A un año de que se desatara la pandemia de coronavirus y de que los diferentes gobiernos tomaran medidas para tratar de contener la crisis sanitaria y su consecuente crisis económica, las micro, medianas y pequeñas empresas en la Argentina atraviesan un momento delicado.
Hoy están en debate distintas propuestas acerca de la normativa sobre despidos e indemnizaciones, frente al régimen indemnizatorio. Adicionalmente, sigue en vigencia la disposición excepcional (de emergencia) que prohíbe despidos y establece doble indemnización. Por si fuera poco, el debate manifiesta una genuina inquietud por la situación de desempleo, despidos y rotación del personal.
El 72% de las mipymes se ve afectada negativamente por la normativa que establece la prohibición de despidos y la doble indemnización, mientras que un 38% de esas empresas se ve afectada por la dificultad de reestructurar el propio personal y, en similar proporción, un 34% por la dificultad de contratación de nuevo personal.
Así se desprenden del informe El impacto de la prohibición de despidos y doble indemnización sobre las MiPyME, elaborado por La Fundación Observatorio Pyme (FOP), que investigó la evaluación que hacen las empresas de las regulaciones del mercado laboral en materia de despidos a través de un relevamiento a 1025 firmas de hasta 800 ocupados.
La mayoría de las empresas que se ven dificultadas para la reestructuración (67%) tienen a parte o a todo su personal inactivo, esto debido al cumplimiento de los protocolos y restricciones impuestas por la pandemia.
La demanda de un proceso de reestructuración por parte de estas empresas se debe a que la inactividad del personal genera mayores costos de producción que no todas ellas pueden compensar con aumentos de productividad de la mano de obra, sin implementar importantes cambios en su esquema tecno-organizativo.
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Si bien la dificultad de reestructuración tiene mayor difusión en el segmento empresarial medianas-grandes (54%), la proporción es también significativa entre las medianas (46%) y las pequeñas (42%).
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Los datos relevados por FOP muestran además una relación entre capacidad ociosa y necesidad de reestructuración del personal. Entre las empresas totalmente operativas, las dificultades para reestructurar y para contratar personal están difundidas prácticamente por igual (36% y 35%, respectivamente). En cambio, la dificultad para la reestructuración del propio personal es más citada por aquellas firmas que están en una situación de parcial operatividad (44%), es decir por debajo de su capacidad de producción.
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Desde el punto de vista sectorial, se observa que las mipyme del sector manufacturero (43%) presentan mayores complicaciones en relación con la dificultad de reestructurar personal propio, mientras que el impacto negativo sobre la posibilidad de contratar nuevo personal está más difundido entre las mipyme del sector del agro y los recursos naturales (41%).
Con cierta lógica, las relativamente menos afectadas por la normativa son las microempresas, compuestas básicamente por empresas unipersonales y monotributistas, es decir empleadores sin prácticamente personal inactivo. Aun así, el 60% de ellas se vio afectada negativamente por la normativa, ya sea con dificultad para reestructurar (28%) o para contratar personal (32%).
"Una política pública bien diseñada para enfrentar los problemas emergentes es bienvenida, pero es necesario definir con urgencia los instrumentos necesarios para dar sostenibilidad de largo plazo a la incipiente reactivación productiva en curso", sostienen desde FOP, entidad que reconoce que la prohibición de despidos y la doble indemnización fueron un intento de sostener el empleo.
Sin embargo, de acuerdo con la encuesta de FOP, estas regulaciones constituyeron un incentivo negativo para las empresas. "No hay todavía una respuesta definitiva para este tema. No existe aún evidencia empírica rigurosa sobre su impacto en el desempleo, ni aún en aquellos países de mayor", agregan.
No obstante, la entidad destaca que ni en la Argentina, ni en Italia y España, la existencia de esta disposición parece haber impedido el crecimiento de la desocupación en 2020.
"Esto a pesar de la masiva y positiva ayuda implementada oportunamente tanto por el Gobierno argentino a través del ATP y los créditos subsidiados, como por el Gobierno Italiano a través de la 'Cassa Integrazione' especial para el pago de los salarios caídos, como así también medidas similares en España. El contrafáctico no está todavía demostrado: ¿La desocupación hubiera aumentado aún más en 2020 si la normativa sobre la prohibición de despidos y doble indemnización no hubiera existido? ¿O la inexistencia de la norma hubiera incentivado la ocupación en aquellas empresas de sectores, tamaños y regiones más dinámicas?", plantea.
Para dirimir esta cuestión, sostienen desde FOP, hace falta más investigación, pero "lo que sí sabemos con seguridad es que la mejor protección para el trabajador es la generación de empleo. Permitir la reestructuración del personal para favorecer la necesaria reconfiguración de la economía argentina pospandemia, acompañada esta por una política activa para el trabajo a través de la formación profesional, la disminución de la carga tributaria para las empresas más pequeñas y una incisiva política pública de financiamiento para capital de trabajo y equipamiento, parecen constituir la única alternativa posible".
