El pasado 11 de julio, los países del G20 respaldaron el acuerdo mundial sobre la reforma del impuesto de sociedades alcanzado la semana pasada. Algunos días atrás, los países que debatían en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llegaron llegado a un acuerdo para reformar el sistema fiscal internacional y que incluye, como estaba previsto, un tipo mínimo de Impuesto de Sociedades a nivel global del 15%, según anunció el organismo en un comunicado.
La declaración sobre fiscalidad fue firmada por 130 países, representantes del 90% del producto interior bruto (PIB) a nivel mundial.
A la espera de su aprobación en la cumbre de Roma, que se celebrará a finales de octubre, tanto Estados Unidos como la Unión Europea celebran su materialización, pero otros actores ven las nuevas medidas como insuficientes e injustas, sobre todo con las economías en vías de desarrollo.
El sistema se centra en dos pilares: el primero busca redistribuir parte de los beneficios globales de las multinacionales en los países donde operan (aunque no tengan presencia física), mientras que el segundo le apunta a la aplicación de un impuesto mínimo de 15% en empresas con facturación superior a US$ 890 millones.
El comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, comentó a Forbes que este acuerdo significa “un paso audaz” que pocos habrían creído posible hace apenas unos meses, anotando así una victoria para la equidad fiscal, para la justicia social y para el sistema multilateral.
Sin embargo, aseguró que “nuestro trabajo no ha terminado. Tenemos hasta octubre para finalizar este acuerdo. Soy optimista en cuanto a que en ese tiempo también seremos capaces de alcanzar un consenso entre todos los Estados miembros de la Unión Europea sobre esta cuestión crucial”.
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Las dudas
Si bien la aplicación del impuesto de 15% es un paso adelante, algunos expertos afirman que dicha cifra se considera “muy baja”, sobre todo en la región.
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El presidente de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Internacional de las Empresas (ICRICT por sus siglas en inglés), Jose Antonio Ocampo, dijo a Forbes que, en los países latinoamericanos, el promedio de dicha tasa es de 26%, cifra que supera nueve puntos porcentuales a la que busca el acuerdo, lo cual generaría muy pocos incentivos a evitar la desviación de utilidades hacia paraísos fiscales.
Sobre el acuerdo para compartir las utilidades globales de las multinacionales, el también ex codirector del Banco de la República detalló que “es pésimo”, porque solamente afectaría a empresas de más de US$ 23.652,5 millones que tengan además un margen de utilidades superior al 10%.
Además de ello, los países en desarrollo solamente pueden hacer que las multinacionales tributen entre 20% y 30% de los beneficios que excedan ese 10%.
“Es una regla injusta, porque las utilidades de las multinacionales se obtienen porque operan en muchos países, entonces deben ser compartidas por todas las naciones donde tienen presencia en igualdad de condiciones, y además, deben ser aplicadas a todas las multinacionales, o por lo menos, ese umbral debería ser muchísimo más bajo, porque se aplicaría apenas a unas 100 empresas“, recalcó.
En cuanto a la regla sobre arbitramiento obligatorio de los conflictos tributarios, Ocampo aseveró que tiene “serias dudas” sobre la forma como funciona dicha norma en relación con las disputas en materia de inversión, y sostuvo que, “a no ser que se cree una instancia multilateral, tiene que quedar en manos de las autoridades judiciales internacionales“.
¿Cómo hacerlo más equitativo?
Ocampo afirmó que el pilar uno se debería aplicar a todas las multinacionales, haciendo que compartan sus utilidades globales en todos los países donde tienen actividad económica. “No tiene por qué ser un beneficio especial para los países donde tienen casa matriz, que es lo que efectivamente hace el acuerdo”, resaltó.
Por su parte, el profesor de Economía Internacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Charles Kane, explicó a Forbes que unos impuestos bajos serían la manera más efectiva para que las economías emergentes logren que las multinacionales se comprometan a tributar en las naciones donde tengan presencia, destacando que hay muchos países optando por esa vía en la actualidad”.
“Si ese no es un diferenciador, ¿por qué esa compañía debería escoger dicho país si no hay diferencia en la tasa de impuestos? También se debe tener en cuenta la reserva de talento, que haya gente educada y localizada en dicha nación”, complementó.
El académico también subrayó que la principal intención del acuerdo es cerrar las lagunas jurídicas en países que, además de pocos impuestos, están acostumbrados a los depósitos en efectivo a la baja. Bajo este escenario, el objetivo es tratar de igualarlos para evitar el uso de dicha estructura y que las empresas no tengan esa ventaja, sobre todo en casos donde buscan instalarse en un país particular con tasas de impuesto bajas sin más empleados que su abogado.
“Así no haya empleados, vas a tener que pagar impuestos de la misma manera, como si tuvieras gente, entonces no te sales con la tuya, porque con esa estructura, todo el dinero termina en un sitio como Bermuda, donde no hay tasas de interés”, señaló.
Lo que sigue
Para que el acuerdo entre en vigor, tiene que ser aprobado por todos los Congresos de los 132 países involucrados, proceso que podría tomar mínimo un año, y el tema crítico es ver cuales aprueban y cuales no, pues sus efectos serían limitados si no la firma Estados Unidos o algún país de Europa, según Ocampo.
No obstante, Kane detalló que la mayoría de los países que van a tomar la decisión son proclives al acuerdo, sobre todo en el caso de Europa, donde las diferencias en impuestos dentro del bloque les han traído problemas.
“A la hora de atraer a las compañías como locación, bajar impuestos es un gran modo de hacerlo, y si todos los siguen subiendo o bajando, a EE.UU. le importa mucho, sobre todo para tener intereses de empresas extranjeras. Por eso le gusta tanto a Janet Yellen“, concluyó.
Precisamente, la secretaria del Tesoro de EE.UU. aseguró este domingo en Venecia, durante la reunión de los ministros de Finanzas del G20 previa a la cumbre de octubre que el Congreso podría aprobar el primer pilar en la primavera de 2022, mientras que el segundo obtendría el respaldo necesario este año.
Con información de Forbes Colombia.
