Finalmente, la Argentina llegó a un acuerdo con los tres grupos de bonistas para reestructurar su deuda y salir del default.
En lo inmediato, falta ver cómo termina el canje; la expectativa es que se alcancen las cláusulas de acción colectiva que permitan evitar holdouts y juicios pero, aun si esto no ocurriera, el acuerdo asegura un canje amplio donde los nuevos bonos van a tener volumen en un mundo particularmente líquido.
Arreglar la deuda era condición necesaria para estabilizar la macroeconomía, no condición suficiente. Se requiere además un acuerdo con el FMI que descomprima los vencimientos que arrancan en septiembre del próximo año y se concentran en 2022 y 2023, y fundamentalmente se requiere una señal de consolidación fiscal en la postpandemia que limite el uso del impuesto inflacionario partiendo de un agujero fiscal entre el 7% y el 8% del PIB en 2020.
El envío al Congreso del Proyecto de Ley de Presupuesto va a darnos la primera señal de la política respecto de la capacidad o no para avanzar en esta agenda de cara a las elecciones legislativas. Por lo pronto, hay una enorme diferencia entre la diatriba y los hechos.
El principal ejemplo es que el IFE, el ingreso de emergencia a las familias afectadas por la pandemia, se paga cada dos meses reduciendo el costo fiscal a la mitad. Esto, que parecía estar dado por dificultades en el arranque del programa, hoy, a más de cuatro meses de implementado, parece más bien parte de su diseño.
Lo mismo con el manejo de la indexación previsional que el Gobierno cortó en el arranque de la gestión con la Ley que llamó Solidaridad Social y Reconversión Productiva.
Veremos si el anuncio de 60 medidas que se haría en los próximos días mantiene este contraste entre una diatriba ostentosa y una práctica mas bien fiscalista.
Hoy el dólar oficial se mueve un 2,7% por mes, consistente con un ritmo de devaluación anualizada del 37% y un dólar de $ 83 a fin de año.
El dólar de contado con liquidación en $ 124 es extraordinariamente alto y similar a los niveles de overshooting de 2002 a la salida de la Convertibilidad.
Ahora bien, si se amplía un poco más el zoom, ha habido en el pasado episodios de desmonetización mucho más bruscos, como por ejemplo el Rodrigazo en 1975, el Sigotazo en 1981, y la Hiperinflación en 1989, y su segunda fase en 1990. Las condiciones hoy son bien distintas a las de cada uno de esos escenarios.
Hoy el Banco Central de la República Argentina todavía tiene reservas, la economía tiene superávit de las cuentas externas como contracara del violento ajuste de las importaciones, los precios relativos están mucho más alineados que en 2015, y la puja distributiva se moderó significativamente en medio de la crisis sanitaria.
Además la liquidez global que deja la pandemia convive con un dólar que se empieza a debilitar en el mundo.
Con estas condiciones, la inflación de 2020 va a estar en la zona del 40%, con una inflación acumulada hasta julio menor al 16 por ciento.
Nuevamente, las condiciones para aplicar un plan de estabilización en 2021 que derrumbe la nominalidad aparecen.
La definición de la nominalidad (cuánto suben el dólar, los salarios y las tarifas) va a estar directamente condicionada por el manejo fiscal de cara a 2021 y el impuesto inflacionario que requiera. El riesgo es que no es tan evidente cuál es el break even point del déficit que te lleva a un escenario estable o no.
En efecto, si la consolidación fiscal no se produce, aumenta el riesgo de que se produzca un fogonazo inflacionario que vuelva a coordinar la puja distributiva y aborte la lógica recuperación en 2021 después de una caída en torno al 12% en 2020.
La pregunta del millón es si el Gobierno va a estar dispuesto a avanzar en una consolidación fiscal en el año electoral.