Precios relativos, inercia y financiamiento monetario
Marina Dal Poggetto Economista y directora ejecutiva de Eco Go Consultores
Macri había heredado una enorme distorsión. Con salarios que durante el kirchnerismo le habían ganado año a año a una inflación, que a fines de 2015 se ubicaba en la zona del veintipico anual con el dólar y las tarifas atrasados y funcionando como anclas. Nuestro cálculo entonces era que, si se quería llevar las tarifas a los niveles de los 90, eso implicaba, en lo inmediato, una caída de la capacidad de compra de los salarios del 20%. Es decir, todo lo demás estable y fundamentalmente sin tener en cuenta la devaluación a la salida del cepo.
Parados a hoy, y como contracara de lo que quedó de la agenda para recomponer tarifas del gobierno de Macri, del ajuste violento de la macro en 2018 y 2019, y del desplome adicional que generó la pandemia, los precios relativos ajustaron y el déficit de la cuenta corriente se transformó en superávit.
Los salarios acumulan una caída en la capacidad de compra mayor al 20% desde entonces con el dólar oficial alto (salarios en dólares bajos), y un atraso tarifario acotado pero que empieza a crecer si se mantiene el congelamiento. Pero además, como contracara de la pandemia, la puja distributiva se mantuvo “contenida” con paritarias que hasta el reclamo de la policía bonaerense no superaban el 30%, con muchos sectores sin paritarias y con las jubilaciones ajustando en promedio por debajo de la inflación.
Recordemos que, en el arranque de esta gestión, la Ley de Solidaridad Social y Reconversión Productiva desindexó transitoriamente las jubilaciones, situación que permitió sostener la licuación del gasto que generó la aceleración inflacionaria de los últimos dos años y que explicó casi un 40% del ajuste fiscal entre 2017 y 2019. En julio, el gasto en jubilaciones subió un 35% i.a., 7 p.p. por debajo de la inflación en ese mes. Es decir, los patitos se pusieron en fila. No se “necesita” que ningún precio suba mucho más que otro, y este es un buen punto de partida para pensar en un esquema de estabilización.
Tres cosas juegan en contra. Una es una brecha cambiaria del 70% que presiona sobre las reservas del BCRA. En agosto el Banco Central vendió US$ 1.250 millones y, en lo que va de septiembre, casi US$ 700 millones adicionales, agregando presión sobre el dólar oficial, que se mueve con un crawling peg al 2,7% mensual. Esto en un contexto donde reservas no sobran. Neteadas del Swap con China, Encajes, Basilea y las operaciones de Repo con Bancos y Sedesa, los US$ 42.700 millones se reducen a US$ 6.300 millones.
Dos, la emisión monetaria que financia el agujero fiscal que el actual gobierno intentó suturar en el arranque con la ley de solidaridad y la pandemia frustró. Y fundamentalmente la señal de que el año que viene el agujero se mantendría en el 4,5% del PIB.
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Es cierto que en agosto y lo que va de septiembre se redujo significativamente el cheque del BCRA al Fisco, en parte por mayores colocaciones de deuda del Tesoro, en parte porque el aumento del gasto se achicó y la recaudación empieza a normalizarse. Pero también es cierto que se monta sobre una inyección de pesos de casi $ 1,6 billones en lo que va del año, que duplicó el nivel de pasivos del BCRA (la base monetaria más los pasivos remunerados pasaron de $2,5 billones en las elecciones de octubre a casi $ 5 billones). Y tres, la inconsistencia en el manejo de la política, que por un lado agita la grieta, no ayuda a descomprimir la tasa de dólares después del canje, pero fundamentalmente no da ninguna señal respecto de la dinámica hacia adelante de estos precios. Más aún, intenta contener la aceleración de la inflación en el corto plazo pisando cualquier precio.
En energía, con el cambio de autoridades, se frenó el plan gas, y sin inversiones el país va a tener que volver a importar gas en febrero de 2021. Metrogas avisa que no les puede pagar el gas a las petroleras y el Gobierno veta los dos artículos del presupuesto que les compensaban a las distribuidoras eléctricas la deuda con CAMMESA.
Se avanzó en un decreto que regula las tarifas de las telecomunicaciones para frenar sus precios. Se trabó la Ley del Conocimiento en el Senado, mientras se aprobó en tiempo récord la Ley del Teletrabajo. La Ley de Alquileres alarga los contratos y pone un tope a la indexación, limitando la recuperación de la construcción frente a un desplome en los costos en dólares.
La salida de Latam y la incertidumbre respecto de la supervivencia de las low cost después del cierre de vuelos en los últimos seis meses rompe la conectividad que se había logrado durante la gestión anterior. Y, aun sin vuelos, las tarifas de vuelos locales empiezan a escalar.
Los desmanejos de corto plazo complican y no poco. Después del canje de deuda e iniciadas las conversaciones con el FMI, todavía hay una oportunidad para estabilizar, pero empieza a erosionarse rápidamente.
