El Gobierno nacional ratificó su propuesta de aumento promedio de 20% para las tarifas de gas, cuyo impacto será en las boletas de junio, completando de esta forma un incremento de 42,7% en 2022.
Este ajuste estaría en línea con el lineamiento propuesto por la conducción del ministerio de Economía, que impulsó como referencia un alza del orden del 80% de la suba del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
La interna oficialista tuvo un nuevo capítulo frente a la audiencia pública que involucra la quita de subsidios ya que la misma fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla Oporto, en lugar del secretario Darío Martínez. Tampoco estuvo presente el interventor del ENARGAS, Federico Bernal.
Martínez era proclive a avanzar con una quita de subsidios más agresiva en lo que refiere a la segmentación por zona geográfica para impactar sobre regiones de presunto alto poder adquisitivo. De acuerdo a lo expuesto por Videla Oporto, los incrementos que recibirán los consumidores de gas domiciliario serán entre 18 y 25% de acuerdo a los que ya recibieron en marzo -que fueron entre 13,5 y 20,5%- para completar el 42,7% total.
La funcionaria reiteró que los beneficiarios de tarifas sociales no sufrirán aumentos.
A modo de ejemplo, Videla Oporto dijo que para usuarios del centro del país, la factura promedio pasará de $2.008 a $2.378. Para la zona centro, de $2.029 a $2.393. Para la zona Noroeste, de $1.151 a $1.402; y para la zona Sur, de $2.112 a $2.651.
“Esta decisión se funda en la convicción de nuestro Gobierno Nacional de que las tarifas de gas y electricidad deben tener correcciones que siempre deben estar por debajo de la evolución de los salarios”, afirmó.
Asimismo, remarcó que al momento de avanzar con la segmentación tarifaria los sectores de mayor poder adquisitivo perderán todos los subsidios. En este caso algunos cálculos estiman que las facturas podrían hasta triplicarse.
Sobre los costos del fluido la funcionaria planteó que a partir de la guerra el costo de abastecimiento se ubica en el equivalente a 5,76 dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica, según su sigla en inglés). Añadió que el Estado nacional paga US$ 4,35 y el usuario de US$ 1,41. En consecuencia, el fisco cubre el 75% del costo del gas natural para abastecer la demanda prioritaria.
A su turno, las asociaciones de consumidores rechazaron los aumentos previstos y en algunos casos hicieron énfasis en la necesidad de desdolarizar las tarifas.
Uno de los que se pronunció en ese sentido fue Roberto Salerno, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), quien propuso "revisar la normativa de base que ampara la dolarización de las tarifas" en boca de pozo.
En la misma línea, sostuvo que "no es tan cierto que estemos demandando en exceso el requerimiento de subsidios", y aseguró que la Argentina se ubica en el puesto 68 en el mundo entre los países en los que el Estado asiste financieramente a la prestación de los servicios públicos.
En tanto, el diputado provincial de Mendoza por Unidad y Equidad Federal José Luis Ramón consideró "falso" el cuadro de costos presentado por la subsecretaria y aseguró que "las familias de las zonas frías van a tener aumentos del 60%".
El intendente del partido bonaerense de Esteban Echeverría Fernando Gray pidió que se posterguen los aumentos por entender que "no es un momento oportuno", exhibiendo otra grieta en la coalición oficialista.
La postura de las empresas fue expuesta por ADIGAS quien advirtió que “la segmentación de usuarios debe garantizar que las distribuidoras no se verán perjudicadas” y reclamó que “las variaciones en el costo del gas deben ser reconocidas a través de un mecanismo de 'pass through' que garantice para las distribuidoras el principio de la neutralidad económica que se encuentra en las licencias de distribución.
Escrito por Roberto Pico para NA