El directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) modificó a través de la Resolución General 1037 una normativa referida a la oferta pública de adquisición obligatoria (OPA) para facilitar la privatización de empresas estatales.
La nueva regulación habilita la transferencia igual o inferior al 50% de participaciones accionarias por parte del Estado Nacional, de forma directa o indirecta, o a través de sociedades controladas correspondiente a empresas del sector de energía o gas, a un adquirente privado sin necesidad de realizar una OPA, siempre que el adquirente privado asuma la misma posición del vendedor en un convenio de accionistas preexistente, sin alterar la participación en dicha sociedad.
La modificación normativa contempla la situación en la que un nuevo accionista asume la posición del accionista vendedor, manteniéndose intacta la participación accionaria de la sociedad controlante en la emisora afectada e incluye la adhesión del nuevo accionista a los acuerdos preexistentes, si los hubiera, lo que asegura continuidad en la gobernanza y operación, tanto de la sociedad controlante como de la emisora.
Por esta razón, no será obligatorio efectuar una OPA, ya que, al no existir un cambio efectivo en el control, no se justifica la necesidad de activar dicho mecanismo. De esta manera, se busca eliminar barreras regulatorias que no aportan valor al propósito de protección del interés público, facilitando los procesos de privatización.
De acuerdo a Roberto Silva, presidente de la CNV, "la normativa dictada impulsa el equilibrio entre el interés público, la protección de los inversores y la necesidad de fomentar un entorno jurídico adecuado para la transferencia de activos por parte del Estado Nacional". "Continuamos trabajando en línea con los objetivos del Gobierno Nacional, día a día, como lo hemos hecho desde el inicio de la gestión", añadió.
El organismo encargado de controlar y regular el mercado de capitales local detalló que la modificación para la transferencia de participaciones accionarias tiende a favorecer objetivos estratégicos del Estado Nacional, como a la reconfiguración de su participación en sectores clave, "particularmente en los sectores de energía y gas, fundamentales para la economía nacional".
