Como anticipó Forbes en exclusiva, las propuestas de aumentos de tarifas para el servicio de gas por redes serán mucho más elevadas de lo que se esperaba. Luego de convocar a una audiencia pública para el 8 de enero, el Enargas recibió los pedidos formales de las distribuidoras y transportistas que solicitan subas de hasta un 700%.

El promedio del AMBA gira en torno al 400% como había adelantado este medio con Metrogas en un 375% y Naturgy en un 437%. Ya para el resto del país, Camuzzi Gas Pampeana manifestó una necesidad de actualización del 421%, Ecogas un 126%, Camuzzi Gas del Sur un 543%, Gasnor entre un 400% y un 704% y Redengas un 481%.

Por el lado de las transportistas, la propuesta de TGS fue del 567%, mientras que la de TGN llegó al 573%. A su vez, las firmas reclaman un mecanismo de actualización mensual en base al Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM), es decir, la inflación mayorista que mide el Indec.

Si bien las propuestas de las empresas no son vinculantes, marcan una referencia que es tomada en cuenta por las nuevas autoridades, quienes entienden que es necesaria una fuerte señal de precios para promover la inversión.

Más allá del número final que se autorice en este segmento, para conocer el impacto real sobre las facturas falta conocer el ajuste en el precio de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que sólo por el efecto devaluación va a tener un incremento significativo.

De acuerdo a la consultora Economía & Energía, el aumento final en tarifas en el AMBA promediará el 204% en la categoría N1 de altos ingresos, un 168% en los bajos ingresos (N2) y 336% en ingresos medios (N3).

No obstante, los supuestos metodológicos de este cálculo consideraban un ajuste del VAD (Valor Agregado de Distribución) de sólo un 116% y no de más del 400% como marcan las propuestas de las empresas.

Esta discrepancia se justifica porque el trabajo de la consultora solamente midió la evolución inflacionaria desde el último aumento, mientras que las distribuidoras y transportistas toman en cuenta los atrasos acumulados desde el congelamiento de Macri en 2019, que se agudizó durante toda la gestión de Alberto Fernández.