A paso lento, pero no por eso menos firme, una idea que era inicialmente marginal va ganando fuerza en la discusión pública: la dolarización de la economía argentina. En un país con historias de episodios hiperinflacionarios y que se acerca hoy mismo aceleradamente a una inflación anual de tres dígitos, quizás la propuesta no debería sorprender.
De hecho, la idea puede ser rastreada por lo menos hasta finales de los noventa, el momento en el que la Argentina estuvo más cerca de derrotar a la inflación en las últimas décadas. En aquel entonces, la convertibilidad impulsada por Domingo Cavallo actuaba como una suerte de cuasi-dolarización en la medida en la que no solamente permitía el uso amplio de dólares en la vida cotidiana sino que, crucialmente, impedía al Banco Central imprimir dinero que no estuviera respaldado por ellos. Pero nada impedía, en última instancia, la derogación de la ley de convertibilidad que mantenía el uno a uno, lo que efectivamente ocurriría en 2002.
Hoy, uno de los principales argumentos utilizados en favor de la dolarización es que en realidad no sería una imposición del Estado sino solamente un reconocimiento de lo que ya ocurre. La dolarización, en cierto sentido, ya es un hecho. En efecto, las grandes transacciones no ocurren en moneda local: a nadie se le ocurriría vender una propiedad en pesos. Además, y casi sin distinción en niveles de educación o poder adquisitivo, cualquiera en la Argentina sabe que si tiene que ahorrar es mejor hacerlo en dólares. El repudio de nuestra moneda es evidente y se verifica con cada vez más frecuencia al aumentar la velocidad de circulación del dinero: el peso argentino es como un corral del que todos quieren salir.
No hace falta indagar demasiado en las razones por las cuales los argentinos prefieren utilizar dólares como medio de cambio, unidad de cuenta o depósito de valor: el peso argentino, de manera consistente, pierde valor mucho más rápidamente que el dólar. Y la inflación, en última instancia, es un reflejo del descalabro fiscal, o en otras palabras de un Estado que permanentemente gasta más de lo que recauda. Es en este punto que los críticos de la dolarización hacen su aparición: el principal argumento en contra de adoptar el dólar como moneda oficial es que prohibir implícitamente que el Estado argentino imprima dinero no garantiza que gaste menos de lo que ingresa. Por el contrario, esgrimen, debería primero atacarse ese problema puntual y luego examinar si de todas formas los argentinos rechazarían el peso en el caso de que su valor se mantuviera más o menos constante en el tiempo en relación a otras monedas. El dólar, advierten, no es por sí solo un plan económico.
Los otros argumentos en contra de la dolarización se relacionan con el poder adquisitivo que se supone que debería proteger. Por un lado, la inflación del propio dólar se ha acelerado en el último año y en cualquier caso nunca es igual a cero, por lo que siempre habría pérdida de valor. Por otro lado, la dolarización debe establecerse en algún momento a un tipo de cambio específico, y los críticos sostienen que la pérdida patrimonial que conllevaría podría ser enorme si ese tipo de cambio resulta alto, como sugieren los cálculos de pesos contra dólares existentes en el Banco Central. Nadie sabe, en este sentido, qué sucederá con el precio del dólar en el corto plazo, aunque los agentes económicos parecen estar preparándose para una devaluación y el nuevo viceministro Gabriel Rubinstein sugiere que el mercado cambiario podría ser oficialmente desdoblado.
Frente a las críticas, los defensores de la dolarización resaltan experiencias que ya han sido exitosas. En este sentido, Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky destacan, en su libro Dolarización: una solución para la Argentina, la experiencia de Ecuador, que pese a presentar un alto déficit fiscal en períodos prolongados ha evitado la inflación y no ha sufrido el colapso de su economía por estar mejor protegida ante shocks externos. Los autores proponen, de todas formas, cerrar el Banco Central argentino (a diferencia del ecuatoriano, que sigue existiendo) y así limitar aún más las opciones que tenga un gobierno que asuma en un país dolarizado. Y ante la posibilidad de una posible desdolarización futura, que no descartan, señalan sin embargo que el costo de una marcha atrás sería tan alto que una medida así no podría prosperar. El populista Rafael Correa, después de todo, supo disfrutar del favor de los ciudadanos; pero el dólar siempre fue más popular que él.
Pero más allá de las cuestiones técnicas, ¿es factible dolarizar desde un punto de vista político? Quizás sí lo sea en la medida en que se perciba que el desmanejo fiscal del Estado argentino continuará en el futuro y entonces los tenedores de pesos los repudien cada vez más. Si eso ocurre, la cantidad de adeptos a dolarizar podría subir. Si bien hoy la dolarización es sobre todo impulsada por un candidato por fuera de los grandes coaliciones como Javier Milei, al mismo tiempo crece el interés también en el resto de la oposición. Probablemente no sea casual, en este sentido, que el proyecto de ley para dolarizar la economía que generó más revuelo haya sido presentado por un diputado radical como Alejandro Cacace.
En última instancia, ¿querer es poder? ¿Sale adelante la Argentina si se propone dolarizar? Es entendible que la dolarización sea una solución considerada seriamente para la inflación por diversos actores políticos: el Estado argentino ha mostrado que es incapaz de proveer una moneda estable a lo largo del tiempo. El problema es que, demasiado frecuentemente, el Estado argentino también es incapaz de hacer otras cosas, que no solamente tienen que ver con gastar menos de lo que ingresa sino con establecer reglas claras y simples para emprender o incluso proveer servicios básicos como la justicia y la seguridad. Quizás dolarizar sea una solución rápida y efectiva para un problema apremiante; pero para que la Argentina salga de la crisis permanente en la que se encuentra desde hace tantas décadas, la lista de cambios definitivamente no puede terminar allí.