El aumento de los subsidios a la energía le imprime mayor velocidad al desequilibrio fiscal actual. El mecanismo de segmentación de tarifas no resolverá el problema. Para aplicar políticas públicas, se necesita un Estado ordenado y profesionalizado. Es la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia lo que mantienen estos niveles de precios en oleaginosas, cereales y energía. 

Considerando que nuestro país supo ser exportador neto de estos tres complejos 20 años atrás, es la política de atraso tarifario la que nos convirtió en un importador neto de energía. El resultado es que no se está aprovechando el altamente favorable contexto internacional. Los precios récord en los productos agropecuarios quedan contrarrestados por la insuficiente actualización de las tarifas de electricidad y gas que desestabilizan las cuentas públicas.

En los años 90 no había subsidios a la energía. Entre el 2002 y el 2004, salida de la convertibilidad mediante, se congelaron las tarifas de luz y gas (bajo el argumento de la emergencia económica). A partir del 2005, se pasó a la política de mantener el congelamiento tarifario y subsidiar, con fondos públicos, el consumo de energía. Los subsidios, para compensar el atraso en las tarifas, se otorgaron en las últimas dos décadas. En efecto, según datos de la ASAP, los subsidios a la energía alcanzaron su pico máximo en 2014 representando 3,7% del PBI. 

Con posterioridad, se avanzó en el sinceramiento de tarifas y reducción de los subsidios, pero se revirtió esta política nuevamente. En el 2019, representaban el 1,1% del PBI. Ya para el 2021, los subsidios eran 2,5% del PBI. Y, en función de lo que fue el primer cuatrimestre de este año, se proyecta que el 2022 cerrará en un 4% del PBI en concepto de subsidios.

Lo que demuestran estos datos es que los subsidios a la energía se cuadriplicaron en términos del PBI. El nivel supera el máximo valor del 2014, año de fuerte inestabilidad macroeconómica, incluyendo devaluación y aceleración de la inflación, aún con cepo cambiario. 

El Decreto 332/22, que establece la denominada segmentación de tarifas, es una llegada tarde al cruce. Se estipula que pagarán tarifa plena de luz y gas los hogares cuyos ingresos superen los $333.000 mensuales. O posean 3 o más autos o inmuebles, o tengan aviones o barcos, o acciones en empresas, que demuestren capacidad de pago. 

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El esquema es inequitativo, ya que las propiedades tienen, para el Estado, valores muy alejados de la realidad, reflejando condiciones socioeconómicas erróneas. Pero, además, el decreto crea el Registro de Acceso de Subsidios a la Energía (RASE) donde se tienen que inscribir quienes aspiren a no pagar la tarifa plena. 

Sería mucho más pertinente utilizar las declaraciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para identificar a las familias del estrato socioeconómico más alto.

De esta mala instrumentación, se derivarán inequidades, conflictos, burocracia y una insuficiente reducción de hogares subsidiados. Considerando la declaración de ingresos en la EPH del INDEC (y si bien el acceso a la información es muy limitada), se puede estimar que aproximadamente a solo el 5% de los hogares se les quitará el subsidio. 

Por ende, mantener el 95% restante subsidiado es una relevante inconsistencia dada la gravedad en materia fiscal. A esto hay que agregar los subsidios al transporte y el total de subsidios económicos terminará 2022 por encima del 5% del PBI. En pocas palabras, para instrumentar buenas políticas públicas, es imprescindible un Estado financiera y gerencialmente sólido. Por eso el ordenamiento del mismo es fundamental para salir de este círculo vicioso.