Para la industria del gas licuado de petróleo (GLP) la llegada de Javier Milei al poder, con el programa de La Libertad Avanza (LLA), significó un punto de inflexión. También lo es para más de 20 millones de personas que utilizan garrafas de gas butano para cocinar, bañarse y calentar sus viviendas en invierno.

Con el nuevo gobierno en funciones desde el 10 de diciembre la industria productora, fraccionadora y distribuidora de gas licuado de petróleo obtuvo una primera señal largamente buscada y que es tan simple como la voluntad del Gobierno de cumplir con la ley 26.020, que rige la actividad.

En el capítulo IX, artículo 34, la ley establece precios de referencia del GLP para uso domiciliario, que deben ser calculados “propendiendo a que los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes y una razonable rentabilidad”.

Justamente, esta parte no se venía cumpliendo desde hacía años, a partir de que el Estado, a través e la Secretaría de Energía, fijaba los precios de venta en todas las etapas, con valores muy alejados de los precios internacionales y de la evolución de los costos por la inflación.

Fuentes del sector señalaron a Forbes Argentina que “el Gobierno ahora quiere ir desarmando la maraña de cupos y precios y eso es bueno para la actividad”. Y remarcaron que, si bien la Ley 26.020 no habla de precios máximos, en la práctica la gestión anterior ponía topes a los precios.

Subsidios sobre la mesa

Ahora la discusión está planteada en torno al proyecto de ley ómnibus, que en su artículo 318 faculta al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2025 a “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos”.

El objetivo declarado es garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos, así como el control en la implementación y aplicación de los mismos.

En buen criollo, quiere decir que el Gobierno se reserva el derecho de eliminar los subsidios a las garrafas. No es un dato menor, habida cuenta de que según el Programa Hogar (Hogar Garrafas), el Estado nacional subsidia a los usuarios finales con tarifa social el 80% del precio de la garrafa de 10 kg de butano, que es la de uso domiciliario.

Los cilindros de 45 kg y las “chanchas”, que usan propano y tienen un uso más comercial o para grandes usuarios como clubes, colegios, hospitales, industrias, restaurantes, etc, ya no tenían subsidio estatal.

El punto ahora es que el cronograma de pagos que establecía la ANSeS según la finalización del DNI del beneficiario, y pagado directamente a su tarjeta Alimentar, está suspendido desde diciembre (el último grupo cobró el 22 de ese mes) y no hay información oficial al respecto sobre cómo continuará en 2024.

Sí se sabe que el Programa Hogar está en revisión por parte de la Secretaría de Energía y que se busca ir hacia un reempadronamiento. Se estima que hay unos 2,8 millones de familias en el programa.

Pero había un problema de números y es lo que justifica la idea de la revisión. El Gobierno anterior pagaba subsidios por entre 2 y 4 garrafas mensuales a cada beneficiario (por 2,8 millones de hogares), un universo que es más o menos la mitad de quienes utilizan garrafas de 10 kg en el país.

Hay que aclarar que no todos son personas de sectores vulnerables, sino que las garrafas se usan en provincias donde no hay red de gas natural como en el NEA, por ejemplo. Así, el consumo de garrafas de butano representa un 70% del mercado del GLP en el país.

El punto es que en Argentina se venden en total, con y sin subsidio, entre 70 y 75 millones de garrafas de 10 kg por año, pero los subsidios superaban holgadamente esa cifra, alertado por la propia industria. De allí la idea de revisar y reempadronar.

Precios volando

En este contexto, además, el precio del GLP que fija la Secretaría de Energía aumentó en diciembre en torno al 120% en todas las etapas, producción, fraccionamiento, distribución y consumo final.

El último incremento llevó los precios de referencia en la etapa de fraccionamiento de $1253 la garrafa más impuestos a $2757 y al público de $3550 a $7810. Se estima que una familia tipo consume por mes dos garrafas de 10 kilos, pero en invierno puede ser más, así que hoy estaría gastando casi $16.000 en gas licuado.

Con este escenario la industria enfrenta un año con otra perspectiva, asegurando el normal abastecimiento del mercado que, sin embargo, está sufriendo por la suba de precios.

“Por la inflación y la suba de costos, el aumento de precios era inevitable para poder operar, pero es cierto que a la gente le aprieta el bolsillo y se le complica comprar a estos valores”, señaló Pedro Cascales, presidente de CEGLA, la cámara que reúne a los fraccionadores.

En este contexto, asegura que una alternativa es la exportación. Hoy se exporta alrededor de 1 millón de toneladas anuales de GLP, que representan unos US$ 280 millones anuales. Pero hay posibilidades de exportar más.

“Brasil es el principal comprador con entre 700 y 800 mil toneladas, pero además tiene una demanda casi ilimitada”, señaló Cascales. Detalló que el GLP local también se vende en Chile, Paraguay y Uruguay.

Y agregó: “De acá a 2025/26 cuando se termine la reversión del gasoducto a Bolivia y se expanda el desarrollo de Vaca Muerta, Argentina podría duplicar sus exportaciones de GLP”. Esto se debe en especial a que la mayor producción de shale oil y gas generará más GLP en el proceso y la demanda de Brasil está fuerte.

Hoy importa desde Estados Unidos, pero es mucho más caro llevarlo de Houston a Brasil que desde Bahía Blanca al puerto de Santos.