Está claro que la tesis del Gobierno no es incentivar el nivel de actividad económica vía consumo, sino mediante la inversión y las exportaciones. Es incluso la única manera de seguir sosteniendo este atraso cambiario que ayude a reducir la inflación y mejorar los deteriorados salarios. Para eso, su gran y casi única apuesta se sustenta en el RIGI, el régimen de promoción que acaba de ser aprobado en el Senado como parte de la Ley Bases.

La ilusión es que sea el equivalente al proceso de privatizaciones de los 90', el cual permitió un enorme flujo de dólares que trajo estabilidad macro y crecimiento económico durante algunos años. Hasta que se acabaron esos dólares y se hizo insostenible la convertibilidad.

“Los argentinos alternamos dos modelos cortoplacistas. Uno se droga con inflación y el otro se droga con inversiones. Solo vamos a salir de esta alternancia si las inversiones son mayoritariamente para ganar nuevos mercados de exportación donde la Argentina sea competitiva a nivel mundial”, manifiestan desde un prestigioso estudio jurídico que se especializa en este tipo de regulaciones.

A diferencia de los años 90 donde el atractivo argentino para la inversión era mayoritariamente la venta de servicios públicos a manos del Estado, ahora hay oportunidades concretas para exportar productos muy demandados a nivel global como energía y minería. De manera tal que esas inversiones produzcan una fuente genuina de generación de divisas que haga sostenible el modelo en el largo plazo.

El problema es que el país carga con una mochila de muy mala reputación entre los inversores externos, que ven a la Argentina como una plaza muy riesgosa por incumplir históricamente los acuerdos pactados. Para sortear esa dificultad, todo el arco político local coincidía en la necesidad de una ley que otorgue mayores incentivos fiscales y la posibilidad de disponer libremente de divisas. 

Ese era el sentido de la ley de promoción de GNL de Massa, que ahora tomó Milei y la extendió a muchas otras actividades con una serie de beneficios bastante más generosos en términos impositivos y de giro de utilidades al exterior. “Se dieron más concesiones de las que se estaban pidiendo, me parecen excesivas. Si el día de mañana tenés una crisis de reservas, no vas a tener margen alguno para que el ingreso de divisas sea mayor”, dice un economista especializado en recursos naturales que prefirió mantener el off the record.

“Ahí la referencia son otros regímenes en contextos similares como el de Pinochet en Chile o el de Perú después de la hiperinflación de Alan García, que otorgaban garantías de estabilidad por 10 o 15 años. Acá estamos dando 30 años y una ventana de ingreso de sólo dos años. Es decir, tiene una mirada muy cortoplacista para que coincida el ingreso de divisas con este mandato presidencial a costa de resignar mucho en términos fiscales a mediano y largo plazo”, coincide Carlos Freytes, director del área de Recursos Naturales de Fundar. 

En cambio, para la directora de operaciones de la consultora Abeceb, Natacha Izquierdo, es un error cuestionar la disponibilidad de divisas que otorga el RIGI y compararlo con otros regímenes.

“A veces comparamos que los incentivos en Chile y Perú son menores a los que propone el RIGI, pero son países con una minería super madura, están en otra instancia. Y en otros sectores como la petroquímica, Estados Unidos y Canadá tienen incentivos mucho mayores al RIGI en proyectos de transición energética. Yo creo que el RIGI es necesario porque si no siempre vamos a seguir hablando del potencial de Argentina y nunca vamos a concretar la oportunidad”, opina. 

Parte de las críticas que sufría en esquema de incentivos fueron remediadas por los cambios en el Congreso, que impuso una mayor obligación de liquidar divisas y mejoras para la integración de proveedores locales.

“Anteriormente el proyecto consideraba inaplicable cualquier norma o restricción que 'obligue a adquirir insumos de proveedores nacionales en condiciones menos favorables que las condiciones de mercado'. En la versión aprobada ayer en el Senado se realiza un giro copernicano al establecer, entre los compromisos asumidos, que quien desee incorporar su proyecto al RIGI deberá adquirir de proveedores locales, tanto en la etapa de construcción, como en la de operación 'como mínimo el 20% de la totalidad del monto de inversión'”, explica Gonzalo Brest, socio de Tax & Legal de KPMG.

Al mismo tiempo, en la nueva redacción se permite que los proveedores también puedan gozar de las exenciones de tributos a la importación de aquellas mercaderías que usen para suministrar tales bienes y servicios, se establece la obligatoriedad de un plan de desarrollo de proveedores locales y se fija un sendero más gradual de giro de utilidades. 

“Si el proyecto se ponía en marcha, por ejemplo, a partir del cuarto año, inmediatamente podría disponer del 100% de las divisas generadas por las exportaciones. Con la nueva redacción, en particular para aquellos proyectos declarados como 'Exportación Estratégica de Largo Plazo', dicho beneficio se alcanzaría recién al séptimo año, es decir, una vez transcurridos tres años desde su puesta en marcha”, subrayan desde KPMG.  

Sin embargo, para el equipo de Fundar, estos cambios “siguen sin configurar un régimen que implique una visión estratégica de cómo se articulan esos sectores con el resto de la estructura productiva nacional”.

¿Se viene un boom de inversiones?

Luego de la sanción del proyecto en el Senado, el presidente Javier Milei se entusiasmó y compartió un tuit que anticipaba inversiones por 80.000 millones de dólares gracias al RIGI, una cifra que la mayoría de los expertos considera exagerada.

“No me imagino un boom de inversiones. Podrán venir algunas, yo sé que hay sectores en minería y en energía que tienen intenciones de invertir. Ahora, un boom es otra cosa. Vendrán gradualmente y dependerán de muchas otras reformas, no solo del RIGI. Hay que salir del cepo, lograr estabilidad macro, el contexto político y social. Por ejemplo, el día de la aprobación del Senado, estaba cenando en París y empezaron a pasar por televisión los incidentes en el Congreso. Al inversor extranjero no le gusta eso por más ley que le des. No están acostumbrados a lidiar con esas protestas y dificultades de gobernabilidad”, grafica Marcelo Elizondo, consultor especialista en negocios internacionales. 

Del mismo modo, la directora de Abeceb sostiene que el RIGI “es condición necesaria, pero no suficiente”. “Son sectores de alto riesgo y de recuperación de largo plazo, donde las condiciones de estabilidad jurídica y tributaria son claves. Están sujetos a una alta volatilidad de precios internacionales porque son commodities y tienen una alta inversión en Capex”. 

Un ángulo interesante pasa por la visión de los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, quienes elaboraron un reporte conjunto donde cuestionan este tipo de regímenes porque se pierden recursos fiscales para promover inversiones que se harían de todos modos.

“¿Tal vez la Argentina por ser distinta lo necesite? No creo. Justamente nuestra historia de inestabilidad hace que ninguna promesa, por más ley que la ampare, sea muy creíble ni mueva mucho el amperímetro a la gran inversión. Eso lo va a lograr la sostenibilidad macroeconómica”, analiza el Doctor en Economía por la Universidad de Harvard, Juan Carlos Hallak.