En su lucha incesante contra la inflación, el Gobierno de Javier Milei volvió a tomar medidas para fomentar la competencia y reducir los precios de algunos de los componentes claves del consumo doméstico. A través de dos resoluciones, el Ministerio de Economía eliminó la obligatoriedad de que una lista específica de productos textiles y electrodomésticos pasen por el "canal rojo normativo" de la Aduana, una medida que anteriormente aumentaba los costos para los importadores.
De esta manera, al igual que lo hizo con algunos bienes de la canasta básico, flexibilizó el ingreso de esta clase de productos. Se estima que esta medida reducirá los costos por contenedor en aproximadamente US$1.200, lo que equivale al 2,5% del valor medio de la mercancía importada en una operación.
Según la Secretaría de Comercio, esta medida es especialmente significativa dado que la normativa anterior aplicaba un criterio arbitrario que “afectaba a los bienes textiles, calzado y a aquellos sujetos a medidas antidumping”. La medida “suponía un criterio de selección de la mercadería arbitrario ya que alcanzaba por definición a los bienes del rubro que, a su vez, ya cumplían con los pagos adicionales establecidos por dichas medidas”, añadió Comercio.
Cuando un despacho era redirigido al canal rojo, los importadores se veían obligados a asumir gastos adicionales por inspección, costos portuarios y otras tasas, lo que encarecía el proceso de despacho. Sin embargo, con las nuevas disposiciones, los productos en cuestión estarán sujetos a verificaciones aleatorias establecidas por la Aduana para todo el universo arancelario, según explicó la Secretaría de Comercio en un comunicado de prensa.
Entre los productos afectados se incluyen prendas terminadas, hilados, tejidos, confecciones, termos, radiadores, calderas, aires acondicionados, cubiertos, ventiladores, entre otros. Esta medida, además de reducir los costos para los importadores, busca agilizar los plazos de entrega de los productos y evitar la paralización de la mercadería en la aduana.
La eliminación de esta normativa afectará aproximadamente al 36% de las operaciones de importación que anteriormente eran redirigidas al canal rojo, representando un 7% del total de operaciones de importación realizadas en el país.