Cuando parecía que el proyecto de ley de biocombustibles que se iba a imponer en el Congreso era el impulsado por los gobernadores de las provincias productoras, el Gobierno sorprendió con una iniciativa propia a la que tuvo acceso Forbes que será presentada esta tarde en Diputados.

La elaboración de la normativa estuvo a cargo de la diputada Lorena Villaverde, presidenta de la comisión de Energía, y tuvo el acompañamiento del nuevo equipo energético de la secretaria María Tettamanti.

En líneas generales, el proyecto traza un sendero de cortes mucho menos agresivo al planteado por los gobernadores para, de esta manera, generar un consenso entre todas las partes involucradas que desde hace muchos años no logran ponerse de acuerdo en el rumbo a seguir.

En materia de biodiesel, se respeta el actual porcentaje mínimo de mezcla en gasoil del 7,5% y, en vez de llegar al 10% de manera inmediata como planteaban las provincias, posterga ese horizonte al 1 de enero del 2027.

Paralelamente, de ese 7,5%, un 5% quedará asignado obligatoriamente a aquellas empresas que no están exportando su producto con un reparto a prorrata en función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual de cada empresa y un límite máximo de cincuenta mil (50.000) toneladas anuales.

El 2,5% restante será negociado libremente e irá aumentando año a año para efectuar una desregulación progresiva para permitir el acceso de otros jugadores al mercado. En 2027 ya será un 5% el porcentaje sujeto a libre negociación y en los años sucesivos subirá en un 1,25% hasta llegar al 10% en 2031.

Por el lado del bioetanol, se mantiene el 12% dividido en partes iguales entre caña de azúcar y maíz, para pasar a un 15% el 1 de enero del 2027 y no de forma automática como quería la región del NOA y la provincia de Córdoba. Al igual que en el biodiesel, seguirá un sendero de desregulación que empezará en el 3% a partir del 2027 para llegar a la totalidad del 15% en 2031.

En todos los casos, los precios se acordarán libremente y, en caso de que no haya acuerdo, la Secretaría de Energía tiene facultad de llamar a licitación en 15 días, según indicaron fuentes allegadas.

Otro de los apartados del proyecto marca el establecimiento de políticas públicas para la producción de nuevos tipos de biocombustibles pensando en la agenda futura como combustible de aviación sostenible (SAF), biobunker, biojet, biogás o biometano.