Justo cuando se debate sobre la posibilidad de privatizar nuevamente a YPF a raíz del reciente triunfo electoral de Javier Milei, la jueza Loretta Preska emite un fallo en el que exime al país de pagar de forma inmediata los 16.000 millones de dólares de penalidad por mala praxis expropiatoria, pero obliga a depositar activos en garantía antes del 5 de diciembre.
Fuentes del sector consultadas por este medio aseguran que la administración de Alberto Fernández no concretará ningún deposito y el interrogante es si Javier Milei pondrá acciones de la empresa como garantía como gesto de buena voluntad y en línea con su plan privatizador.
Sebastián Maril, Director Regional de Latam Advisors y uno de los mayores expertos en este juicio dialogó con Forbes y dijo que es improbable que el nuevo Gobierno avance en este sentido por la fragilidad jurídica de este camino que terminaría desvalorizando los papeles de la petrolera.
“Transferir o depositar las acciones de YPF en manos del Estado y de las provincias como garantía para evitar embargos, según el fallo de la Juez Loretta Preska, requiere aprobación de 2/3 del Congreso. Si vos privatizás mal, devaluás el valor de la empresa y Milei y su equipo lo saben”, indicó.
De acuerdo a su visión, la mejor manera de privatizar YPF es haciendo una buena gestión los primeros dos años para lograr mayorías legislativas en el bienio final de su mandato.
Lo más probable, según Maril, es que Burford Capital espere a la asunción de Milei porque sabe que hay voluntad de diálogo. “Recomiendo a los beneficiarios del fallo no comenzar embargos el 5 de diciembre y empezar a dialogar con la o las personas nombradas por el presidente-electo pronto. Sería empezar con el pie izquierdo con la nueva administración”, agrega.
De todos modos, dependerá de la decisión de los demandantes que cuentan con un extenso equipo de más de 30 profesionales para hacer assets recovery, lo cual podrían poner en práctica desde la fecha dictada por Preska.
“Ellos saben muy bien todo lo que pueden embargar y si ese embargo impide el correcto funcionamiento comercial de la Argentina. Por ejemplo, Aerolíneas tiene 12 Airbus volando al exterior. De esos 12, solo 4 son propios y cada uno vale entre 15 a 20 millones de dólares. No es nada, pero perjudica el correcto funcionamiento comercial de una empresa que es propiedad del Estado y, por lo tanto, podría ser atractivo para presionar”, afirma Maril.