Las principales cámaras empresarias de la Argentina criticaron fuertemente y rechazaron la suma fija de $60.000 en dos cuotas que anunció este domingo el ministro de Economía, Sergio Massa. Las entidades reclamaron por la necesidad de respetar las negociaciones paritarias en un contexto de aceleración inflacionaria y dificultades para operar vinculadas a la fragilidad macroeconómica.

La primera en salir al cruce fue la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). “El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance. En ese sentido, sostenemos que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto”, apuntaron.

La entidad pyme hizo referencia a que los sectores de Comercio y Trabajadores rurales celebraron recientemente sus negociaciones salariales, por lo que el otorgamiento de la suma fija implicará un desfase en el marco de la aceleración inflacionaria.

“Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, advirtió CAME.

“La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”, concluyó el comunicado.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se manifestó “preocupada” por el impacto que tendrá la desición del Gobierno en los costos empresarios.

“La Entidad es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data. Pero a la vez debe advertir que buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”, sostuvo la CAC.

Cuando Massa adelantó la semana pasada que habría un aumento por decreto para trabajadores, con el objetivo de paliar los efectos de la devaluación, la Unión Industrial Argentina (UIA) se había mostrado en contra de aplicar esa herramienta. También defendieron la utilización de las paritarias como mecanismo de compensación.

“Una decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto generaría superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidos por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas, económicas y negociales diversas de acuerdo a cada actividad y/o rama”, había advertido la casa fabril.

Se calcula oficialmente que serán 5,5 millones de trabajadores formales de empresas privadas los que accederán a una "suma fija no remunerativa" de $60.000 que se pagará en dos cuotas mensuales en los meses de septiembre y octubre. Lo recibirán aquellos que hayan cobrado en agosto salarios netos de hasta $400.000 pesos y la suma será "absorbible por las paritarias".