La crisis que se desató en el sistema de salud a partir de la fuerte suba de las cuotas de la medicina prepaga desde diciembre, que alcanzó casi el 160% en apenas cuatro meses, es un claro ejemplo de frazada corta. Pero es mucho más que eso. De hecho, tiene implicancias económicas en todos los actores de la cadena de valor, con amenaza de quiebra de muchos prestadores.

El incremento de las cuotas que aplicaron las prepagas desde diciembre impactó de lleno en millones de afiliados que, al no poder hacer frente a los aumentos, en un contexto de mejoras salariales que corren detrás de la inflación, bajaron de plan o directamente resignaron la cobertura.

El Gobierno, que inicialmente avaló la libre fijación de precios, sin los controles y autorizaciones que había hasta diciembre, admitió que a las empresas “se les fue la mano”, y decidió intervenir. En contra de sus convicciones, dictó una resolución por la que los aumentos deben fijarse tomando como techo la inflación del mes anterior y retrotrayendo la base de cálculo al valor de diciembre. Lo que se cobró por encima de eso, deberá devolverse, aunque aún no se sabe bien cuánto será -se habla de 33%- ni mucho menos cuándo.

En este contexto hay un actor clave, casi siempre sin voz, que está en el medio de la discusión. Son los prestadores (sanatorios, clínicas, hospitales de comunidad, mutuales), que son donde realmente se atienden los pacientes. 

Desde siempre estuvieron pulseando con las prepagas por los aranceles que les pagan por las prestaciones. Las prepagas son los financiadores del sistema, junto con las obras sociales, incluyendo a la principal obra social del país, que es el PAMI.

Los prestadores, en general, están lejos de defender la posición de las prepagas, que durante años se limitaron a otorgar ajustes de aranceles sólo cuando les aprobaban algún aumento en las cuotas. Pero esta vez es distinto. “Las prepagas son los únicos que trajeron algo de plata al sistema”, asegura una fuente del sector de los prestadores.

Números sobre la mesa

En un contexto de fuerte impacto de la inflación en los costos, equipamiento con precios en dólares, paritarias con aumentos acordados del 30% en febrero y 12% en marzo, y medicamentos e insumos médicos que también multiplicaron sus valores, el sistema cruje, y ya hay muchas clínicas y sanatorios pequeños que corren riesgo de quebrar.

“En 2023 la inflación fue del 211%, las prepagas aumentaron sus cuotas el 137%, y a los prestadores nos aumentaron un 123%, es decir que el año pasado estuvimos casi 100 puntos abajo de la inflación”, explica la fuente, que pide reserva de su nombre.

Consultado sobre cómo ven en el sector la medida de obligar a las empresas de medicina privada a devolver lo cobrado en estos meses por encima de la inflación, la fuente dijo sin vueltas: “Sería una catástrofe devolver ese dinero”.

Durante el gobierno anterior y después de la crisis del sistema de salud de mediados de 2022, la Superintendencia de Servicios de Salud fijó una fórmula de actualización de las cuotas de las prepagas tomando el Índice de Costos de Salud (ICS), una fórmula polinómica a partir de la variación de los salarios en el sector, el precio de los medicamentos, los insumos no médicos y algunos servicios públicos como la electricidad.

Con este dato, las prepagas se daban vuelta y le reconocían a los prestadores entre 90% y 92% del aumento. Así se llegó al cambio de Gobierno, con el sistema al límite, pero caminando.

Con la desregulación de la actividad que habilitó el DNU 70/2023, las prepagas aumentaron las cuotas 40% para enero 2024, respecto de la última facturación. La gente empezó a cuestionarse si podía seguir pagando. Siguieron incrementos del 27,5% promedio en febrero, 23% en marzo y 17,5% en abril.

“Si en enero se hubiera aplicado el ICS tal cual venía, las prepagas hubieran podido facturar entre 6 y 7% más que en diciembre, y nosotros cobrar el 90% de eso”, explican en el sector de las clínicas y sanatorios.

Riesgo de caída

Los prestadores están nucleados en dos cámaras “hermanas”, que son Adecra (sanatorios y clínicas con internación) y Cedim (instituciones de diagnóstico médico), que en conjunto representan a unas 430 instituciones.

Cuando se habla de prepagas suele pensarse en una decena de empresas grandes integradas (financiación y prestación) pero hay miles de prestadores en el país. “Con esta situación hoy hay unos 1700 prestadores en riesgo de quebrar”, alertan desde el sector.

Hay una cuestión más que complica el panorama. Desde 2002 en el país rigió la emergencia sanitaria, renovándose cada año. La última emergencia venció en diciembre, pero esta vez no se prorrogó, de manera que la posibilidad de embargos por parte de la AFIP pende sobre la cabeza de muchas empresas prestadoras con deudas impositivas.

“Tenemos un waiver con la AFIP hasta julio, pero después no sabemos qué puede pasar”, dice la fuente. Si hay embargos, habrá quiebras de empresas, y millones de argentinos no podrán atenderse. Se estima que en la actualidad dos de cada tres argentinos, unos 30 millones de personas, se atienden en un sanatorio, clínica, mutual, hospital de comunidad, obra social o el PAMI.

“Esto es un bote que hace agua por todos lados”, dice lapidario el interlocutor. Y este combo puede tener un golpe de gracia en los próximos dos o tres meses, cuando lleguen las facturas con fuertes aumentos en luz, gas y agua. Un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires pagó el último mes una factura de $28 millones de electricidad, pero para abril le llegó $45 millones. Y deberá afrontarlo sin incremento real en los aranceles que cobra por sus servicios.

Además, los reajustes de aranceles los prestadores los terminan cobrando hasta eses después. Tras el aumento del 40% de las cuotas de prepagas para enero, éstas decidieron mantener el esquema vigente entonces y reconocer el 90% del aumento a los prestadores (36%) pero muchas empresas recién lo están cobrando ahora.

Además, desde febrero la negociación de los aranceles ya no es más en forma colectiva -por decisión de las prepagas- sino del prestador con cada prepaga, reduciendo mucho el poder de negociación de los prestadores.