La Secretaría de Energía tiene un serio desafío de cara al 2025: cómo continuar con la política de reducción de subsidios en un año electoral que será clave para las aspiraciones políticas del gobierno.

Por lo pronto, los primeros ajustes de enero serán menores a los de fines del 2024 y no llegarán siquiera a acompañar el nivel de inflación de diciembre. La luz subirá un 1,6%, el gas un 1,85% y en combustibles se espera un incremento alrededor del 2%.

El problema es que, en los tres segmentos, este nivel de aumentos no permite seguir mejorando la cuenta fiscal energética. En tarifas, la idea es continuar con esta tendencia hasta abril o mayo cuando se empezaría a aplicar el nuevo esquema que está planificando la secretaria Tettamanti.

A grandes rasgos, se trataría de un sistema de tarifa social donde dejarían de existir las tres categorías de segmentación que ideó Sergio Massa (N1, N2 y N3). En cambio, el sistema se dividiría entre subsidiados y no subsidiados donde solamente los sectores de bajos ingresos (hoy N2 en su mayoría) gozarían de este beneficio. 

En los hechos, el golpe principal recaería en la clase media con un aumento cercano al 50% justo en el inicio de la campaña electoral, algo que deberá contar con el visto bueno de Santiago Caputo y el núcleo duro presidencial. 

Más allá de que se espera que el costo de abastecimiento gasífero y eléctrico baje en 2025 gracias a las obras en el sistema de gasoductos, esta mejora no es suficiente para cumplir con el plan de Luis Caputo de reducir los subsidios en torno a un tercio por año.

En 2024 se cumplió con la meta al pasar de unos 10.000 millones de dólares a 6.500 millones. Por lo tanto, a fin del año que comienza se debería cerrar en unos 3.500 millones de dólares, aunque dentro del Ejecutivo algunos reconocen que con 4.000 millones estarían satisfechos.

En combustibles ya no se trata de una misión para reducir los gastos sino para recomponer los ingresos. Durante el gobierno de Alberto Fernández no se cumplía con la ley que marcaba un ajuste trimestral del impuesto a los combustibles en línea con la inflación para tratar de contener los precios.

Ya en la era Milei, luego de una primera fuerte recomposición, el traslado impositivo fue de entre un 1,1% y un 1,2%, con lo que no alcanzaba a seguir recuperando el atraso. Es por eso que el Estado se perdió de recaudar más de 2.000 millones de dólares y todavía mantiene una pérdida mensual de 200 millones.

Acá las proyecciones son que no haya grandes cambios hasta las elecciones. De hecho, para el 1 de enero se decidió reducir en unos 3 pesos por litro el traslado que se venía ejecutando, lo que podría incrementar las pérdidas de ingresos.

La medida es muy criticada por los analistas del sector que cuestionan el sesgo pro rico al subsidiar de manera indirecta a una gran cantidad de consumidores de alto poder adquisitivo. Para tener una referencia, cerca del 25% de la venta de naftas corresponde a la premium, un porcentaje muy alto comparado con otros países de la región y el promedio histórico nacional.

Para el ex ministro Juan José Aranguren, esa marca debería estar entre el 10% y el 15% y refleja que para el sector con mayores ingresos de la población el precio de los combustibles sigue siendo accesible como para darse el lujo de consumir la nafta grado 3.