Mientras cada vez se habla más de política y elecciones, la reciente decisión del gobierno de liberar el tipo de cambio ha desencadenado una serie de desafíos para los planes económicos que encara el gobierno argentino.
Por eso, apenas superado el primer día hábil -el lunes 14 de abril- luego del anuncio de la "salida del cepo cambiario", el presidente Javier Milei, en su fervor por una economía más libre, sin eufemismos lanzó una advertencia contundente a empresas y empresarios que anticiparon la salida del cepo con aumentos en las listas de precios de sus productos: "se van a meter los productos en el orto".
Esta frase, que resonó en las redes sociales y en algunos medios, refleja la determinación del presidente de no permitir aumentos de precios injustificados en un contexto donde una parte importante de la población vive en situación de pobreza.
El que enseguida se sumó al "plan de batalla" fue el ministro Luis Caputo. Su reacción discursiva fue rápida y contundente. En menos de 24 horas, pasó de criticar a empresas alimentarias que planeaban aumentos de precios de entre 9% y 12%, a celebrar que una de las compañías alimenticias más importantes del país, Molinos, había retrocedido en su decisión. "Buena reacción. Y, sobre todo, gran gestión de los supermercados, cuidando a sus clientes", expresó Caputo en sus redes sociales.
Supermercados y proveedores: una relación tensa
A pesar de las advertencias del gobierno, varias empresas alimentarias habían informado a las cadenas de supermercados sobre aumentos en sus precios. Entre ellas, Unilever y Bunge, que anunciaron incrementos en productos esenciales como aceites y harinas.
Sin embargo, las cadenas de supermercados se negaron a aceptar estas listas, argumentando que los ajustes eran "especulativos" y que "no hay motivos para aumentos masivos e indiscriminados".
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) dejó claro su compromiso de defender a los consumidores, afirmando que "no aceptaremos listas de precios con incrementos injustificados". Esta postura ha sido respaldada por otras organizaciones del sector, que enfatizan la necesidad de mantener precios accesibles en un contexto de consumo en caída.
El contexto de inflación y caída del consumo
De acuerdo a algunos economistas, el panorama es alarmante: el índice de precios al consumidor (IPC) mostró un incremento del 3,7% en marzo, con los alimentos subiendo un 5,9%, el registro más alto en los últimos siete meses.
La caída del consumo minorista, que acumuló una retracción del 8,6% en el primer trimestre, refleja la difícil situación que enfrentan los hogares argentinos. Según datos de Scentia, este descenso se ha mantenido durante 15 meses consecutivos, un fenómeno que recuerda los peores momentos de la economía nacional.
Luis Caputo, aludiendo a las tensiones actuales, ha subrayado que "no hay motivo, ni cambiario ni tributario, que justifique el aumento en las listas de precios que algunos pretenden imponer a los consumidores". Esta afirmación busca tranquilizar a la población y reafirmar el compromiso del gobierno con la estabilidad económica.
En la misma línea de pensamiento, hace poco más de una semana, el CEO de YPF, Horacio Marín, reconoció que "si el precio del crudo sigue bajando, vamos a hacer números y, si corresponde, bajaremos los precios", señaló desde Nueva York, tras presentar el plan estratégico quinquenal de la petrolera en la Bolsa de Valores de Wall Street.
La resistencia de los supermercados
La resistencia de los supermercados a aceptar aumentos de precios ha sido un acto de desafío ante las presiones de los proveedores. Juan Vasco Martínez, director de ASU, señaló que "no estamos en condiciones de aceptar estos aumentos, principalmente porque el mercado no puede absorberlos".
Este desacuerdo pone de manifiesto la complejidad del ecosistema económico argentino, donde los márgenes de ganancia son estrechos y la capacidad de compra de los consumidores se ha visto severamente afectada.
Los mayoristas también se unieron al rechazo de listas con aumentos injustificados, argumentando que la liberación del cepo no debe ser usada como excusa para aplicar incrementos en los precios. "Estamos convencidos de que es posible alcanzar un equilibrio que permita el desarrollo del consumo masivo y proteger el bolsillo de los ciudadanos", afirmó Jean Poccard, presidente de la Cámara de Supermercados Mayoristas.
El próximo gran desafío
A medida que avanza la semana, el dólar ha mostrado señales de estabilización, bajando desde los 1.230 pesos hasta los 1.160. Este alivio podría ofrecer un respiro temporal al gobierno de Milei. Sin embargo, la batalla por los precios promete ser el nuevo campo de lucha elegido por el Gobierno, donde la colaboración entre productores, supermercados y funcionarios será esencial para evitar el descontrol de los precios tan temido según analistas y economistas.
En este contexto, es crucial que todos los actores involucrados asuman la responsabilidad de sus decisiones. La economía argentina, desgastada por años de crisis, necesita un enfoque colaborativo para garantizar que los precios se mantengan en niveles accesibles y que la inflación no se dispare aún más.
La advertencia de Milei y la firmeza de Caputo marcan una nueva etapa en la política económica nacional, donde la defensa del consumidor se convierte en una prioridad ineludible y el próximo gran desafío para funcionarios, políticos y analistas.
