El tipo de cambio informal del dólar (dólar Blue) en la Argentina alcanzó ayer una relación de 497 a 1, las cifras de inflación superaron el 100% interanual en marzo. Sin embargo, a pesar de estos números, el Fondo Monetario Internacional está negociando un nuevo acuerdo de pagos con el gobierno de Alberto Fernández, que al parecer incluye una exigencia de políticas criptográficas más restrictivas por parte del gobierno de Fernández.
Argentina ya tiene una deuda de 44.000 millones de dólares con el FMI, contraída por el ex presidente Mauricio Macri en 2018. El nuevo gobierno argentino lleva más de un año negociando con el FMI, intentando suavizar las condiciones y permitir que la maltrecha economía argentina se recupere.
Así, el FMI autorizó el pago de 5.400 millones de dólares más a Argentina y redujo el objetivo de reservas de divisas del acuerdo a principios de abril de 2023. A pesar de las pérdidas de al menos 20.000 millones de dólares sufridas ya este año debido a una sequía histórica, los últimos comentarios de los representantes del FMI sobre Argentina mantienen el optimismo sobre un nuevo acuerdo de pago. Incluso el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, tuiteó sobre esta posibilidad.
Sin embargo, uno de los elementos controvertidos de la lista de exigencias que el FMI impuso el año pasado estaba relacionado con la regulación de las criptomonedas en Argentina. Las criptomonedas podrían ser una pieza clave en el desarrollo de esta historia.
El FMI adopta una postura firme contra las criptomonedas
Las autoridades argentinas se mostraron abiertas a crear nuevas normativas, a instancias del FMI, en torno a la industria de las criptomonedas, que ganaron una enorme popularidad en la última década debido a la inflación galopante y a los controles de divisas.
De hecho, el ex ministro de Economía, Martín Guzmán, firmó una carta de intenciones en marzo de 2022, junto con el jefe del Banco Central de la República de Argentina, Miguel Pesce, acordando desalentar el uso de criptodivisas en un esfuerzo por sofocar "el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación".
Poco después, según el Cronista, el BCRA obligó al Banco Galicia, uno de los bancos más destacados y conocidos de Argentina, a dejar de ofrecer servicios de criptodivisas. La misma restricción del banco central contra la oferta de cripto servicios fue impuesta al Brubank, otro banco argentino. Durante el año pasado, el BCRA dejó clara la política impuesta por el FMI: ningún banco puede hacer negocios con criptodivisas en suelo argentino.
"La única medida concreta que tomó el BCRA para desalentar el uso de criptoactivos fue la Comunicación A 7506 (del 5/5/2022), en la que prohibió a las entidades financieras realizar o facilitar a sus clientes la realización de operaciones con activos digitales y con otros activos que reflejen el precio de los activos digitales", me dijo en una entrevista Ricardo Mihura Estrada, abogado experto en bitcoin y miembro de la junta directiva de la organización sin ánimo de lucro Bitcoin Argentina.
Esta decisión del BCRA no sorprendió a Rodolfo Andragnes, presidente de la organización sin ánimo de lucro Bitcoin Argentina. Andragnes afirmó que el BCRA ha adoptado este enfoque anti cripto desde 2014. "Como ves, no se trata de prohibiciones. Pero puede ser que te disuada (de usar cripto)", sostuvo.
La postura anti cripto del FMI es familiar para economistas y usuarios de bitcoin de todos los países latinoamericanos. Por ejemplo, el FMI emitió en febrero de 2023 un documento técnico sobre El Salvador, el primer país en dar curso legal al bitcoin, subrayando lo arriesgadas que son las políticas y actividades bitcoin de El Salvador. Mientras tanto, en Argentina, las advertencias del FMI y las políticas del banco central no parecen frenar la demanda de acceso a las criptomonedas entre los usuarios minoristas.
La escena criptográfica argentina sigue en auge
En el contexto de Argentina, donde el precio del dólar estadounidense se ha duplicado desde que comenzaron las negociaciones con el FMI el año pasado, las criptodivisas stablecoins como USDT y DAI siguen ganando popularidad a través de las bolsas informales de divisas y criptomonedas llamadas Cuevas, oficinas repartidas por todo el país.
Además, las criptobolsas internacionales como Binance se están expandiendo para capitalizar la demanda del mercado argentino. "Este año es un año electoral, por lo que es poco probable que se tomen medidas", me dijo Manuel Beaudroit, director general de la startup criptográfica argentina Belo, durante una entrevista. Añadió que la relación de su empresa con los reguladores siempre ha sido "cordial y constructiva".
Mientras tanto, el Congreso argentino está a punto de aprobar una nueva ley antiblanqueo con referencias explícitas a las bolsas y a los operadores de compraventa. La ley está en consonancia con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional intergubernamental, y será aplicada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
Esta ley creará un nuevo registro y directrices para las bolsas y operadores de criptomonedas, clasificando a la mayoría de las empresas que ofrecen servicios relacionados con las criptomonedas como "proveedores de servicios de activos virtuales". Dichos VASP serán responsables de informar sobre los comportamientos y actividades de sus usuarios, lo que podría plantear problemas de privacidad y viabilidad para cualquiera que trabaje en la creciente criptoeconomía argentina.
No está claro cómo influye la demanda local de criptomonedas en la agenda del gobierno argentino, o si el FMI y los organismos internacionales son la principal fuerza que impulsa las políticas nacionales. Tras no cumplir los requisitos del FMI para refinanciar su deuda, acomodarse a la postura anti cripto del FMI es quizá una de las formas más inmediatas que tiene Argentina de mostrar buena voluntad a los prestamistas extranjeros en la proverbial mesa de negociaciones.
