Durante la última edición del Council of the Americas en el Hotel Alvear el pasado 24 de agosto, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich aseguró que iba a eliminar los derechos de exportación desde el primer día. 

“La retención, conceptualmente, la tienen tres países del mundo y es el peor impuesto. Vamos a terminar con las retenciones el primer día”, sorprendió Bullrich ante los más de 1000 empresarios que la escuchaban. Paradójicamente, allí no estaban los representantes de la agroindustria, la principal aportantes de recursos al fisco vía derechos de exportación. 

Ya había dado señales de que su equipo está trabajando en un propuesta superadora para desarmar este régimen de emergencia, instaurado en 2002, que ya suma 21 años ininterrumpidos gravando una parte importante de las exportaciones argentinas.

Insistió con el mismo argumento este martes 5 de septiembre durante un raid de campaña en Río Cuarto, Córdoba, afirmando que “vamos a eliminar los derechos de exportación (DEX) a las economías regionales y a la lechería desde el primer día y, lo antes posible y por ley, al resto de los productos, dando previsibilidad y reglas claras”.

Durante el Council of the Americas la candidata argumentó ante las dudas sobre su implementación que su equipo “ya está trabajando en un sistema de bono o crédito para que esa tasa de sustitución, que la vamos a hacer lo más rápido posible en cuatro años, para que a la gente se le devuelva ese dinero y transaccionar en un mercado de bonos, porque esa retención va a ser su plata”.

Ciertamente, faltan datos sobre cómo se hará la devolución, aunque sí hay que reconocer la voluntad de eliminar este impuesto distorsivo, que “encarece” las exportaciones argentinas, aunque “abarata” los productos transables y con precio internacional que inciden en la mesa de los argentinos, como el trigo que impacta en el pan y los farináceos, y el maíz, utilizado como insumo en la alimentación de ganado vacuno y porcino y la producción aviar.

Costo y plazos

En rigor, los referentes económicos y del sector agropecuario que rodean a Patricia Bullrich no hablan de eliminación inmediata, sino de bajar las retenciones a las economías regionales -que generan menor recaudación- y en todo caso, ir hacia una disminución gradual de las alícuotas en el resto de los productos. El problema siempre es el costo fiscal de la medida.

Según los datos de la AFIP en agosto se recaudaron por derechos de exportación $107.970 millones, el 2,65% del total de la recaudación. Pero hay un fuerte impacto de la sequía. Al producir y exportar menos, también se pagan menos retenciones. Sólo para tener una medida, en 2022 las retenciones totalizaron $218.766 millones, el 8,85% de la recaudación total.

En parte, esto explica por qué los gobiernos evitan desarmar este régimen de emergencia, que se transformó en un nuevo impuesto a la hora de exportar.

Para el tributarista Sebastián Domínguez “no es posible eliminar las retenciones de un día al otro porque tenemos déficit fiscal”, pero sí es una opción ir eliminándolas de a poco. Y lo explica así: “como las retenciones hoy son deducibles de otro impuestos, si se bajan el contribuyente va a tener que pagar más por Impuesto a las Ganancias”.

Aclaró además que los derechos de exportación “afectan la producción y bajan la productividad de las empresas”, además de afectar la competitividad al momento de exportar y capturar mercados.

"Las retenciones son un pésimo impuesto que pone techo a nuestra producción, limitando el crecimiento del sector", le dijo a Forbes Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.

El dirigente ruralista mantiene la esperanza de que “el gobierno que le toque asumir las elimine definitivamente, porque no hay gradualidad que pueda hacerle bien al campo. Hay que eliminarlas para que el sector pueda producir más y beneficiar a todos los argentinos".

Por su parte, Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) apuntó: “Necesitamos la eliminación inmediata” de las retenciones, pero la lógica actual indica que eso es difícil por lo que “cualquier reducción viene bien”.

La brecha maldita

No obstante, Chemes aclaró que “hoy el principal problema es el diferencial del tipo de cambio, más que las retenciones”. En este punto el dirigente agropecuario consideró que es necesario “cambiar la visión” del sector. “Si se lo sigue viendo sólo como una fuente de recaudación fiscal, estamos listos”, dijo Chemes.

Pino destacó que la distorsión de este impuesto es tal que “en estos años de sequía, hay productores que han pagado ese impuesto, habiendo perdido plata de la inversión que realizaron”. Y remató: “Es inviable pensar que tenemos que pagar impuestos cuando no hay rentabilidad".

Durante la Exposición Rural a fines de julio el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la baja de retenciones a cero para las economías regionales a partir del 1 de septiembre, pero al día de hoy desde las entidades del campo aseguran que faltan precisiones, porque hay productos que aún están alcanzados por el gravamen.

El mapa de retenciones de la Argentina se asienta en los tres principales cultivos extensivos del país y su cadena de valor, pero no exclusivamente allí. Así, el complejo sojero, que incluye al poroto y derivados (harina, aceite) paga el 33% del valor FOB, mientras que el trigo y el maíz tributan el 12% y el girasol el 7%.

En el caso de la carne vacuna paga el 9% y la leche entre 3% y 9%, y algunas producciones regionales entre 4 y 5%. Pero no sólo de agro vive el fisco. También la industria automotriz y el autopartismo pagan el 4,5%, y la exportación de crudo en torno al 5%.