Cuatro de cada diez argentinos no tienen acceso a la red de gas natural y utiliza gas licuado de petróleo o GLP (garrafas de butano) para cocinar y calentar los ambientes en invierno. No es poco, porque esa cantidad de usuarios incluye además de usuarios particulares, colegios, hospitales y clínicas, clubes de barrio, comercios de todo tipo, restaurantes, hoteles, y un sinnúmero de actividades que ahora corren el riesgo de quedar sin abastecimiento.
Como suele ocurrir en la mayoría de los sectores, la suba de costos por inflación, sumada a precios de venta regulados para el mercado interno, pérdida de rentabilidad y la obligación de seguir abasteciendo al mercado aun ante grandes distorsiones de precios, lleva a las empresas, especialmente a las pymes, a debatirse entre operar a pérdida o cerrar.
Desde hace meses en el sector fraccionador vienen alzando la voz, denunciando un atraso en la actualización de los precios de venta al público de las garrafas, pero ahora la sangre puede estar llegando al río.
“Hoy estamos vendiendo con niveles de precios por debajo de los costos”, sostuvo Pedro Cascales, titular de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA). Esta situación pone en riesgo a muchas empresas que en caso de dejar de operar, afectarían el abastecimiento de millones de consumidores en todo el país.
Se estima que la cadena de producción incluye una decena de productoras de GLP, lideradas por YPF, PAE, Pluspetrol, Mega, TGS y Raízen, más unas 25 fraccionadoras, que emplean unas 6000 personas en forma directa. Además, operan unas 400 distribuidoras, mayoritariamente pymes, abasteciendo al mercado de 75 millones de garrafas al año para unos 20 millones de usuarios.
Mercado en crisis
Consultado sobre el riesgo de desabastecimiento del mercado, teniendo en cuenta que esta situación no es nueva, es decir que se acumulan rentabilidades negativas, Cascales buscó dar tranquilidad argumentando que hoy no es caso porque estamos en temporada baja y la demanda es menor, pero aseguró que “si no hay cambios, habrá tensiones en los próximos meses”.
Según datos de CEGLA hoy por cada garrafa de gas butano de 10 kg, se pierden $744. El dato surge de una estructura de costos que en la zona norte del país (calificada como Zona II) tiene un costo operativo total que asciende a $1792, sin embargo, el gobierno autorizó a cobrar un máximo de $1048.
La estructura de costos de los fraccionadores, que reciben el gas licuado de las petroleras, lo almacenan, lo fraccionan, lo envasan y lo envían a los distribuidores, incluye 28% de GLP, 28% de transporte, 21% en concepto de mano de obra, 12% de producción, 3% de impuestos y otro 7% de gastos no erogables.
El pasado 19 de octubre ante la gravedad de la situación, el sector reclamó una vez más a la Secretaría de Energía, que fijó un incremento de los precios de venta aplicables a partir del 23 de octubre de un 10%, tanto para fraccionadores como distribuidores.
De esta manera, quedaron vigentes valores de venta de $1048 en el segmento de fraccionado de garrafas de 10 kg (tomadas como referencia) y de $1839 para la distribución, llegando al público a $1931, aunque en muchas localidades llega a venderse hasta $3500 la garrafa.
Creciente tensión
Todo el Nordeste del país y parte del NOA, carece de red de gas natural, por lo que los usuarios se ven obligados a abastecerse de garrafas para poder cocinar.
Se estima que una familia tipo sólo para cocinar consume una garrafa de 10 kg al mes, o tal vez de 12 o 15 kg si hay más miembros en la familia, por lo que tiene un gasto mensual no menor a los $3000. Pero en invierno puede consumir una segunda garrafa para calefaccionarse, duplicando así el gasto mensual.
En el mercado también están las llamadas “chanchas” de 45 kilos y los cilindros, que usan gas propano, también un gas licuado derivado del gas natural, y que suele emplearse para usos más intensivos, para el comercio o en instituciones varias.
“Las empresas más chicas no pueden continuar trabajando, hace poco cerró una empresa pyme, que llevaba años en el mercado, porque trabajando a pérdida te vas comiendo el capital”, destacó Cascales.
En el sector reclaman que se cumpla con lo que marca la ley 26.020, sancionada en abril de 2005, que en su artículo 7, inciso d) dice que es necesario “propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad”.
Además, el artículo 34 estipula que los “sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad….”, cosa que no se cumple, según la visión de los empresarios del segmento fraccionador.
“Hoy tenemos precios máximos y desactualizados”, se queja Pedro Cascales. En ese sentido, apuntó que la actividad tiene “actualización de costos mensual y de acuerdo a la inflación, pero ingresos aleatorios”, dependiendo de los valores que fije la autoridad en la materia, que es la Secretaría de Energía. Y pidió que haya una actualización automática de los precios.