La reciente denuncia presentada en Estados Unidos contra el presidente argentino, Javier Milei, por la promoción de la criptomoneda $LIBRA generó comparaciones con el caso de Kim Kardashian y la sanción que recibió en el mismo país por promocionar un activo digital sin transparentar los términos de su participación. Ambos episodios reflejan el escrutinio legal y las consecuencias a las que pueden enfrentarse figuras públicas cuando su influencia impulsa inversiones que luego resultan perjudiciales para los inversores.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) impuso una multa de 1,26 millones de dólares a la empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian por promocionar en su cuenta de Instagram la criptomoneda EthereumMax (EMAX) sin informar que había recibido un pago de 250.000 dólares por hacerlo. La publicación incluía un enlace al sitio web del activo, en el que se instruía a los posibles inversores sobre cómo adquirir los tokens.
Aunque hubo una demanda colectiva acusándola, junto con Floyd Mayweather y otros, de inflar artificialmente el precio de EMAX y causar pérdidas a los inversores, el caso fue desestimado en 2023 porque el juez determinó que los demandantes no pudieron probar que Kardashian y los otros acusados participaron en un fraude intencional.
Por otro lado, el caso con la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) tampoco llegó a juicio porque Kardashian llegó a un acuerdo extrajudicial en octubre de 2022 pagando esa multa. Además, aceptó cooperar con la investigación en curso sobre EthereumMax. Este caso sentó un precedente importante en la regulación de la publicidad de criptomonedas por parte de figuras públicas.
El caso de Milei y las acusaciones en EE.UU.
La denuncia contra Javier Milei fue presentada en Estados Unidos por el estudio Moyano y Asociados, en representación de 40 inversores que alegan haber sido perjudicados por la promoción de la criptomoneda $LIBRA. Según el documento presentado ante el Departamento de Justicia (DOJ) y la SEC, la plataforma Kip Protocol, vinculada al proyecto, recibió inversiones de ciudadanos estadounidenses y argentinos.
En la denuncia ante el Departamento de Justicia de EE.UU., se pide formalmente que se investigue a los implicados por presuntas violaciones a múltiples disposiciones legales estadounidenses. Algunos de los implicados son el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, señalado como asesor del presidente, y los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían facilitado el contacto con Julian Peh, dueño de Kip Protocol.
La plataforma utilizada en la maniobra, conocida como "Kip Protocol", fue desarrollada en Estados Unidos y está vinculada a la firma Kip Network Inc, una empresa registrada en Kansas City, Missouri. Sin embargo, tanto esta compañía como Kelsen Ventures, otra firma señalada como parte de la operatoria, no cuentan con registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ni poseen autorización para actuar como intermediarios financieros o agentes de inversión. Esta falta de regulación deja en evidencia posibles irregularidades en la captación de fondos de los inversores.
Además, Kelsier Ventures, firma que aparece relacionada con el empresario Hayden Mark Davis, habría operado presentándose como una compañía legítima en el mercado estadounidense. Davis, identificado como su propietario, también se habría mostrado ante los inversores como un ciudadano de ese país, reforzando la confianza en el proyecto. Sin embargo, la falta de inscripción en los organismos regulatorios y la ausencia de permisos adecuados generan sospechas sobre el verdadero propósito de la operatoria y el destino de los fondos obtenidos.
En la presentación, solicitan que se analicen las transacciones financieras involucradas, la trazabilidad de los fondos y si hubo ocultamiento de información esencial a los inversores. También, piden que se "investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido". La presentación también menciona la posibilidad de que se inicie un proceso penal en caso de comprobarse la existencia de fraude.
Allí se argumenta que los fondos fueron enviados a la plataforma con la promesa de inversión en un proyecto innovador. Sin embargo, la criptomoneda perdió su valor en cuestión de horas, dejando a los inversores con pérdidas millonarias.
Este desplome se debió a una combinación de factores. En primer lugar, una gran parte de los tokens estaban en manos de los creadores del proyecto, lo que les permitió vender en masa cuando el precio alcanzó su pico máximo, provocando una caída abrupta del valor.
Además, la falta de regulación y transparencia generó desconfianza entre los inversores, acelerando aún más la caída. Esta práctica, conocida como "rug pull", es común en esquemas fraudulentos donde los desarrolladores retiran su capital una vez que atrajeron suficiente dinero de terceros, dejando a los inversores sin posibilidad de recuperar sus fondos.
En este contexto, el DOJ y la SEC tienen un plazo de seis meses para determinar si la denuncia avanza en la vía judicial.
La reacción en Argentina y la investigación judicial
En paralelo a la presentación en Estados Unidos, en la Argentina se iniciaron acciones legales contra Milei por el mismo motivo. La jueza María Servini, titular del Juzgado Federal N°1 de Buenos Aires, fue designada para investigar las denuncias de fraude contra el presidente. A pesar de la controversia, Milei negó cualquier vinculación con los responsables del proyecto y afirmó que su intención fue promover una iniciativa que, en teoría, beneficiaría a la economía del país.
La publicación en redes sociales que desató el escándalo fue realizada el 14 de febrero y eliminada pocas horas después, cuando el valor de $LIBRA comenzó a desplomarse. Según los denunciantes, la intervención de Milei fue clave para atraer inversores y, por lo tanto, su responsabilidad no puede ser ignorada.
El abogado Jonatan Baldiviezo, uno de los demandantes en Argentina, señaló que la actuación del presidente podría enmarcarse en una presunta asociación ilícita para cometer fraudes, considerando que su promoción fue fundamental para la captación de fondos. Además, se destacó que la falta de regulación en este tipo de inversiones aumenta los riesgos para quienes participan en ellas.
Perspectivas legales y posibles consecuencias
Si bien la denuncia presentada en EE.UU. aún debe pasar por un proceso de evaluación, expertos en litigios internacionales advierten que las probabilidades de que prospere dependerán del interés que tenga el DOJ en abrir un caso contra un presidente en funciones. Al tratarse de un mandatario de un país aliado, cualquier investigación se llevará a cabo con precaución y diplomacia.
En el caso de Kim Kardashian, no se trató de una estafa en términos legales, sino de una violación a las leyes de la SEC que regulan la promoción de valores financieros. Kardashian no fue acusada de fraude ni de engañar directamente a los inversores, sino de no revelar que había recibido un pago de 250.000 dólares por promocionar la criptomoneda EthereumMax (EMAX) en sus redes sociales.
El problema central fue que los inversores que confiaron en la publicación de Kardashian no tenían conocimiento de que ella estaba siendo remunerada por esa promoción, lo que generó una falta de transparencia. Como resultado, la SEC la sancionó con una multa de 1,26 millones de dólares y le prohibió promocionar activos criptográficos por tres años.
A diferencia del caso de Kim Kardashian, quien fue sancionada por no revelar un pago por promoción, en el caso de Milei se lo señala como partícipe de un esquema fraudulento que habría causado perjuicio económico a los inversores. Esto podría conllevar sanciones más severas si se logra demostrar su responsabilidad.
Por el momento, las denuncias avanzan en ambos países, mientras el presidente argentino enfrenta crecientes cuestionamientos sobre su relación con el mundo de las criptomonedas y las implicancias de su accionar en la promoción de $LIBRA.