Las tarifas de luz y gas no tienen incrementos desde hace dos años. En diciembre último, fecha inicial de vencimiento para el congelamiento, el Gobierno decidió extenderlo hasta el 15 de marzo y ahora sí parece que, al menos gradualmente, habrá un ajuste que impactará en el bolsillo de los consumidores. Sin embargo, en el Gobierno prefieren no hablar de ajuste ni comprometer la recuperación de la economía a la salida de la pandemia, y el incremento será moderado. Serán las “tarifas de transición”, que durarán al menos dos años hasta poder concretar una Revisión Tarifaria Integral (RTI) a fines de 2022 o inicios de 2023.
Hay pocas certezas sobre qué pasará con el cuadro tarifario en lo inmediato. Desde el Gobierno trascendió que los aumentos serían de no más del 9%. Esta decisión se tomó a pesar de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, tenía la intención de equiparar las subas con la inflación proyectada en el presupuesto 2021 para evitar una escalada de subsidios.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que “se necesita que se recupere el salario real para que se reactive el consumo interno” y subrayó que “para que eso pase no puede haber tarifazos” en los servicios públicos, por lo que planteó que el futuro cuadro tarifario “debe estar ligado a la capacidad de pago de cada uno de los argentinos”.
El alza del 9% que tienen en mente los entes reguladores del gas y de la electricidad, Enargas y ENRE, respectivamente, sería destinado a oxigenar a las empresas encargadas de la distribución, como Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Edenor y Edesur, que vienen pidiendo incrementos ya que, tras dos años de congelamiento, aseguran que los ingresos no alcanzan para cubrir los costos. Los primeros días de marzo Edesur presentó su balance anual, con pérdidas por US$ 6.065 millones en 2020. La compañía indicó que el rojo se debe “al congelamiento tarifario vigente y a varias medidas impuestas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras relacionadas durante la pandemia”.
Las audiencias públicas, un requisito obligatorio previo a la suba de tarifas, ya tienen fecha y se realizarán durante el mes de marzo. Con esto, en el sector creen que hay poco margen para que entren en vigencia en abril, y crece la incógnita sobre si habrá un nuevo congelamiento.
Una nueva ley
En el discurso de apertura de las sesiones del Congreso, el presidente Alberto Fernández confirmó que enviará al recinto un nuevo proyecto de ley sobre tarifas. En la Secretaría de Energía ya están trabajando en un borrador, y estiman que también podría haber proyectos presentados por legisladores. Los puntos que contempla el Gobierno para el proyecto son la segmentación de las tarifas con criterios socioeconómicos (esto significa que el precio final a pagar esté en línea con los ingresos de los usuarios) y no atar los aumentos a la porción de los costos de los servicios que están dolarizados.
En cuanto a la segmentación, en el Gobierno admiten que tiene cierta complejidad y requiere tomar previamente ciertas medidas. La idea es tomar la mayor cantidad de datos que el Estado tiene disponibles a través del Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), Anses, AFIP y el Banco Central, pero con las dificultades de no violar el secreto fiscal y bancario. Es algo que, de concretarse, llevará tiempo.
Con respecto al segundo punto, el sistema tarifario es más complejo que la ecuación de desdolarizar para abaratar tarifas. En el sector sostienen que, de los distintos costos que se trasladan a las facturas, solo está dolarizado el precio del gas que se paga a las productoras locales, el gas que se importa de Bolivia o el que llega a través de los barcos regasificadores. Mientras tanto, otros costos como transporte y distribución ya están pesificados.
El titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), Osvaldo Bassano, aseguró que “desdolarizar será en beneficio de los usuarios”, y recordó que la asociación fue crítica con las leyes de gas y de energía y de su esquema de un peso, un dólar. “Nunca pudo cambiarse ese esquema, lo que hace que el grupo de empresas que presta el servicio de gas y de luz cobren tarifas a valor dólar”, señaló.
Impacto fiscal
El Estado nacional tiene a su cargo el 60% del costo total del gas natural necesario para satisfacer la demanda prioritaria. El objetivo para 2021 era que los subsidios energéticos se mantengan constantes en 1,7% del PBI. “La continuidad de esta situación implica un costo fiscal de $ 132.963 millones y una necesidad de partidas adicionales de $ 56.087 millones no previstas en el presupuesto 2021”, explica la Secretaría de Energía al presentar el Informe Técnico de la Audiencia Pública, para analizar el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Tras la publicación del informe técnico, el secretario de Energía, Darío Martínez, expresó que “esta audiencia pública es una buena oportunidad para clarificar este tema intercambiando ideas entre los usuarios, las empresas productoras, las transportistas, las pymes y el Gobierno”.
“Darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual, de qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y de cuál los usuarios, y qué significa eso en tanto costo fiscal y en materia presupuestaria”, agregó el funcionario.