El proyecto “Gasoducto Néstor Kirchner” volvió a reflejar, una vez más, los clásicos problemas de la Argentina a la hora de encarar obras públicas de gran envergadura, con presupuestos que terminan multiplicándose respecto al plan original y plazos de construcción infinitamente más largos.

Los errores no corresponden solamente a la actual administración de Alberto Fernández, sino que abarcan también la presidencia de Mauricio Macri en la que se lanzó la primera licitación que buscaba inaugurar este tramo de 570 kilómetros en el invierno del 2020 y terminó fracasando rotundamente.

Anunciado en 2018, el tendido del caño pretendía anticiparse a un cuello de botella en la evacuación del gas de Vaca Muerta ya evidente por aquel entonces que, cinco años más tarde, se transformó en un problema estructural del sistema de transporte. Este retraso impidió la producción nacional de miles de millones de metros cúbicos que tuvieron que ser reemplazados por importaciones hidrocarburíferas a precios récord.

El esquema ideado por el macrismo contemplaba una financiación de 400 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), 200 millones acercados por Donald Trump a través de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y sólo 200 millones de inversión privada que nunca terminaron llegando.

Así, la licitación se terminó postergando dos veces frente a la falta de propuestas de financiamiento en un contexto macroeconómico caótico durante los dos últimos años de la gestión “Cambiemos” y fue finalmente derogada en diciembre del 2020 por la nueva administración peronista. A todo eso, ya habían pasado cuatro secretarios de Energía de dos presidencias distintas.

En abril del 2022, a casi dos años y medio de la asunción del nuevo Gobierno y tras reiterados anuncios incumplidos, la cúpula oficialista organizó un gran acto en Neuquén en el que celebró el verdadero puntapié inicial de la obra que comenzó recién en septiembre, tras cinco meses de un proceso licitatorio que desencadenó el estallido de la interna del Frente de Todos con la pelea Matías Kulfas-Cristina Kirchner.

Ahí sí, los trabajos se llevaron a cabo en un cortísimo tiempo que nadie en la industria imaginaba y donde muchas firmas privadas destacan la labor expeditiva del titular de Enarsa, Agustín Gerez, para poder llegar a este 9 de julio del 2023 con el caño en funcionamiento. 

Lo concreto es que, de los 800 millones de dólares de la licitación de Lopetegui, se pasaron a más de 1.500 millones en el pliego lanzado por Darío Martínez y, según el propio ministro Sergio Massa, la obra terminó demandando una inversión pública de 2.400 millones. Es decir, un 200% más.

“Sin negar la importancia de la obra y que está bueno que se haya terminado, es importante decir que, en febrero del 2022, ellos anuncian un presupuesto de 2.500 millones para los dos tramos. No hubo una rendición de cuentas, Enarsa es la menos transparente de las empresas estatales. Deberían explicar por qué, con la plata de los dos tramos, solamente hicieron uno”, afirmó a Forbes el economista Nicolás Gadano, 

“La obra estaba en 2019 en licitación con inversión privada. El Gobierno tenía todo el derecho en cambiar eso, pero se tomaron años en hacerlo. Recién en el tercer año relicitaron desde Enarsa. En esa demora, se podrían haber sustituido importaciones de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en GNL por gas local”, agregó el referente energético de Juntos por el Cambio.

Los cálculos del oficialismo hablan de un ahorro de importaciones mayor a 4.000 millones de dólares al año, lo que agrandaría esa cuenta. No obstante, incluso otros think tanks energéticos más cercanos a la oposición como el Instituto Mosconi, hablan de unos 6.000 millones de dólares en los últimos tres años.

“Si hubieran estado esos 11 ó 21 millones de metros cúbicos con las platas compresoras, nos hubiéramos ahorrado todo ese volumen de importaciones de GNL de bahía blanca. 11 millones es el 8% del consumo argentino”, destaca su presidente, Jorge Lapeña, que recuerda que el gasoducto Neuba ejecutado durante la presidencia de Alfonsín también se hizo en un año y tenía el doble de longitud. 

El argumento del actual oficialismo para justificar la suspensión de la licitación macrista radica en el incremento tarifario que implicaba la privatización de la operación y el mantenimiento, algo que finalmente terminó sucediendo, ya que será efectuada por la transportista TGS.

“Enarsa contrató la operación y el mantenimiento. Si no va a recibir una tarifa para pagar eso, es más déficit de Enarsa que se financia con más déficit fiscal. Y si Enarsa recibe una tarifa, no se entiende el sentido de tener un intermediario, es un sobrecosto. Es un sinsentido en cualquier caso”, dice Gadano.