Aunque todavía no hay muchas precisiones respecto, el Banco Central y el Ministerio de Seguridad se encuentran trabajando en conjunto para la conformación de una unidad especial para perseguir infracciones cambiarías.
Días atrás, Miguel Pesce (BCRA) y la ministra Frederic firmaron un convenio para optimizar el abordaje de las infracciones al Régimen Penal Cambiario, así como medidas de seguridad bancaria, transporte de caudales y prevención.
El convenio tendrá una extensión de un año y comprende la creación de una Unidad de Coordinación integrada por funcionarios del Ministerio y del BCRA, que habilitará la provisión de personal de las fuerzas federales para intervenir en las fiscalizaciones del cumplimiento de la normativa cambiaria que llevan los agentes del BCRA.
“Éste es el resultado del trabajo que hemos desarrollado con las autoridades bancarias, con el objeto de definir estrategias para incrementar los niveles de seguridad en los bancos y afrontar el conjunto de delitos referidos en esta normativa”, aseguró Frederic en un comunicado.
Por su parte, Pesce sostuvo que el convenio permitirá "un contacto fluido con las distintas fuerzas de seguridad y trabajar rápidamente en la desclasificación de información y en la identificación de personas que, cuando realizan una operación cambiaria ilegal, pueden cometer, además, otros tipos de delitos con divisas”.
El Banco Central elaborará y remitirá periódicamente la información vinculada con actividades de operaciones cambiarias presuntamente sin autorización, además de requerir, en caso que sea necesario, los pedidos de tramitación preferente y urgente de las pericias en las que se solicite la colaboración de Seguridad, informó el Ministerio en un comunicado.
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Según establece el convenio, los miembros de las fuerzas también realizarán las medidas probatorias, incluyendo la comparecencia de testigos e imputados, y las medidas de investigación que le solicite el BCRA.
De todos modos, especialistas que dialogaron con La Nación afirmaron que este Régimen Penal Cambiario no les otorgará demasiada libertad para arrestar, allanar o actuar in situ con medidas coercitivas, como haría cualquier efectivo en caso de presenciar una falta o un delito.
Marcelo Tavarone y Francisco Molina Portela, del estudio Tavarone, Rovelli Salim & Miani; señalaron a La Nación que para que sucedan todas las medidas coercitivas relacionadas con alguna infracción cambiaria, como allanamientos, la entidad monetaria debería pedirle autorización a un juez, y éstos "suelen tener un criterio mucho más restrictivo que el Banco Central para hacer estas cosas".
En ese sentido, agregaron que una persona que compre dólares en el mercado paralelo no puede ir preso porque para eso "tiene que haber una condena firme y una reincidencia sobre esa condena". Como mucho, añadieron, "podrían demorarlos".
