Antes de iniciar el debate por el DNU creado por el presidente Javier Milei, los senadores dieron la media sanción que faltaba al proyecto de ley que reforma el sistema normativo nacional de prevención y persecución contra el lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva que había sido remitido en mayo del año pasado por el Poder Ejecutivo Nacional.
De esta manera, la Argentina se alinea con las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que actualmente se encuentra en el país realizando una evaluación que finaliza el 26 de marzo. Dentro de todas las cuestiones que aborda la Ley, se encuentra la creación de un Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. Esto genera que las empresas crypto locales e internacionales que operen en el país pasen a ser sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), una decisión que la mayor parte de las empresas del sector y la Cámara Argentina Fintech aprueban con el objetivo de empezar a construir una regulación positiva para las compañías y los usuarios de la industria.
“Celebramos la aprobación de la reforma de la ley Antilavado de Dinero que permitirá al país cumplir con estándares internacionales, sobre todo en este momento que está siendo evaluado por el GAFI. Esperamos que las autoridades aprovechen esta oportunidad única para no sólo crear un registro de proveedores de servicios virtuales sino una regulación cripto completa y de clase mundial, que proteja a los usuarios y promueva la innovación de nuestra industria y la inclusión financiera”, señala Carlos Peralta, Líder de Políticas Públicas de Bitso Argentina.
En esa línea, Matías Bari, CEO de Satoshi Tango, asegura que “está plenamente consciente de la importancia de la regulación en el sector de los activos digitales”. “La aprobación de una ley que brinde claridad sobre lo que hacemos representa un paso significativo hacia la legitimación y el desarrollo sostenible de la industria cripto en Argentina. Esta legislación no solo alineará al país con las recomendaciones internacionales del GAFI, sino que también promoverá un entorno más seguro y transparente para los usuarios y las empresas del sector”.
Qué implica la creación del registro
Con la media sanción que faltaba de los senadores, ahora se inicia el proceso para crear la reglamentación de la Ley y la adaptación de las empresas a ese marco normativo. Juan Pablo Fridenberg, Doctor en Derecho y Public Affairs Director en Lemon, subraya que en otros países este proceso tardó alrededor de 18 meses, por lo que podría ser tomado como un tiempo referencial para la Argentina.
Desde Lemon explican que “la Ley comprende que todas las empresas locales y/o extranjeras que brinden servicios de activos virtuales en Argentina deberán inscribirse en un registro ante la CNV que contemple el eventual traslado de las tenencias de criptomonedas a una sucursal local”. “Acorde a la ley aprobada, la regulación planteada para Argentina está dirigida a los exchanges y empresas que brindan servicios de activos virtuales, asimilando su tratamiento con otros sectores y sujetos de las finanzas tradicionales en materia de prevención de lavado y otras medidas de protección al usuario. Aunque pueda sonar paradójico, tener reglas claras es un paso necesario para lograr ciertos estándares o pautas que posibiliten la interoperabilidad del ecosistema crypto con el sistema financiero tradicional”, subrayan desde la empresa.
Sin embargo, el sector en general acuerda en que si bien este es un buen paso inicial, no es el único que debe darse. “Esta ley necesita ser complementada con un capítulo tributario que acompañe en forma estratégica a la regulación. A través de la Cámara Argentina Fintech, presentamos una propuesta tributaria y previsional que contempla un tratamiento específico para los activos virtuales, incluyendo exenciones en los Impuestos a Bienes Personales, Ganancias y a los Débitos y Créditos para los ahorristas e inversores en activos virtuales”, afirman en Lemon.
Esta mirada es compartida por Carlos Peralta quien señala que “es importante que la creación del registro sea acompañado por un abordaje integral que tenga en cuenta la actualización de normas de otros organismos del Estado, como el BCRA y la AFIP, que son asuntos que la ley aprobada no abordó”. “Desde el marco de la Cámara Fintech de Argentina, tenemos un diálogo institucional con las distintas autoridades regulatorias, principalmente con UIF y con la CNV, quien será el órgano encargado de la creación del registro de PSAV. Quiero reafirmar nuestro compromiso con el fomento de una regulación inteligente: que proteja a los usuarios e incentive el uso de plataformas locales y que permita desarrollar nuestra industria de la mejor manera y con la menor cantidad de trabas posibles”, concluye el Líder de Políticas Públicas de Bitso Argentina.
Para finalizar, desde la Cámara Argentina Fintech indican que “la industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros/desregulados”. “Esto terminaría siendo contrario a los objetivos pregonados por la normativa y afectaría gravemente a la industria y a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero, como a los PSAV, y posicionar al país como líder global en regulación cripto. Por eso, el objetivo es encontrar una reglamentación que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países. Este proceso debe incluir una correcta coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas “rampas”- y otros movimientos de dinero fiat no sufran demoras ni haya inconvenientes que afecten a los usuarios”.