YPF sorprendió con una baja del 4% en los precios de los combustibles a partir del 1 de mayo que no estaba en los planes de nadie y que se suma a una polémica decisión del gobierno nacional que podría complicar el rumbo fiscal.

Si bien el precio internacional del petróleo tuvo una caída muy fuerte en abril a raíz de la guerra comercial impulsada por Donald Trump, luego se estabilizó al alza. Del promedio de 70 dólares al que cotizó el Brent en marzo, primero se registró un colapso hasta perforar los 60 dólares para después rebotar y encontrar un punto de equilibrio en aproximadamente 67 dólares por barril (aunque este martes retrocedió hasta los 64 dólares).

Más allá de la volatilidad, se trata de una baja en torno al 4% que coincide exactamente con el recorte de precios que anunció la petrolera de bandera y respeta la promesa del CEO Horacio Marín de mover la cartelera del surtidor según la cotización del barril. "Cuando baje, bajaré la nafta, pero cuando suba la vamos a aumentar", indicó.

El problema es que, paralelamente, el tipo de cambio oficial durante este lapso subió un 7% y, al ser el petróleo un componente dolarizado, neutraliza el efecto de reducción de costos por la baja del Brent.

"Nosotros creemos que el tipo de cambio va a caer y va a ir hacia la banda inferior de $1.000 dólares. Por lo tanto, ahí no habría ningún perjuicio", explicaron a Forbes fuentes de la empresa para justificar esta medida.

La otra arista que genera interrogantes económicos y que fue clave para que esta baja de precios se refleje en su totalidad es el congelamiento de impuestos que será informado próximamente por el Ministerio de Economía.

La última vez que YPF había bajado el precio de los combustibles, unos siete meses atrás cuando también se había producido un colapso del barril frente al mal desempeño de la economía china, la actualización impositiva y el traspaso del crawling peg del 2% mensual hicieron que de una baja del 5% se pase apenas a poco más del 1% y no sea percibida por la mayoría de los consumidores.

Es por eso que ahora se tomó otro camino y, frente al rebote de la inflación de los últimos meses y el nuevo régimen cambiario que está presionando sobre algunos precios, se eligió aprovechar esta merma del crudo para utilizar a los combustibles como ancla inflacionaria.

El punto crítico es que ya se acumulaba un atraso significativo en términos de impuestos de 200 pesos por litro de nafta que implicarían un salto del 17%. Eso genera una pérdida de ingresos en torno a los 200 millones de dólares al mes a las arcas del Tesoro que ahora podría agravarse justo cuando hay un mayor compromiso de superávit fiscal frente al FMI.

La visión del Ejecutivo, más allá de priorizar claramente la batalla inflacionaria, es que si el tipo de cambio retrocede al piso de la banda cerca de los $1.000, el peso de los impuestos aumentará medido en dólares y también ayudará a reducir el IPC que es el indicador por el cual se determina la actualización del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos) y el IDC (Impuesto al Dióxido de Carbono) de forma trimestral.