Los ministros de Finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, llegaron a un acuerdo para establecer un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones. El paso fue calificado como histórico durante las sesiones del G7 que se realizaron el primer fin de semana de junio en Londres, donde consideraron que se estaban fijando las bases de una nueva fiscalidad internacional.
La iniciativa persigue que las empresas paguen en los países en los que venden sus productos y servicios y no en donde declaren sus beneficios. Así, buscan disuadir a las multinacionales de trasladar sus ganancias a países de baja tributación, independientemente del lugar donde se realicen sus ventas.
Del lado de las empresas, se espera que los más afectados sean gigantes tecnológicos como Amazon, Google o Facebook, que hasta el momento tienen la posibilidad de tributar en un país con condiciones fiscales ventajosas el negocio que, sin embargo, generan en otros países. Apple, por ejemplo, vende sus productos por toda la Unión Europea, pero tributa gran parte de su facturación en Irlanda. El tipo nominal del Impuesto de Sociedades en este país se sitúa en el 12,5%.
Irlanda no es, sin embargo, el único país del mundo con tasas menores al 15% propuesto. Hungría, por ejemplo, tiene actualmente una tasa del 9% y Bulgaria del 10%. Si, además, prosperara la idea inicial de Joe Biden de que se utilizara el 21% como referencia, otros países europeos como Holanda, Lituania y Letonia, todos ellos hoy en día con tasas del 15%, pasarían a estar entre los perjudicados.
Establecer un impuesto mínimo mundial a las ganancias de las corporaciones es - además de algo que no va a funcionar - un ataque directo a la soberanía de cientos de estados y jurisdicciones, y la aceptación implícita de que el sistema de alta tributación no funciona y que, por ende, hay que imponerlo por la fuerza, advierte el abogado argentino Martín Litwak, fundador y CEO de @UntitledLegal, una firma de abogados boutique de servicios legales especializada en planificación patrimonial internacional y el establecimiento de fondos de inversión.
Docente, conferencista y autor de los libros Cómo protegen sus activos los más ricos (y por qué deberíamos imitarlos) y Paraísos fiscales e infiernos tributarios, Litwak tiene las oficinas centrales de su buffet en Miami, pero se desempeña, además, en la Argentina, Reino Unido y las Islas Vírgenes Británicas.
Litwak no ve un solo aspecto positivo en el acuerdo que se gestó en el seno del G7. Considera que la medida ataca la competencia fiscal, que siempre beneficia a los pagadores de impuestos y, como contrapartida, favorece la cartelización de lo que llama estados voraces.
La cartelización, en este caso, agrupa a los países del G7 que están siendo gestionados de manera ineficiente, están profundamente endeudados y, por ende, necesitan recaudar mucho dinero, contra los Estados que tienen un tamaño razonable y son administrados de manera eficiente, quienes serán forzados a recaudar más de lo que precisan, describe.
Según Litwak, quienes van a pagar este impuesto no van a ser las empresas sino los consumidores, ya que las compañías van a terminar trasladando ese mayor costo a sus precios. Los Estados pueden determinar quién debe ingresar el impuesto a sus agencias recaudadoras, pero no quien termina pagándolos, reflexiona. Otro argumento en contra del mínimo universal es que será un obstáculo para la capacidad de los países pobres para atraer inversiones, ya que se les privará de competir a nivel impositivo.
Litwak también le apunta a los que se ilusionan con que la imposición del minino acabará con los paraísos fiscales. La realidad es que, mientras haya en el mundo inseguridad jurídica y una voracidad fiscal sin precedentes, continúen los ataques contra la privacidad y los derechos de propiedad de las personas, habrá paraísos fiscales para rato. ¡Y la suerte que tenemos de que sigan existiendo!, advierte.
El G7 no tiene capacidad formal para establecer cambios en el régimen impositivo global, pero los analistas sostienen que un pacto en el seno de este grupo supondría un poderoso impulso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones formales que se están desarrollando al respecto en el G20 y en la OCDE. Litwak agrega, además, que el fuerte respaldo de la Casa Blanca ha sido sin dudas un punto de inflexión.
El especialista ve la mano del presidente de Estados Unidos en todo esto. El mismo Biden reconoce, sin que le caiga la cara de vergüenza, que, sin un mínimo global, el país no podría financiar su proyecto de infraestructura de 2 billones de dólares a través de un aumento de impuestos de 28%, como es la intención de su presidente y su equipo económico.
Los gobiernos, en tanto, podrán seguir fijando la tasa de impuestos local que deseen, pero si las empresas pagan intereses más bajos en un país concreto, sus gobiernos de origen podrían "completar" sus impuestos hasta el tipo mínimo, lo que elimina la ventaja de trasladar los beneficios. Los impuestos no son más que un componente de los precios de los bienes y servicios que adquirimos y consumimos a diario. Dado que sabemos desde hace 4.000 años que ni los precios mínimos, ni los precios máximos ni los precios sugeridos funcionan, forzoso es concluir que lo mismo pasa con relación a los impuestos, concluye Litwak.