El Gobierno tiene una semana para decidir si acepta el costo de aplicar un nuevo ajuste de tarifas a partir de mayo o si, por el temor al efecto inflacionario y el impacto social, prefiere recurrir a un aumento de subsidios.

El conflicto se origina en el fuerte incremento que tendrá el costo de la energía a partir de mayo. En el caso de la electricidad, Cammesa ya informó a las autoridades que el costo de abastecimiento del MW/h pasará de los 57,2 dólares que rigieron para el período febrero-abril, a un promedio de 77,6 dólares en el trimestre que se inicia. Es decir, un alza del 35% en dólares.

La misma se explica por el incremento de la demanda residencial típica de cada invierno, lo que obliga a utilizar otro tipo de combustibles más costosos para abastecer a las centrales termoeléctricas como el GNL, el gasoil y el fueloil. Para tener referencia, mientras que el precio del gas nacional para la generación eléctrica está en torno a los 5 dólares el millón de BTU, el resto de los combustibles se ubica alrededor de los 12 dólares y llega a superar los 20 dólares en el gasoil.

Al mismo tiempo, el sistema se ve perjudicado por una menor capacidad de las centrales hidroeléctricas, afectadas por el caudal de los ríos. Este tipo de electricidad es uno de los más económicos. Con una participación en la matriz del 23,5%, representa solamente el 5% de los costos. Por lo tanto, al tener que sustituir este tipo de energía, es lógico que se encarezcan los valores de abastecimiento.

“Estamos trabajando en eso. Todavía no podemos adelantar nada”, indicó a Forbes una fuente importante del Poder Ejecutivo. A tan poco tiempo de la primera oleada de recomposición tarifaria y sabiendo que todos los meses habrá ajustes atados a la inflación, la preocupación oficial es cómo tomará la ciudadanía este nuevo golpe al bolsillo.

De elegir no trasladar este aumento, Cammesa anticipa que el porcentaje de subsidios sobre el precio de la electricidad de las categorías de medios y bajos ingresos (N3 y N2), deberá aumentar al 96% y 97% en cada caso. Prácticamente un subsidio total para dos segmentos que acaparan el 71% del consumo residencial y el 33% del consumo eléctrico de todo el sistema.

La disyuntiva en el gas

El gas natural por redes atraviesa un escenario incluso peor, con aumentos del costo que promedian el 55%. La diferencia acá es que ya se anunció que se trasladarán a los cuadros tarifarios desde el mes de mayo hasta septiembre, el momento del año donde se espiraliza el consumo a raíz de las bajas temperaturas.

También, como en el caso de la luz, el costo de la distribución se actualizará todos los meses por una fórmula polinómica que considera el índice de variación salarial, la inflación mayorista y el índice del costo de la construcción (en luz es IPC, IPIM y Salarios). Eso, lógicamente, sin contar con la actualización del tipo de cambio.

El dilema en este rubro pasa por qué sucederá con el precio del gas natural licuado (GNL), cuyos primeros cargamentos empiezan a llegar a la terminal de Escobar en esta semana. Hasta la llegada de Milei, Enarsa se hacía cargo de la diferencia del precio de importación respecto al valor de los cuadros tarifarios que se calculan con el costo del gas argentino.

Ahora, en cambio, la intención del Ejecutivo es dejar de pagar esta cuenta con fondos públicos. El problema es que todavía no autorizó ese traslado a los cuadros tarifarios y, en consecuencia, las subastas para colocar ese gas están resultando desiertas. Lo que significa que ninguna distribuidora quiere comprar GNL al no poder trasladar ese precio a tarifas.

Por el momento, el gas de Vaca Muerta alcanza para abastecer la demanda nacional. No obstante, cuando empiecen a llegar las primeras olas de frío en las próximas semanas, el fluido local no será suficiente y la Secretaría de Energía deberá definir qué parte deja descubierta con esta sábana corta.