El conflicto entre el Gobierno Nacional y la provincia de Chubut, que amenaza con boicotear el envío de petróleo, no registra antecedentes históricos y tendría una serie de consecuencias muy graves tanto desde el punto de vista legal como del aspecto técnico para el normal funcionamiento del sistema. 

Si bien la Constitución Nacional sostiene que las provincias son las dueñas de los recursos naturales, el sistema de concesión adjudica la explotación petrolera a empresas que tienen el derecho de comercializar los hidrocarburos libremente. De hecho, tienen contratos firmados con refinadoras que deben respetar.

“El gobernador de Chubut y los gobernadores que lo apoyan no tienen los instrumentos como para hacer efectiva esta amenaza”, sostiene a Forbes el vicepresidente del Instituto Mosconi, Gerardo Rabinovich, quien ve en el accionar gremial la única alternativa de avanzar en ese sentido. “Si los gremios se suman a la posición de los gobernadores y llaman a un paro las cosas se pueden ir complicando”, dice.

En ese marco, el líder del sindicato petrolero más grande del país que controla la producción de toda la cuenca neuquina y, por lo tanto, de Vaca Muerta, descartó por completo un cese de actividades.

“No desconocemos la legitimidad del reclamo, pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la Justicia. Las provincias tienen razón, pero no pueden cortar el petróleo”, indicó Marcelo Rucci.

Por su parte, el referente gremial de Chubut y actual diputado nacional, Jorge “Loma” Ávila, apenas se limitó a decir que “han estafado a la provincia de Chubut y no podemos permitir eso”, sin mencionar en ningún momento la interrupción de los envíos.

En concreto, para efectivizar el boicot, se debería bloquear el funcionamiento de la empresa Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP), la cual está compuesta accionariamente por las operadoras petroleras de la Cuenca de Golfo San Jorge. 

“El gobierno provincial no tiene la atribución de interrumpir el funcionamiento de la producción de las empresas privadas que tienen derecho de propiedad, contratos y concesiones. Si se hiciera sería ilegal. Desde el punto de vista jurídico tiene razón el gobierno nacional, desde el punto de vista político sería bueno que se sienten y renegocien. Desde el punto de vista práctico, entiendo que es difícil de implementar una interrupción de aprovisionamiento de energía. En momentos de crisis y de restricciones presupuestarias, estos forcejeos son naturales y hay que entenderlos”, destacó a este medio el director de la consultora DNI y experto en comercio, Marcelo Elizondo. 

Chubut produce alrededor del 22% del petróleo nacional y lo envía por barcos que se cargan en esta planta. Ya sea con destino de exportación o hacia Puerto Rosales, Bahía Blanca, para su posterior distribución al mercado interno vía el sistema de oleoductos. 

La provincia no está facultada para prohibir el despacho del crudo por esta terminal y, de hacerlo ilegalmente mediante el uso de la fuerza pública, implicaría serias consecuencias legales. 

Al mismo tiempo, reduciría sus ingresos por la pérdida de regalías y afectaría el cobro de regalías futuras ya que un parate abrupto afectaría la productividad de los pozos. “En caso de parar, se pierde mucha eficiencia operativa y reiniciarlos es también un problema: desde lo operativo y técnico sería muy difícil y perjudicial para la productividad de los yacimientos de la zona”, afirmó el ex secretario Emilio Apud. 

“Esto afectaría a toda la cadena petrolera aguas arriba porque si no podés evacuar la producción tenés que ir parando los pozos y el perjuicio puede ser enorme”, coincidió el ingeniero Rabinovich.