A diferencia del boom del Oil & Gas, hay otro sector del mundo de la energía que acumula una serie de problemas muy preocupantes. Con más de 10 años sin obras en redes de alta tensión, el sistema eléctrico argentino está en un punto crítico y el Gobierno confía en poder empezar a resolverlo a partir de una serie de reformas desregulatorias que se piensan implementar en el 2025.
Tras un 2024 donde se demoraron muchos meses en tomar decisiones, la esperanza para poder sobrellevar el verano sin demasiado inconvenientes por cortes de luz está depositada en el clima. Por ahora, las temperaturas vienen acompañando y los pronósticos indican que seguiremos sin olas de calor intensas por el resto de diciembre.
Ya en enero, los cálculos más optimistas confían en que la salida de millones de turistas de las grandes ciudades ayude a acotar los picos de demanda en los lugares más complejos como el AMBA. Por lo tanto, la etapa más difícil podría verse en febrero y marzo, aunque la mayor cantidad de lluvias en Brasil de las últimas semanas mejora el panorama.
"A este ritmo, nos van a poder entregar unos 2.000 MW por día sin problemas e incluso podemos armar un swap con Paraguay para tomar más energía de Yacyretá y que Brasil se los compense", subrayan a Forbes fuentes de la industria.
Con una economía que se proyecta en franca recuperación, el escenario luce mucho más complejo a partir de una demanda eléctrica que podría incrementarse en torno al 8% para el verano 2026. En este caso, la carta que piensa jugar la Secretaría de Energía apunta a la instalación de una serie de baterías de almacenamiento.
"Estamos muy expectantes con el tema de las baterías. Solucionaría dos problemas: la distribución y la generación. Va a ser un acuerdo entre privados. La carga de la batería sirve para entregar 4 horas de máxima potencia y se cargan en 4 horas durante la madrugada cuando la demanda baja", explicaron a Forbes desde el sector.
No obstante, el problema de fondo solamente se solucionará con un crecimiento genuino de la oferta y acá aparecen dos patas de una estrategia que tiene como denominador la reducción de la injerencia estatal.
En primer lugar, aparece la consolidación de obras privadas para redes de alta y media tensión, comenzando con la famosa AMBA I que la administración de Alberto Fernández quería hacer con un crédito chino que nunca terminó prosperando. Ahora, en cambio, se está discutiendo la creación de un cargo fijo, pero la iniciativa todavía está en análisis.
En segundo término, se buscará profundizar el corrimiento de Cammesa para dar lugar a los contratos entre privados a la hora de construir centrales térmicas, donde se calcula que hay unos 3.000 MW para reemplazar a las máquinas viejas que están casi obsoletas.
El paso inicial para conseguir este objetivo fue empezar a sanear la deuda de las distribuidoras, a las que se les ofreció un plan de pagos a muy largo plazo con tasas bajas, para que puedan volver a convertirse en sujetos de crédito.
La gran duda es que mecanismos se podrán implementar para blindar al sector de cualquier escenario disruptivo a nivel político (como un congelamiento de tarifas) como a nivel financiero o económico (en una posible crisis como las tantas que tuvo el país). "Cada vez que congelan la tarifa, las distribuidoras me deja de pagar", cuenta a Forbes uno de los players del mundo generador.
"El problema es que solucionar esto después de lo que pasó en los últimos 20 años para volver a la situación que existía en los 90' lleva mucho tiempo. Y el sistema eléctrico no tiene ese tiempo, necesitamos empezar a construir cuanto antes las nuevas centrales", agregan.
Una de las últimas novedades que se preparan para el 2025 es el proceso de privatización de las centrales térmicas San Martín y Belgrano, de más de 800 MW de potencia cada una, donde el Estado todavía tiene el 60% de participación.