Las estadísticas de pobreza en la región muestran, como pocos indicadores, el nivel de fracaso económico argentino en las últimas dos décadas. Mientras que el porcentaje de argentinos bajo la línea de pobreza pasó del 26,9% en 2006 al 41,7% en 2023, en Uruguay se redujo a menos de la mitad y en Chile bajó un 77%.

En el caso del país oriental, la tasa de pobres fue del 25,2% al 10,4% en el mismo rango de fechas. Por su parte, vecino cordillerano mostró un éxito mucho mayor al lograr una reducción del 28,7% al 6,5%.

Está claro que las diferencias metodológicas hacen que se mida de manera distinta la pobreza en cada país y, por lo tanto, los porcentajes no sea equiparables. Lo que sí puede compararse es el sendero literalmente opuesto de la Argentina en relación a sus vecinos del Cono Sur.

“Lo importante es la tenencia. En la Argentina subió la tendencia y en esos países bajó claramente. Estas economías crecieron a lo largo de este periodo y tuvieron estabilidad de precios a diferencia de nuestro país donde el PBI se mantuvo estancado y la inflación deterioró el ingreso de la población”, expresó a Forbes, el economista y director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Jorge Colina.

Un dato llamativo de la Argentina es que mantiene la misma incidencia de la pobreza que tenía en la pandemia y una tasa de indigencia incluso más alta (11,9% vs 10,5%).

Para el especialista, además de estos dos datos duros macroeconómicos como el nivel de actividad y la inflación, hay otras tres variables que son fundamentales para tener una exitosa política para reducir la pobreza.

En primer lugar, el diseño de una normativa laboral moderna que permita tener un mercado de trabajo dinámico que brinde oportunidades a los sectores no registrados. “Las regulaciones laborales son tan vetustas que impiden que la gente menos calificada pueda ingresar a un buen empleo y sólo dan lugar a las personas ya insertadas en el mercado que tienen mayores beneficios”, dice Colina.

El segundo factor que destacan desde IDESA es la calidad educativa y el tercero es la política de asistencia social, dos rubros que tuvieron una importante dotación de recursos y aún así mostraron bajos resultados. 

“Argentina pasó de gastar el 0,7% del PBI en asistencias sociales en 2019 al 3% en 2023 y la pobreza siguió subiendo. Lo que sucedió es que el Estado perdió el control de la política asistencial y lo delegó en las organizaciones piqueteras. Entonces, esos recursos no llegaron enteramente a la gente que los necesitaba”, sostiene Colina. 

En su opinión, cada provincia y municipio debería hacer un relevamiento de las personas de mayor vulnerabilidad para que los fondos nacionales se canalicen de manera más efectiva en lo que denomina “una política focalizada”.

Una situación similar sucede con el esquema de subsidios tarifarios que, según Colina “tuvieron el mismo defecto de la política asistencial”. “Primero reparte indiscriminadamente a todos y luego les corta indiscriminadamente a todos. La correcta política es aquella que estipula el valor al costo del servicio y a la gente pobre le envía un subsidio para ayudarla”, asegura.

Hacia el futuro, en IDESA son optimistas en que “el aval de la población a las ideas disruptivas de Milei” sean una oportunidad. “Hace falta capacidad política y técnica de gestión en el Estado para instrumentarlas. Chile y Uruguay fueron gobernados alternadamente por coaliciones de izquierda y de derecha y se sostuvieron políticas públicas mucho más consistentes y racionales”, remarcan para dejar en claro que los fundamentos de fondo no son ideológicos sino de profesionalismo y eficiencia en la gestión pública.