La fiscal salteña que investiga el funcionamiento de una financiera ilegal que operaba en el sur provincial y en la ciudad de Salta aseguró que la entidad movió desde sus inicios un capital de 2.219 millones de pesos y 3.265.280 dólares, y detalló que ya son 21 los implicados en la causa, de los cuales 15 están detenidos y 9 son policías.
“La financiera ilegal conocida con el nombre Ríos & Asociados comenzó a operar en junio de 2021, en Metán, y luego abrió una sede en la capital de Salta”, reveló la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio.
La funcionaria judicial ofreció , una vez levantada la reserva de las actuaciones a su cargo, una conferencia de prensa con el objetivo de brindar detalles de la organización delictiva destinada a cometer estafas, los roles y las vías legales para los damnificados.
“Desde el inicio movió, aproximadamente, un capital de 2.219 millones de pesos y 3.265.280 dólares”, expresó la fiscal.
Luego, precisó que en 26 allanamientos realizados en la investigación que encabeza fueron secuestrados 23.213.960 pesos; 60.388 dólares; 12 automóviles; 7 camionetas y 2 motocicletas, muchos de alta gama; cédulas verdes y parcelarias; celulares y bienes muebles recientemente adquiridos.
Además, como resultado de los procedimientos, fueron secuestrados 4.529 contratos -o carpetas, como eran denominadas-, mientras que se estableció que 1.739 personas habrían concurrido a la financiera como inversores. La fiscal penal destacó que el número de carpetas o inversores puede variar, ya que lo informado corresponde solo a lo recuperado durante los allanamientos.
En cuanto a las personas implicadas, Salinas Odorisio comunicó que son 21, de los cuales 15 se encuentran detenidos y 9 son miembros de la Policía de la Provincia -dos comisarios, dos oficiales principales, un cabo y cuatro suboficiales-, y un hombre y una mujer permanecen prófugos.
Entre los 15 privados de su libertad, la Fiscalía analiza otorgar cuatro pedidos de medidas sustitutivas de detención.
Por otra parte, Salinas Odorisio apuntó que la UDEC trabaja, en base a la documentación secuestrada, en la definición de los roles y en la determinación de los damnificados o víctimas.
Hasta el momento se pudo establecer que la organizadora de la actividad es una mujer detenida días atrás, quien contaba con antecedentes por estafas y era secundada por algunos de los civiles detenidos y, en un tercer escalón de la pirámide, actuaban algunos de los policías como captadores.
En este sentido, la fiscal explicó que el éxito de un esquema Ponzi radica en la captación de nuevos inversores, y en este caso, a través de distintas pruebas reunidas, es posible demostrar los plazos, montos y retornos prometidos por los miembros de la fuerza policial, así como la implicación de la comisaria de la División Cobranzas Adicionales.
De los policías implicados, cuatro no están detenidos, y de ellos tres cumplían el rol de seguridad de la financiera y un cuarto es quien habría advertido a la cabecilla sobre los allanamientos que se realizarían, permitiendo así que se diera a la fuga con una importante suma de dinero.
Salinas Odorisio advirtió que, ante los importantes retornos que prometía la financiera -que alcanzaban al 100 por ciento de la inversión-, y ante la sospecha de que existiría una inyección de dinero que podría provenir del narcotráfico o del lavado dinero, dio intervención a la Justicia Federal por la posible comisión del delito de evasión fiscal o lavado de activos.
Asimismo, la fiscal orientó a los damnificados sobre cómo actuar en la causa, y expresó que cuenta con "una causa penal sólida", por lo que no es necesario radicar denuncia para probar el delito de estafa, aunque pueden hacerlo e ingresar al proceso penal en carácter de víctimas. Si además quieren tener un control más exhaustivo de la investigación, pueden constituirse en querellantes y, de esa manera, actuar con la UDEC en el sostenimiento de la acusación.
Por otra parte, si alguno considera que la financiera le debe dinero, puede constituirse en actor civil dentro del Proceso Penal o iniciar las acciones civiles por el fuero correspondiente. La titular de la UDEC señaló que “no es obligación de la Fiscalía la restitución de todo lo debido, sino que el objetivo es volver las cosas al estado anterior al hecho delictivo”, y precisó que “si una persona entregó 100 mil pesos de buena fe, debe recibir 100 mil pesos; no el millón al que se había comprometido la financiera ilegal”.
En la conferencia de prensa, la titular de UDEC, estuvo acompañada por la directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), Gabriela Buabse.
El Procurador salteño Pedro García Castiella aseveró que lo revelado hasta el momento “es sólo la punta del iceberg” y que no se descarta que haya más imputados.
“Al comienzo teníamos la imagen de una financiera ilegal, réplica de lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la Fundación Zoe. Por ello, tomamos la decisión de allanar rápidamente para evitar que la proyección geométrica, característica del esquema Ponzi, alcanzara a más víctimas”, afirmó García Castiella.