El 19 de octubre, el fondo de financiamiento de litigios Burford Capital logró su ingreso en Wall Street con una cotización de mercado de aproximadamente US$ 2.200 millones: el primero de su tipo en cotizar en el NYSE. La conquista empaña los cuestionamientos sobre su negocio, pero aún quedan incógnitas sin resolver sobre su principal activo, el juicio que lleva adelante contra la Argentina e YPF en el juzgado de Loretta Preska en Manhattan: ¿qué capacidad real de recupero tiene una demanda cuyo monto supera la actual cotización de mercado de la petrolera? ¿Cuánto depende la cotización de Burford de obtener un resultado favorable en el juicio? Y, si como acusan sus detractores, el valor de mercado del juicio fue inflado en sus balances, ¿cuánto caerían sus acciones? En el mercado sostienen que el escrutinio de NYSE es más severo que el de Londres, y que allí se probará realmente la consistencia del fondo dedicado a obtener rédito sobre activos "litigiosos". Mientras tanto, el expediente está más activo que nunca y Argentina reclama que los Eskenazi se presenten a declarar en el juicio. A continuación, la trama detrás de un caso que tiene cada vez más interesados en Wall Street.
Cuando a fin de año Christopher Bogart le envió una carta a la Jueza Preska para contarle que le había prohibido a su hija viajar a Buenos Aires por cuestiones de seguridad, la pelea ya se había vuelto personal. O, en sus propias palabras, estaba "fuera de las cuatro esquinas de la litigación". Para el CEO y fundador de Burford Capital, el caso YPF no es uno más. Según algunos analistas, y aunque es muy complejo de determinar, explica cerca de la mitad del valor de su compañía.
2019 fue un año difícil para Bogart, quien encabeza "la firma líder mundial en finanzas y gestión de activos legales", según la descripción que ofrece a sus inversores. En agosto, el fondo activista Muddy Waters decidió "shortear" la acción de Burford en la Bolsa de Londres alegando la "naturaleza esotérica de su negocio", su "contabilidad mitológica", la "falta de ética" de su mayor accionista (Invesco), el formato "enronesco" que implementa para marcar precios, y su "cómica" estructura de management: la CFO de la compañía era la esposa del propio Bogart.
Hasta entonces, la acción de Burford era la más destacada en el Mercado de Inversiones Alternativas (AIM) de la Bolsa de Londres: había subido más de 1.000% desde su estreno en 2009. El informe de Muddy Waters la derrumbó a menos de la mitad. Entre los argumentos de MW se destacaba especialmente que el negocio de la compañía se sustentaba sobre muy pocos casos, y principalmente el que lleva adelante contra la Argentina e YPF en la corte de Loretta Preska (la sucesora del célebre Thomas Griesa) en el distrito sur de Manhattan. En el ejercicio de 2019, de hecho, aproximadamente dos tercios de las ganancias de Burford provinieron de las ventas parciales de derechos sobre el resultado de este litigio, cuya resolución no se espera hasta mediados de 2021.
El origen de la causa es la estatización de YPF en 2012, cuando el Estado Argentino decidió expropiar las acciones de Repsol para retener el 51% del paquete de la petrolera. Los principales damnificados por esta "compra hostil" fueron las empresas españolas Petersen Energía S.A (PESA) y Petersen Energía Inversora S.A (PEISA), creadas por la familia Eskenazi para vehiculizar su ingreso a YPF en 2008. Los Eskenazi, "expertos en mercados regulados", según la definición del CEO de Repsol, Antonio Brufau, habían adquirido el 25% de las acciones con un préstamo de Repsol y otro de un grupo de bancos extranjeros sobre la promesa de repartir el 90% de las ganancias anuales de YPF en dividendos para los accionistas. Esa singular política corporativa se terminó con la estatización encabezada por Axel Kicillof, que decidió reinvertir los beneficios de la compañía en proyectos menos ociosos, como el desarrollo de Vaca Muerta. Este cambio empujó a la quiebra a PESA y PEISA, que a su vez estaban controladas por una compañía australiana: otra paradoja de la promocionada "argentinización" de 2008.
En 2014, el síndico español de la quiebra de Petersen, Armando Luis Betancor, promovió un plan para demandar a YPF en Nueva York a través de un acuerdo con un especialista que ya había prestado servicios similares para el grupo español Marsans durante el juicio por la estatización de Aerolíneas Argentinas: Burford Capital. En 2015 se le vendió el 70% de los derechos de indemnización de la demanda a cambio de 15 millones de euros (US$ 18 mm) y la financiación del litigio, que según lo expresado por Burford ya demandó alrededor del doble de lo invertido. Los beneficiarios del 30% restante de un juicio cuyo valor "de libro" alcanzaría los US$ 9.000 millones todavía permanece en la nebulosa: la defensa argentina señala a los propios Eskenazi, pero los Eskenazi dicen que no, que Petersen Argentina ya no tiene más nada que ver con Petersen España, o Australia.
Poco después, Burford sumó otro querellante a su causa: el fondo Eton Park, otro de los accionistas de YPF, que había iniciado un juicio idéntico al de Petersen al año siguiente. Burford compró el 75% de los derechos indemnizatorios de ese juicio cuyo valor se estima en alrededor de un tercio de lo que reclama Petersen. Tomando como referencia el acuerdo al que Argentina llegó con Repsol en 2014 (US$ 5.000 millones en bonos), a Petersen le corresponderían US$ 2.600 millones y a Eton, US$ 880 millones.
En el corazón de la demanda, Petersen y Burford sostienen que de acuerdo a lo establecido por el prospecto bursátil de YPF, Argentina estaba obligada a ofrecer a todos los accionistas las condiciones que terminó pactando con la expropiada Repsol, y que el precio indemnizatorio debe corresponderse al precio de las acciones en 2012, cuando la petrolera nacional rondaba los US$ 13.000 millones de market cap. Hoy, la cotización de mercado de YPF es de US$ 1.845 millones, 14 veces menos de lo que valía en su récord de 2005 y, sorprendentemente, menos de lo que Burford cotiza en NYSE desde que fue listado el pasado 19 de octubre.
Desde el inicio de las audiencias en 2016, Argentina e YPF no hicieron otra cosa que perder en sus diversas mociones, recursos y apelaciones frente al estrado de Preska. Entre los principales estuvo la llamada "defensa Champerty", una norma vigente en Nueva York y basada sobre una antigua doctrina del Common Law británico que prohíbe la compra de deuda con el propósito de iniciar una demanda. Champerty fue también invocada durante la fiera batalla legal entre la Argentina y los fondos buitre encabezados por Elliott, el fondo de Paul Singer. "Argentina es la última víctima en la larga batalla judicial de los buitres para cambiar las reglas de juego", escribió por aquellos años el joven Martín Guzmán junto a su mentor Joseph Stiglitz. Igual que Thomas Griesa, su heredera Loretta Preska también rechazó el argumento, según explica a Forbes Sebastián Maril, director de Finguru, que sigue de cerca la causa Petersen.
Pero el máximo revés llegó en junio de 2019, cuando la Suprema Corte norteamericana ratificó que la causa debía tramitarse donde se originó, en Manhattan, y no en Argentina, donde pretendían los abogados de la Procuraduría. Fue en ese momento cuando Burford completó la operación más exitosa sobre su asset más valioso: se desprendió del 10% de los derechos del juicio por US$ 100 millones, con un valor implícito de la causa en el mercado secundario de US$ 1.000 millones. En los tres años anteriores, Burford ya se había desprendido de otras partes, completando un retorno de US$ 236 millones en total por el 38.5% de los derechos indemnizatorios de un juicio en el que había invertido inicialmente US$ 18 millones. Nada mal, aún teniendo en cuenta que un 30% de esas ventas podrían haber sido efectuadas por el propio Burford (ver abajo), una de las peculiaridades de la "contabilidad mitológica" descrita por MW.
Pero el clima ya estaba empezando a cambiar. En agosto, el triunfo de Alberto Fernández en las primarias disparó una nueva devaluación que arrastraría consigo el precio de los activos argentinos, entre ellos, claro, el de YPF. Ese mismo mes llegó el short de Muddy Waters y en septiembre se reveló un escándalo en el cual un "recolector de deudas" de Burford, Daniel Hall, habría entregado información sensible a cambio de un video sexual. El material era protagonizado por el magnate naval Harry Sargeant III, a quien Burford le reclamaba US$ 30 millones en nombre de uno de sus ex socios. Demasiada prensa para Bogart, que además debe leer a diario en la prensa londinense las novedades del divorcio más caro de la historia de Inglaterra: Burford financia el litigio de Tatiana Akhmedova, quien le reclama 453 millones de libras a su ex esposo, el "oligarca ruso" Farkhard Akhmedov.
Para diciembre, su malestar ya era visible en la carta personal que le envió a Preska.
El esquema
En julio de este año, Loretta Preska hizo lugar, casi por primera vez, a un pedido de la defensa argentina. Autorizó la realización de un Discovery (una suerte de pericia) a partir del cual todos los hechos de la causa sean relevados por una serie de expertos, incluyendo además un pedido cargado de especulación política: que los Eskenazi sean obligados a presentarse en el expediente con todos los documentos y datos disponibles relacionados con el caso. Como dice Maril, "el juicio llegó a una instancia en la que nadie pensaba que se iba a llegar". Un éxito silencioso de la velada estrategia de los abogados de la defensa: que siga corriendo el reloj.
El pasado 10 de noviembre, el abogado del estudio Cromwell & Sullivan de la defensa argentina presentó una dura carta en el juzgado donde critica que "Petersen se ha rehusado a presentar a ningún miembro de la familia Eskenazi para el testimonio o para recoger sus documentos apoyándose en la teoría de que los Eskenazi ya no tienen el 'control' de Petersen". En el fondo, lo que busca probar la defensa es que "los Eskenazi eligieron estratégicamente no utilizar recursos disponibles bajo la ley argentina", como sí hicieron otros accionistas. Es decir, que eligieron seguir el imbricado camino a partir del cual, desde España, le reclaman, vía Burford, una cifra sideral en Nueva York.
Las insinuaciones de los letrados provocaron un hecho inédito: por primera vez, los abogados de Burford se presentaron en el expediente para hablar en nombre de Burford aunque bajo la eufemística figura de "non-party", es decir, por fuera de las cuatro esquinas del litigio. Los pedidos de extensión para incorporar nueva prueba todavía no fueron respondidos por Preska, pero nadie duda de que el trámite no será breve.
Las aguas bajan turbias
¿La entrada de Burford en Wall Street, el primer fondo de su tipo en hacerlo, legitima su modelo de negocios? "Cotizar en la NYSE no cambia el hecho de que las ganancias de Burford se basan casi en su totalidad en los valores que le otorga a sus propios litigios, lo que en nuestra opinión es imposible de predecir de manera confiable", escribe Carson Block por email ante las preguntas de Forbes. El fundador de Muddy Waters es un "inversor activista", reconocido por sus shorts o ventas en corto, es decir, la operación bursátil que apuesta por la pérdida de valor de un activo. Saltó a la fama global con el documental de Netflix The China Hustle, donde se destaca demoliendo empresas chinas con negocios fraudulentos. Burford Capital es uno de sus blancos más recientes y sostiene que los inversores han sido estafados por la estrategia de "promoción de acciones" de la compañía, cuyo principal incentivo es inflar el valor de recupero de las demandas que lleva adelante.
Según Block, el caso Petersen/YPF es el "eje central de la tesis bull sobre Burford", es decir, el optimismo del mercado sobre la acción, que no de casualidad pasó de valer alrededor de 300 libras en 2016, cuando inició la causa, a las 1.500 en 2019, justo antes del short de MW. Pese a lo cual, sostiene Block, las chances de que Burford obtenga una retribución considerable del juicio son mínimas. "La situación financiera argentina no es ningún secreto", afirma en su último informe. "Nos parece ridículo que un equipo de financiación de litigios consiga un pago a la par mientras los tenedores de bonos soberanos tuvieron un recorte significativo", e incluso pone la lupa sobre la denominación de la eventual indemnización: ¿qué pasa si se paga en pesos atados a la cotización de YPF en la Bolsa porteña?
Desde que comenzó su "dual-listing" en NYSE, las acciones de Burford sufrieron una caída considerable a fines de octubre, pero se recuperaron a su valor promedio al momento de la publicación de este artículo.
Más allá de esto, Block apunta sobre todo a la maniobra de dudosa legitimidad que se menciona arriba: un fondo asociado a Burford habría comprado el 30% de los derechos sobre el juicio a YPF que Burford vendió en junio (un 10% del total por US$ 100 millones). Si bien en la operación ingresaron un total de 42 fondos institucionales, la teoría de Block es que esa "autoventa" fue clave para orientar el precio final. Burford se refirió a esta acusación en su reporte anual de 2019 con una ambigüedad notable: "Aunque no revelamos las transacciones de nuestros fondos dadas las restricciones de confidencialidad (...), si alguna de estas transacciones entre Burford y uno de sus fondos hubiere ocurrido, solo podría haber sido posible con la aprobación de su Comité Asesor y a un precio establecido por los otros inversores".
Block es lapidario: "la inhabilidad para dar una respuesta clara es manifiesta, y por otro lado nosotros sostenemos que no tiene nada que ver con una necesidad de confidencialidad". Para él, "la gestión de Burford es muy engañosa, corrupta e indigna de la confianza de los inversores".
La autotransferencia de fondos parece original, pero tiene un antecedente en la batalla legal entre las farmacéuticas Napo y Salix a partir de 2012, donde el aporte de un fondo de Invesco (el principal accionista de Burford) para rescatar a Napo de la quiebra fue fundamental para que Burford pudiera reportar una ganancia sobre el caso.
El último "conflicto de intereses" tuvo lugar en la propia salida a la bolsa de Nueva York, concretada el 19 de octubre. Para su asesoramiento en la Oferta Pública Inicial, Burford seleccionó a Cravath Swaine & Moore LLP, el estudio donde se formó Christopher Bogart décadas atrás. El mismo estudio que oficiaba en la defensa de YPF en el juicio contra Burford. Para Cravath, no existía incompatibilidad entre la tarea de certificar la transparencia y legalidad de una compañía cuya cotización depende casi exclusivamente de prosperar en un juicio donde Cravath es parte, pero YPF decidió terminar la relación inmediatamente.
La reputación de Burford podría ser un escollo en la cruzada de relaciones públicas y lobby internacional que emprende la industria de financiamiento de litigios. Con ese propósito se creó este año la International Legal Finance Association (ILFA), un "hito estimulante", según la definición de Christopher Bogart en el blog de Burford. Pese a las dudas sobre su negocio, él confía en que noticias como estas o su ingreso a Wall Street marcan el verdadero pulso de su querella: "recién acabamos de arañar la superficie de lo que nos espera".
