La llegada de las primeras facturas de luz con los consumos del invierno y con plena vigencia de la segmentación tarifaria, provocaron una ola de quejas de usuarios en las redes sociales denunciando un aumento desproporcionado.

Sucede que, tras varios años de congelamiento y caída de tarifas en términos reales, entre agosto del 2022 y agosto del 2023, los usuarios englobados en la categoría N1 sufrieron un incremento del 473%, lo que, descontado la inflación, representa una suba real del 164% que posiciona al promedio del gasto mensual en electricidad en $11.253. 

Este universo acapara no sólo aquellos consumidores de alto poder adquisitivo, sino también a los que no se inscribieron en el registro lanzado por el Gobierno, lo que podría afectar a un segmento de la población más vulnerable que posiblemente jamás se haya enterado de la obligación del trámite. De ahí el motivo por el cual la cantidad de usuarios N1 se ubica en torno al 25% en electricidad y del 37% en gas, cuando las previsiones originales de la Secretaría de Energía apenas orillaban el 10%.

La categoría de ingresos medios, por su parte, vio un incremento en sus facturas del 189% de forma interanual y del 33% en términos reales cuando se descuenta la inflación. De este modo, el promedio de usuarios del nivel N3 pasó de pagar $2.000 por mes a $5.677, según reporta la consultora Economía & Energía.

Otro fenómeno que destacan como “muy probable” desde las distribuidoras, es el hecho de que muchos usuarios medios se hayan pasado del tope de consumo subsidiado de 400 kw/h al mes porque en muchos hogares se utiliza la electricidad para calefaccionarse y, en consecuencia, en invierno se consume más.

Cuando se supera este umbral, el precio por cada MW/h consumido se dispara de $3.756 a $22.571. Ese es el punto clave que explica por qué ante un leve incremento del consumo, las facturas muestran una diferencia tan grande.

Finalmente, el universo de menores ingresos fue el único que registró una caída en términos reales del 7%, pero nominalmente sus pagos aumentaron un 102%, sin llegar a igualar la inflación del último año.

No obstante, otra de las distribuidoras eléctricas que dialogó con este medio, indicó que “están circulando ejemplos que no responden a consumos medios, otros que comparan contra consumos del otoño donde tenés una baja estacional que no sirve de referencia o incluso hay casos en los que hacés zoom en la factura y te das cuenta que la mayoría del importe corresponde a una deuda atrasada”.

Lo preocupante de la situación es que, más allá de las quejas de la población por la dificultad de afrontar este servicio por los bajos salarios argentinos, las tarifas siguen siendo de las más baratas de la región y todavía falta un largo camino por recorrer para reducir los subsidios a un nivel sostenible por el Estado.

De los 4.753 millones de dólares que se pagaron en concepto de subsidios en el 2019, el 2022 acumuló unos 12.343 millones y este año se espera totalizar unos 9.000 millones, en parte, gracias a la fuerte baja de los precios internacionales del gas y combustibles líquidos que se usan para generar electricidad.

Para llegar a una cobertura del 50% del costo del sistema para las dos categorías de menos ingresos, lo que bajaría los subsidios a 2.600 millones de dólares anuales, se necesitaría implementar subas tarifarias del 39% anual en dólares en el caso del gas y del 23% anual en dólares para la electricidad, entre 2024 y 2026. 

En el acumulado de tres años, el ajuste totaliza un alza en dólares del 168% en gas y del 86% en electricidad para los usuarios de menores ingresos, de acuerdo a los cálculos de Economía & Energía, algo impensado de aplicar en términos políticos y sociales en la Argentina actual.