La cadena de electrodomésticos Garbarino envió este viernes 1.800 telegramas de despido a sus empleados en el marco de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales de todo el país, por lo que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días en un intento por frenar las cesantías.
La decisión del Gobierno llegó luego de un pedido presentado por la Federación de Empleados de Comercio para evitar los despidos. La disposición de Trabajo obliga a ambas partes a poner la situación en suspenso.
Durante las próximas dos semanas, el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa. En tanto, Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones durante ese plazo.
El gremio advirtió que de la cadena, cuyo dueño actual es Carlos Rosales, es crítica. Rosales nunca pudo recuperar el negocio y luego llegaron la pandemia y la crisis.
Todos los locales de empresa están cerrados y desde hace ocho meses los cerca de 3.800 empleados de la empresa no perciben sus salarios.
Entre los afectados figuran los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, en Tierra del Fuego.
Érica Salazar, delegada de Empleados de Comercio Zona Oeste (Seoca) y de la sucursal de la cadena en el shopping Plaza Oeste, denunció que este viernes se produjo una "lluvia de telegramas para todos lados, desde la mañana no paran de llegar". La delegada consideró que es "ilegal lo que están haciendo".
Sin embargo, en la empresa aseguran que es de "imposible cumplimiento" mantener los puestos de trabajo, ya que cerraron todos sus locales y no tienen lugares para que vayan sus empleados.
"Hemos tenido que despedir a 1.800 trabajadores por razones de fuerza mayor", dijo una fuente de la empresa a Clarín. Y agregó que, en los últimos meses hubo otros 600 empleados que se desvincularon con retiros voluntarios.
Además hubo otros 1.000 empleados que se consideraron despedidos, ante la falta de pago de sus salarios, desde mayo pasado. Y la empresa impugnó el DNU del Gobierno que prohíbe realizar despidos.
Es que desde abril se cortó la cadena de pagos en el grupo que maneja Carlos Rosales. Garbarino no pagó 3.385 cheques de diferentes proveedores, con los que arrastra una deuda impaga total de $4.935 millones, según la Central de Deudores del Banco Central.