Entre el listado de empresas a privatizar que habilitó la Ley Bases, aparece una particularmente compleja. Yacimientos Carboníferos Río Turbio no sólo tiene el desafío de revertir su déficit operativo de unos 100 millones de dólares al año, sino también una imagen manchada por denuncias por corrupción e irregularidades a lo largo de más de una década.

El proyecto del kirchnerismo para construir una usina eléctrica que pueda operar a carbón y a gas natural, más la posibilidad de exportar los excedentes de este mineral, nunca llegó a consolidarse a pesar de la inversión pública de cientos de millones de dólares.

Ahora, el objetivo es retomar la producción para empezar a ordenar las cuentas de la firma, un paso fundamental para que haya capitales privados interesados en participar del negocio.

El primer paso que piensa el Gobierno Nacional es publicar un decreto que habilite el cambio de la estructura jurídica de la compañía. Luego, se dará paso a una subasta para exportar unas 30.000 toneladas de carbón por bimestre, donde ya se tiene el stock suficiente para concretar la operación. Además de buscar el mejor precio, se eligió esta metodología para transparentar la venta y evitar sospechas de repetición de prácticas pasadas. 

A su vez, se logró certificar la calidad del carbón de la mina con una firma internacional, lo que marcó un bajo contenido de azufre que es muy solicitado en el mundo por su menor huella de carbono.

Sin embargo, el verdadero salto en los ingresos de YCRT se produciría solamente con la reapertura de la usina eléctrica. Acá existe un problema por el cuello de botella de las líneas de alta tensión a nivel nacional y la prioridad de despacho que se le otorga a las renovables.

Por lo tanto, se buscará destinar esta energía a la Provincia de Santa Cruz, cuya demanda prácticamente es igual a la generación de uno de los módulos de la usina. "Se desconectaría a Santa Cruz del Sistema Interconectado Nacional y se convertiría en el garante del cashflow", explican a Forbes.

Al mismo tiempo, existe la posibilidad de funcionar como back up frente a los periodos de mantenimiento donde hay parte de la generación del sistema regional que sale de operación. "Ahí se paga muy bien por esa energía", sostienen.

No obstante, todo eventual incremento de los ingresos choca con el gigantesco gasto de la compañía, con acuerdos gremiales que llegan a remunerar a muchos trabajadores por encima de lo que cobra el propio Interventor y un régimen jubilatorio que obliga a pagar el 82% móvil a todos los empleados que hayan pasado por la mina. Dos puntos que se apuntan a renegociar.