La famosa industria del juicio llegó a tal extremo que se convirtió en uno de los pocos temas que genera consensos de reformas entre la política y las empresas. En el marco del Coloquio Cides, funcionarios del Gobierno Nacional adelantaron los proyectos que tienen en carpeta para resolver este tema y desde el Congreso dieron su opinión al respecto.
El superintendente de Seguros, Guillermo Plate, adelantó que el proyecto que tiene, apunta “a la desregulación del sector” y la “eliminación de privilegios”. “Acabo de eliminar un seguro obligatorio que se le impone a una persona que iba a tomar un viaje de larga distancia sin que lo supiera. Así no es como se capitaliza el sistema”, ejemplificó.
Por su parte, Roberto Vázquez Ferreyra, socio del estudio jurídico homónimo, confirmó que el Banco Central y el Ministerio de Economía están elaborando una nueva tasa de referencia, aplicable exclusivamente para la actividad judicial, con lo que se buscará poner fin a los problemas de inseguridad jurídica derivados de los diferentes criterios de actualización de las indemnizaciones que establecen los tribunales y, en muchos casos, no se ajustan a criterios de razonabilidad.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en tanto, propuso aumentar las penas contra aquellos que realizan fraudes contra las compañías de seguros e ir por los beneficios patrimoniales que, eventualmente, consiguen los implicados a través de esas “estafas”.
Los números sectoriales son lapidarios y marcan una tasa de judicialidad entre 13 y 20 veces por encima de los valores de España y Chile. Esto deriva de unos 120.000 juicios laborales al año, cuando en la década del 90 eran de 40.000 de acuerdo a los datos del superintendente de Riesgos del Trabajo.
“La falta de uniformidad en los criterios jurisprudenciales para la determinación del daño, los mecanismos de actualización de los pasivos judiciales que afectan la solvencia y estabilidad financiera, los incentivos que fomentan la disposición a iniciar acciones legales muchas veces injustificables. Esquemas de honorarios periciales que generan conflictos de interés y distorsionan la realidad de los daños sufridos”, dijo el presidente de Centro de Investigación para el Desarrollo del Seguro (CIDES), Alejandro Simón.
La mirada de la industria contó con la aprobación de miembros del Congreso de la Nación de distintos partidos políticos. El diputado del PRO, Luciano Laspina, opinó que hay un “clima para dialogar cuestiones de fondo después de muchos años”. “Hoy hay un plafón grande para encarar reformas. Es una industria que termina cargando sobre el costo argentino, sobre el empleo formal y esto lo terminan pagando todos los argentinos”, agregó.
Desde el peronismo, la senadora Anabel Fernández Sagasti coincidió en la necesidad de “un cambio integral de la ley” y reconoció que “hay puntos en común” entre las diversas fuerzas políticas.
Ya en representación del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, invitó a las empresas del sector “a que presenten proyectos y que debatamos estas cuestiones”. Más allá de las propuestas de reformas, hizo énfasis en el plan económico que apunta a reducir la inflación. “Terminemos con la inflación y más de la mitad de los problemas que estuvimos hablando van a dejar de existir”, finalizó.