que sea relevante para el diseño de las adquisiciones y la ejecución de los contratos, y maximizar la participación de oferentes genuinos".

El estudio de la OCDE alertó que las entidades contratantes en la Argentina "actualmente siguen enfoques divergentes en los procesos y requisitos de licitación", por lo cual "se deben instaurar procedimientos de contratación estandarizados para las obras públicas".

Para el organismo, se requieren "criterios claros que ayuden a los funcionarios encargados de la contratación a determinar la naturaleza pro competitiva de las ofertas conjuntas y las subcontrataciones".

Junto con la instrumentación de mejoras en los términos de las licitaciones, la Argentina "debe limitar tanto como sea posible la adjudicación de contratos que no estén completamente definidos, por ejemplo, basándose en especificaciones técnicas y presupuestos provisionales", señaló otro apartado.

La OCDE aconsejó asimismo "utilizar la relación calidad-precio y no sólo el precio como criterio de adjudicación de contratos para obras públicas, debido a que dicho criterio puede recompensar la innovación y las medidas de reducción de costos".

Por otra parte, añadió el informe, "la Argentina debe adoptar regulaciones claras que limiten la capacidad de la administración pública y de los contratistas para modificar los contratos de obras públicas una vez que se hayan adjudicado".