Hay preocupación en las empresas constructoras, que saben de larga data que cada vez que un gobierno quiere  meter mano en el gasto público las partidas que corren riesgo de entrar en el freezer son las que en el Presupuesto nacional figuran como gastos de capital, es decir fondos para obras públicas.

Esta vez no fue la excepción, y el temor se materializó ya durante la campaña electoral que llevó a Javier Milei a la presidencia de la Nación. “No hay plata, vamos a eliminar la obra pública”, sentenció el presidente electo tras el triunfo en el balotaje del 19 de noviembre.

La idea que “compró” Milei es la del modelo chileno, en la que el Estado no dispone de recursos para obras, que siempre hacen las empresas constructoras privadas, pero en la que el Estado actúa como garante para la toma de financiamiento. Es un modelo que difiere de los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) que se lanzaron en el país en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Hay que recordar que el actual gobierno dio de baja los contratos PPP en 2021, pese a que ya estaban adjudicados seis corredores viales y algunas obras habían empezado. Desde el Ministerio de Obras Públicas argumentan que los concesionarios no cumplieron con las inversiones y los términos del contrato, pero fuentes de los consorcios adjudicatarios dijeron a Forbes Argentina que el Gobierno no les aprobó el cierre financiero y por eso las obras no arrancaron.

En el fondo hay una cuestión central, que justamente es la que puede hacer fracasar ahora el modelo que pretende instaurar Milei. Es que cuando se lanzó la licitación de los corredores en abril de 2018 el riesgo país era de 350 puntos básicos pero cuando se terminaron de firmar los contratos en julio el riesgo país llegaba a los 800 puntos. Hoy orilla los 2000 puntos, es imposible conseguir financiamiento en ese contexto.

Recorte en marcha

“Sabemos que se viene un ajuste fiscal que va a impactar fuertemente en la obra pública. El nuevo gobierno dice que va a bajarla a cero, y eso es posible, pero lo que no se puede es suponer que los contratos se van a rescindir y ya”, asegura un importante empresario de la construcción con años de experiencia en lidiar con el Estado.

Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Es verdad que se puede frenar la licitación de obras nuevas, pero hay obras que se están ejecutando en este momento y que tienen plazos de pago a 60 días, con lo cual van a caer en la próxima administración. ¿Qué va a pasar con esas facturas? Es decir, hay deuda corriente a atender. También hay certificados de avance de obra aprobados y todavía sin facturar, y hay obras que hacen las provincias con transferencias del Estado nacional, aprobadas por Presupuesto nacional. Ahí vendrá el reclamo de los gobernadores.

Se estima que la deuda vencida, facturada y en condiciones de cobrarse asciende a unos $300.000 millones, y hay otro monto similar en concepto de trámites por redeterminación de precios, el mecanismo incluido en los contratos para ajustar los valores licitados y que habilita al contratista a hacer una presentación cuando la inflación supera el 5% en el mes. O sea, hay un stock muy elevado pendiente de ajuste y cobro. Por último, el saldo de los contratos vigentes y aún no ejecutados podría acercarse a los $2 billones, según fuentes del sector.

El designado ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, es un viejo conocido de las constructoras y ya tuvo reuniones en la Cámara Argentina de la Construcción. Por el momento no hubo definiciones, pidió tiempo para conocer con qué panorama se encuentra.

Un modelo cuestionado

“El costo de frenar una obra y relanzarla más adelante es mucho mayor que terminarla, y además como hay contratos firmados todo se puede judicializar”, explica un consultor que asesora a empresas constructoras y pide reserva de su nombre. Además, frenar la obra pública tendrá impacto en los 450.000 empleos formales directos y casi 550.000 indirectos que hay en la industria.

Javier Milei sostuvo que las obras se harán pero con capitales privados, siguiendo el modelo chileno. A diferencia de los PPP donde los concesionarios privados debían conseguir financiamiento, hacer las obras y luego el Estado repagaba la inversión, en el modelo chileno no hay aporte del Estado, sólo las garantías.

“En el mejor momento del modelo a la chilena, que fue en la presidencia de Ricardo Lagos de 2000 a 2005, se invirtió el 1% del PIB, en especial en puertos, aeropuertos y obras viales. Hoy casi no existe, ese porcentaje bajó al 0,2% del PIB, porque se quedaron sin las UVAs de infraestructura”, señaló el consultor. En comparación en Argentina las obras públicas representan el 1,8% del PIB y las transferencias a provincias un 0,6% adicional.

“Milei se quedó en el 2000/2005, el auge del modelo chileno pasó hace 20 años”, destacó la fuente. Y remató: “Cuando Javier Milei llegue y vea Infraestructura, va a tener un baño de realidad”.

“Hoy no están dadas las condiciones para un sistema en el que los privados hagan las inversiones, tal vez en uno o dos años, si se estabiliza la economía puede ser”, admitió el titular de una empresa concesionaria de las PPP de Macri.

Explicó, por su parte, que “no fue bueno el sistema en Chile”, y señaló que de los tres países en los que hay mayor apertura de mercado, Dinamarca, Singapur y Suiza, en ninguno la obra pública financiada por los privados supera el 17% del total.

El constructor sabe que se vienen tiempos difíciles, en una industria en la que el 70% de la actividad se explica por la obra pública, y pone el foco en que las provincias y municipios seguirán licitando sus obras, pero “hay que ver de dónde sacan los recursos”.