El 2025 tendrá una agenda parlamentaria muy cargada en materia energética. El Gobierno ya está trabajando en la presentación de una serie de proyectos de ley que considera prioritarios y la idea es que se lancen lo antes posible para que no queden empantanados en el típico parate de años electorales.
"Nos vamos a quedar todo el verano trabajando en estos proyectos para tenerlos cuanto antes", aseguran a Forbes fuentes allegadas a la elaboración legislativa.
En orden de importancia, sobresale una nueva ley de energías renovables que sustituya a la histórica 27.191 que fue votada por unanimidad en 2015 y que estipulaba una serie de metas que terminan el año próximo.
Si bien la ley apuntaba a llegar con el 20% de la matriz eléctrica a partir de "fuentes verdes" y a lo sumo se llegará a un 16% o 17%, en el sector consideran que fue muy importante para traccionar los primeros pasos de una industria que hace 10 años prácticamente no existía.
En ese sentido, todas las empresas piden que se sancione una nueva ley y el Ejecutivo está tomando cartas en el asunto. En principio, ya no existiría el sistema de metas actual que iba más en línea con una lógica intervencionista que está lejos de la filosofía de esta administración.
"Queremos que el mercado genere la demanda. No vemos el porqué de solicitar ampliar el cupo. Vamos a dar un amparo fiscal para que no exista ningún impuesto al sol, al viento o de ningún tipo que cambie las reglas de juego", explican.
La segunda iniciativa sería una ley de emisiones de metano, algo que ven que está siendo demandado intensamente por la comunidad internacional, por ejemplo, para comprar GNL argentino o incluso el propio petróleo de Vaca Muerta.
"Es un requerimiento internacional, las casas matrices lo están exigiendo. Si no tenés esa trazabilidad de emisiones, va a ser difícil colocar nuestros hidrocarburos. Son ideas impulsadas por la propia industria para hacer un seguimiento de fugas y metas de emisión. Lo principal es establecer mecanismos de declaraciones juradas, un inventario", anticipan a Forbes.
Otro de los proyectos es el de hidrógeno, algo que empezó a discutir desde los inicios del mandato de Alberto Fernández y, sin embargo, nunca se llegó a un consenso. En este segmento, la clave es tratar de prolongar los beneficios del RIGI a esta industria que no va a lograr meterse en la ventana de dos a tres años dado que tiene que cumplir procesos mucho más lentos.
Como publicó Forbes en exclusiva, la ley de biocombustibles ya fue presentada, aunque no se descartan modificaciones para ampliar los consensos entre los jugadores sectoriales antes de iniciar la etapa de debate legislativo.
Un tema delicado que también está en la mira del Gobierno y en coordinación con su bloque parlamentario pasa por la Ley de Glaciares y la Ley de Tierras, las cuales se intentó modificar a principios del 2024 y finalmente quedaron afuera de la Ley Bases.
El problema es que pueden funcionar como estorbos para el desarrollo de la minería y el hidrógeno verde. La Ley de Glaciares tiene una definición sumamente amplia de las áreas a proteger, con lo cual, deja abierta la posibilidad de que se pueda presentar un amparo a cualquier proyecto por la interpretación de lo que podría ser un manchón de nieve.
Por su parte, la Ley de Tierras podría complicar la instalación de los mega parques eólicos que se necesitan en la Patagonia para poder producir hidrógeno verde de forma competitiva y a gran escala.
Finalmente, se está terminando un proyecto para concesionar las rutas nacionales y solucionar los cuellos de botella que existen en Vaca Muerta. "Es una prioridad absoluta que vamos a lanzar cuanto antes. Se van a concesionar las rutas con un sistema de peajes por telepase que saldrá por decreto. El 85% del tránsito va a tener que pagarlo y se reservará una cuota del 15% para el tránsito local", indican a este medio.