La recomposición del precio de los combustibles no terminó. Luego del ajuste del miércoles del 27%, el Gobierno proyecta un sendero de por lo menos tres subas mensuales consecutivas adicionales.

En diálogo con Forbes, una fuente jerárquica del oficialismo adelantó que para terminar de converger con el precio internacional todavía falta una recomposición de entre el 25% y el 30% entre impuestos y suba del barril criollo.

Por un lado, se encuentra el barril criollo que llegó a estar a un piso de 56 dólares en los últimos meses de la gestión Massa para ahora saltar en enero a un rango de entre 64 y 66 dólares. Unos cinco dólares menos que el precio export parity que surge de la cotización del Brent menos descuentos y retenciones del 8%.

En tanto, la cuestión impositiva es clave para la política fiscal. En 2023, el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) y del tributo al dióxido de carbono como mecanismo para pisar los precios implicó una pérdida de ingresos de 2.800 millones de dólares para el Estado.

El atraso acumula 9 trimestres donde se postergó su actualización por IPC como corresponde y, de hacerse efectiva de un solo golpe, representaría una suba del surtidor del orden del 15%. 

De ahí que el Gobierno quiera fraccionarlo en tres meses. En febrero podrían actualizarse 4 trimestres y “hacer un mix” con la recomposición del barril para acotar la suba mensual al 15%. Ya en marzo, las proporciones se invertirían y habría más recomposición impositiva con un alza aproximada del 10%. Finalmente, para abril quedaría un último retoque menor al 5%.

Teniendo en cuenta que los tres últimos aumentos del surtidor fueron del 30%, 37% y 27%, hubo voces críticas a la política oficial de priorizar el shock en la recomposición de precio del barril y elegir el gradualismo en el plano impositivo de combustibles con semejante déficit fiscal. 

Para dimensionar la magnitud del retraso impositivo en los combustibles, lo que el Estado dejó de recaudar en 2023 equivale a un 0,4% del PBI. Casi la misma proporción que el recorte que se pretende en subsidios energéticos.

Más allá de este debate, el objetivo oficial es llevar el precio de los combustibles a 1,1 dólares el litro de nafta súper y 1,3 dólares el litro de gasoil grado 2. Números que podrían variar según la cotización del Brent.

En los hechos, se trata de un valor levemente por encima de la paridad de exportación, mientras que los combustibles premium (nafta y gasoil grado 3) se ubicarían un 5% por debajo del “import parity” para desincentivar el ingreso de jugadores externos.

Un experto en regulación energética latinoamericana como Álvaro Ríos Roca, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre 2003 y 2004 y socio director de la consultora Gas Energy Latin America, criticó la estrategia de la nueva administración argentina frente a la consulta de Forbes. “Así como no existía ningún país de la región con tantas regulaciones como la Argentina, tampoco hay casos de desregulaciones absolutas. Argentina tiene que ir hacia una regulación de mercado. Así opera Chile, Perú, Brasil y cualquier economía de mercado del continente. Tiene que existir cierto tipo de regulación para que las empresas no abusen de su poder y haya precios de referencia porque nuestros mercados son imperfectos. Si Milei quiere ir al sistema norteamericano, le va a ir mal”, destacó.