La Unidad de Información Financiera (UIF) celebró la aprobación del proyecto de reforma del sistema normativo nacional enviado por el Poder Ejecutivo, y destacó que responde "a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones, y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".
En respuesta, ONG Bitcoin Argentina se opuso contundentemente, afirmando que la norma “excede las pretensiones del GAFI” y “destruye y criminaliza fuentes de trabajo lícitas y legítimas”.
En qué consiste la reforma
Específicamente, la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones. Ahora, deberá ser analizada por el Senado para su sanción definitiva.
Entre las modificaciones al Código Penal, se destacan el aumento del monto de la condición objetiva de punibilidad prevista en el inciso 1 y la implementación de una unidad de medida (Salario Mínimo Vital y Móvil), se añade a los combatientes terroristas extranjeros y se incluye todo tipo de activos, incluidos los activos virtuales, al tipo penal de financiación del terrorismo.
Además, se incorporan al tipo penal de terrorismo tipos penales previstos en convenciones internacionales y se suma un nuevo tipo penal de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La reforma de la Ley N° 25.246 agrega un artículo que adjunta definiciones relevantes para el sistema PLA/CFT y otorga a la UIF la autarquía funcional, administrativa, económica y financiera. También se refuerza el mecanismo de audiencia pública previa a la designación de las autoridades de la UIF y se suma a las competencias de la UIF el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La iniciativa propone la creación de un registro público centralizado de beneficiarios finales, cuya autoridad de aplicación será la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y se establece un capítulo referido al Registro de Proveedores de Servicio de Activos Virtuales, a los fines de establecer que la Comisión Nacional de Valores (CNV) será el organismo encargado del registro, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
A su vez, se implementa un nuevo Capítulo para el control del Congreso del sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, a través de la Comisión Bicameral de Fiscalización y Organismos de Actividades de Inteligencia.
La respuesta de ONG Bitcoin Argentina
A través de un comunicado, la organización sin fines de lucro expresó que "este proyecto de ley excede las pretensiones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y golpea innecesariamente a la criptoeconomía, en especial a las personas que actúan en el ecosistema, sea como usuarios finales o como pequeños y medianos operadores y prestadores de servicios tecnológicos, comerciales y financieros de valor agregado, que llevan adelante una actividad lícita, muy demandada por la sociedad”.
En tanto, agregó que el proyecto de ley sólo beneficia a los grandes operadores de servicios de exchanges, eventualmente a los bancos cuando el Banco Central los autorice y a los operadores internacionales que actúan sin presencia en el país.
“Comprendemos la necesidad de llevar adelante medidas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, pero la normativa actual constituye una política legislativa de control innecesario que destruye y criminaliza fuentes de trabajo legítimas", destacaron desde ONG Bitcoin Argentina.
"El proyecto actual expulsa a los usuarios hacia la informalidad o hacia los exchanges internacionales, fuera del alcance jurisdiccional de las autoridades locales, y en los cuales los usuarios no tienen ninguna capacidad de evaluar los riesgos y de demandar legalmente ante posibles incumplimientos”, resaltaron.
Por último, enfatizaron en que “la Cámara de Senadores de la Nación está a tiempo de evaluar las modificaciones necesarias para que esta norma no afecte de forma negativa a miles de personas que trabajan dentro de un sector económico pujante y activo como lo es la industria cripto".
"Desde la ONG Bitcoin Argentina queremos colaborar en la generación y crecimiento de una criptoeconomía sana, pujante y competitiva. Esperamos que los organismos con competencias ya establecidas por ley las ejerzan para investigar y reprimir las estafas y delitos, sin entorpecer con controles innecesarios el ejercicio de actividades lícitas y socialmente útiles”, concluyeron.