Contrarreloj, el gobierno de Alberto Fernández negocia con el FMI una solución consensuada a la imposibilidad de abordar en tiempo y forma los pagos de la deuda tomada por la gestión de Mauricio Macri por US$ 44.000 millones. Para algunos, error estratégico del Ministro de Economía, Martín Guzmán, que debería haber negociado con el organismo antes que con los privados, gestión que le llevó los primeros nueve desgastantes meses de 2020 tras coquetear con el default una vez más. Y error de forma, ya que en dos años nunca presentó un plan que mostrara la dirección de las políticas y que otorgue una previsibilidad a la economía nacional.
Los frentes abiertos de la Argentina en el extranjero no se reducen a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, sino también a la contraída con el Club de París que renegoció Axel Kicillof en sus años de Ministro de Economía en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Pero, principalmente, hay que sumarle los juicios internacionales por incumplimientos de pagos en años anteriores -un tema que no figura en los discursos de los funcionarios del Gobierno pero que, entre lo ya abonado y lo que resta pagar, suman más de un 60% del total de la deuda que por estos días se negocia con el FMI. “Hasta ahora Argentina ha abonado pagos por US$ 17.200 millones. Le restan otros US$ 10.400 millones”, señala Sebastián Maril, director de Latam Advisors.
Los planteos en las cortes internacionales tendrán particular presencia en la agenda de 2022 y los temas se reciclan pese a los cambios de figuras en los EE.UU.. La jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, sucesora del temible Thomas Griessa, heredó las demandas de inversores sobre la Argentina.
Como si no alcanzara con los casos de la nacionalización de YPF o de Aerolíneas Argentinas, hace poco volvió el fantasma de los cupones atados al PBI. El tema tarde o temprano iba a aflorar, consecuencia de la picardía criolla. La Justicia de los EE.UU. solicitó al Indec que explique el cálculo para definir el crecimiento de la economía argentina durante el segundo mandato de Cristina.
La Argentina es reconocida internacionalmente por no cumplir los contratos firmados con partes internacionales. Cuando se expropia una empresa es un contrato roto, cuando se defaultea un bono es un contrato roto”, explica Maril. Según el especialista en deuda, los US$ 17.200 millones en multas y sentencias que le han caído en contra a la Argentina por no respetar los contratos incluye los “US$ 5.000 millones a Repsol por la expropiación de YPF que fue en bonos y esos bonos que seguimos pagando mensualmente con intereses”.
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Hacia adelante, la Argentina tiene abiertos juicios en el exterior por US$ 10.400 millones, que incluye la segunda parte de la expropiación de YPF, los famosos bonos con cupón PBI y otros casos como Aerolíneas Argentinas y Aguas. El motor ya se puso en marcha: a comienzos de diciembre, Preska ordenó a la Argentina y a los fondos demandantes preparar un cronograma de presentaciones de informes a favor y en contra de obligar al país a presentar activos para ser embargados, incluyendo el nivel de reservas.
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Por esos días, el fondo Bainbridge Fund emuló el pedido que hizo en noviembre Attestor Master Value y solicitó a la jueza neoyorkina que obligara a la Argentina a informar el nivel de reservas del Banco Central. Estos dos fondos lideraron un pedido de Discovery de activos argentinos para cobrar fallos publicados por la jueza Preska en 2020. Tanto Bainbridge Fund como Attestor Master Value son acreedores de la deuda en default de 2001 que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 ni de 2010.
El peso de las elecciones y la ausencia de plan
“Durante 10 meses, los fondos no dieron señales de vida hasta que la semana siguiente de las elecciones de octubre dijeron presente”, explica Maril. Primero fue Attestor quien pidió al Departamento de Justicia de los EE.UU. embargar Zero Coupon Bond del Tesoro que Argentina tiene en la Reserva Federal de Nueva York. Según el Ministerio de Economía, Argentina posee cerca de US$ 30 millones de estos bonos que fueron utilizados como colateral de los famosos Bradys.
“Inmediatamente después de Attestor, Bainbridge, sin pedir un embargo, solicitó a Preska que ordene al país a repatriar activos a los EE.UU. para que puedan ser embargados como pago de los US$ 95 millones que se le deben”, agregó Maril, quien recuerda que esta situación se vivió en 2014 cuando “sin reservas y sin voluntad de pagar los fallos del juez Griesa, los acreedores pidieron cautelares y embargar todo pago de intereses y amortización de capital de deuda soberana internacional”.
La Argentina tiene fallos adversos a la espera de pago de sentencias por US$ 663 millones.
Por esto, Maril advierte que el año próximo podría repetirse el default de 2014. El experto detalla que la Argentina tiene fallos adversos a la espera de pago de sentencias por US$ 663 millones: el caso Attestor y Trinity por US$ 227 millones; caso Bainbridge por US$ 95 millones, caso Aerolíneas por US$ 320 millones y caso Impreglio por US$ 21 millones. Además de estos fallos, están los juicios abiertos por US$ 10.400 millones que corresponden a la expropiación de YPF, Cupón PBI, Ciadi y la Corte Comercial de Naciones Unidas. “Estos juicios empiezan a cerrarse en 2022”, alerta Maril quien sostiene que si no existe voluntad de pagar, sumado a la ausencia de recursos, puede originar una nueva ronda de medidas cautelares.
La actividad comenzará en la segunda quincena de enero, cuando la Argentina deberá presentarse a la primera audiencia por la expropiación de YPF. Días después, Preska volverá a convocar a la Argentina y al fondo inglés Buford Capital a una audiencia presencial el 27 de enero. La petrolera ya informó a la CNV que el juicio por la expropiación del 51% de las acciones que se lleva adelante en Nueva York puede tener un costo para el país de US$ 3.500 millones a US$ 5.200 millones.
El caso cupón PBI
Diciembre comenzó con el pie izquierdo para la Argentina luego de que un tribunal federal de Nueva York dispusiera que deberá explicar la metodología que utilizó el Indec para medir la actividad económica durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. En este caso el demandante es un viejo conocido de la Argentina: el fondo buitre Aurelius Capital Management, que esta vez demanda US$ 159 millones por el cupón PBI.
En la reestructuración del 2005, la Argentina entregó bonos cupón PBI. Cuando Argentina percibió que en 2013 iba a tener un crecimiento de la economía que disparaba el pago del cupón, cambió la metodología para medir la actividad. “Argentina tiene todo su derecho de cambiar la forma de medir el PBI pero la coincidencia para un país que no cumple con sus obligaciones, que no tenía reservas en el BCRA en ese momento y que estaba manipulando el Indec llevó a los acreedores a iniciar un juicio. Por eso la jueza pidió que demuestren el cambio de metodología para ver si se manipuló el cálculo para no pagar o fue de manera legítima”, explica Maril.
La suerte de la Argentina está echada. Los tenedores de bonos alertan que el BCRA destinó este año US$ 3.300 millones de reservas en intervenir los dólares financieros para apuntalar el tipo de cambio. Un tercio de lo que Argentina tiene aún para pagar en juzgados externos.
