Tarifas de gas: los aumentos que se vienen y cómo impactarán en las acciones de las empresas
El 6 de febrero se realizará una audiencia pública que marcará el flujo de ingresos a futuro de las firmas del sector.

La semana que viene se celebrará la audiencia pública más importante de los últimos años en materia de gas natural. No sólo determinará los aumentos tarifarios de este año, sino que establecerá un mecanismo de actualización hasta el año 2030 y su flujo de ingresos.

Eso tendrá un impacto directo en la cotización de las distribuidoras y transportistas que operan en bolsa, sumado al proceso de venta de Metrogas. De ahí que haya tanta expectativa en el mercado por lo que sucederá en los próximos días.

El pedido de las empresas promedia un aumento del servicio de transporte y distribución (VAD) del 45% a nivel país, lo que tiene un impacto en factura del 15% incluidos los impuestos. Eso representa entre $1.000 a $1.200 para la categoría R1 que es la base de la pirámide por tener los menores consumos y llega a los $2.500 en la categoría R31, la que marca el promedio a nivel país.

Ya en el caso del AMBA y para los usuarios sin subsidios con un consumo promedio de 77m3/mes, de aceptarse estas subas, la tarifa final pasaría de 28.600 pesos a 33.400 pesos aproximadamente.

La cuestión es que el Poder Ejecutivo se mantiene firme en su premisa de no otorgar impuestos superiores al 10%, algo que ya anunció en el caso de la electricidad.

"Lo que pretenden ellos no es necesariamente lo que se les va a dar. Porque ya de movida están usando una WACC (costo promedio ponderado del capital) más alta, costos de operación y mantenimiento que todavía los estamos auditando y ya les estamos realizando observaciones, valuación de activos que no son los que se están definiendo bajo las normativas vigentes y una demanda deprimida, que no es lo que estamos viendo nosotros", indicó a Forbes una fuente del equipo económico del gobierno.

De hecho, ya en el caso de las eléctricas, se anunció una reducción de la tasa de rentabilidad del 10,31% a un 6,22% después de impuestos, algo que no sólo afectó la cotización bursátil de estas firmas, sino que el mercado se anticipó a un movimiento similar en el caso del gas natural.

"Gran parte de la caída que vimos tiene que ver con el ajuste del WACC. De las transportistas de gas todavía no tenemos un número, pero es esperable que estén en línea con las otras empresas. El argumento de los entes reguladores es la baja del riesgo país y en algunos casos es menor a los WACCs de 2017, que también fueron años con mejor riesgo país que lo que tenemos ahora. La diferencia entre estos años es que usan estructuras de capital con más deuda para el cálculo (usando más comparables latinoamericanos) y así logran un WACC más chico", explicó a este medio Matías Cattaruzzi, de Adcap.

"Igualmente, todavía esto por más que sea un número menor como no sabemos de cuánto será la RAB (base de activos regulados), es difícil estimar ingresos para inversores acordes. Podría llegar a pasar que se les otorgue una RAB mayor y terminen con una rentabilidad superior a 2017, pero por ahora, parece que el caso base debería ser con ingresos iguales o levemente menores a 2017", agregó.

Por su parte, el analista financiero Francisco Uriburu opinó que "el mercado está plano y no anticipa una mayor reducción de ganancias".

Todo el debate se da en medio del proceso de venta de Metrogas, que acaba de anunciar la asunción de Andrés Scarone como nuevo presidente en reemplazo de Tomás Córdoba. Se trata de una de las operaciones más relevantes del sector de los últimos años que sin lugar a dudas se verá afectada por lo que se decida en esta Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT).

Otro de los puntos a definir será el mecanismo de actualización mensual más allá de este primer ajuste inicial, donde se espera una fórmula polinómica que tenga en cuenta la inflación minorista (IPC), la mayorista (IPIM) y los índices de construcción y salarios.

"Sugerimos que cumplan con la condición de mantener el valor de la tarifa en términos constantes, o sea, que sea un fiel reflejo de los costos de prestación del servicio", manifestaron desde una de las firmas involucradas.

La visión general de las compañías es que, más allá de la letra chica que resta definir, el proceso de revisión quinquenal es muy saludable para el sistema. Permite salir de la situación de emergencia estructural que se mantiene desde la pandemia y traza un escenario de mayor previsibilidad. "Te da la certidumbre para poder tener un plan de inversión más consolidado".