Este miércoles, el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo reveló que, en septiembre, el sector público volvió a registrar superávit financiero, en este caso de $466.631 millones, por un superávit primario de $816.447 millones y un pago de intereses de deuda pública neto de $349.816 millones.

De esta manera, en los primeros nueve meses del año, se acumuló un superávit financiero de alrededor del 0,4% del producto bruto interno (PBI) y un superávit primario de aproximadamente el 1,7%.

De esta forma, al sanear la macroeconomía, tal como se lo propuso el presidente Javier Milei al asumir su rol, tanto la economía real como los mercados financieros saldrán beneficiados, lo que terminará mejorando, a mediano plazo, la calidad de vida de todos los argentinos.

"El superávit fiscal es ante todo una decisión política. Y para la administración actual es el ancla alrededor del cual se estructura el programa económico. Es lo que permite no seguir aumentando el endeudamiento, no requerir emisión monetaria del BCRA y bajar impuestos, incluyendo el inflacionario y el impuesto PAIS", comentó Eugenio Marí, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

Por la importancia de los distintos superávits, los activos argentinos que cotizan tanto en el mercado local como en Wall Street estuvieron atravesando una sólida tendencia alcista en los últimos meses.

"La performance de los bonos mejoró ampliamente, teniendo subas de hasta 11% en moneda dura en lo que va de octubre, mientras que en el año escalan hasta casi 80%. Esto se fundamenta en la conducta macroprudencial del Gobierno que mes a mes afianza buscando alcanzar el objetivo de equilibrio financiero", relató Adrián Moreno, economista y asesor financiero en Sailing Inversiones.

Afortunadamente, de cara al futuro, se espera que el equilibrio fiscal se sostenga por varios motivos. "Por un lado, como los ingresos tributarios siguen un comportamiento procíclico, ahora que la economía está dando señales de recuperación, esperamos que la recaudación por impuestos vinculados a la actividad, como IVA o seguridad social, también suba", indicó Marí.

"Por otro, la aprobación de la Ley Bases permite que el Gobierno pueda avanzar en una profunda reestructuración del Estado, que incluya a los organismos descentralizados, desconcentrados, entes y empresas del sector público. Esto da margen para reducir los gastos ineficientes del Estado", agregó.

Además, del lado comercial, se estima que las exportaciones seguirán creciendo, especialmente de la mano de la maduración de proyectos de inversión energéticos. De hecho, este año, la balanza energética será superavitaria por primera vez desde 2010. En tanto, se pronostica que otros proyectos de minería se desarrollen por el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

En este contexto, la deuda soberana continuaría revalorizándose, lo que reduciría los rendimientos y, por ende, bajaría el riesgo país. "La no emisión y una inflación mayorista que convergió al 2% del crawling peg en septiembre, tras el impacto favorable de la baja del impuesto PAIS, son drivers de crecimiento para los títulos soberanos muy sensibles a la confianza que se tenga en la administración libertaria, lo cual se ve reflejado en un riesgo país que se acerca a los 1.000 puntos básicos, el menor nivel del año. De este modo, los bonos podrían acelerar su trayecto alcista hasta alcanzar los US$ 70, con escaladas de al menos 20% en divisa estadounidense", mencionó Moreno.