El Gobierno nacional dispuso la primera modificación presupuestaria del año mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida redistribuye partidas con el objetivo de reforzar los fondos destinados a educación, seguridad y salud, en el marco de la emergencia declarada en el DNU 70/23 y ratificada en la Ley Bases.
Desde el Ejecutivo explicaron que la readecuación presupuestaria busca garantizar la prestación de servicios esenciales a nivel nacional. En el texto oficial, el Gobierno señaló que "de no realizarse la modificación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional".
Cambios en el presupuesto y reasignación de fondos
Entre los puntos destacados del DNU 186/2025, se estableció un régimen especial para regularizar deudas con las generadoras de energía, la asignación de créditos para distribuidores de energía sin deudas con CAMMESA y la habilitación de endeudamiento externo para provincias. Además, se permitió la cesión de bienes estatales para saldar obligaciones con gobiernos provinciales.
Sobre este último punto, la normativa establece que los bienes inmuebles innecesarios o sin destino claro del Estado podrán utilizarse para cancelar deudas, lo que permitirá reducir el gasto en mantenimiento y mejorar las cuentas públicas.
En el ámbito educativo, el DNU restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075, asegurando la distribución automática de fondos a provincias y municipios para sostener los servicios educativos. Desde el Gobierno afirmaron que la decisión responde a la necesidad de destinar recursos suficientes a la educación, garantizando los derechos de los ciudadanos y promoviendo la movilidad social ascendente.
El Ministerio de Salud recibió un incremento en su presupuesto para atender gastos operativos y garantizar su funcionamiento normal. También se asignaron recursos adicionales a la Agencia Nacional de Discapacidad, con el objetivo de continuar las auditorías masivas de pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad también obtuvo un refuerzo presupuestario para financiar el monitoreo y rastreo electrónico de personas procesadas y/o condenadas. La medida busca garantizar el correcto funcionamiento del sistema de supervisión electrónica, que permite controlar a detenidos con prisión domiciliaria o medidas alternativas a la privación de libertad.
Aportes a organismos internacionales
El DNU también aprobó el pago de aportes al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$436,9 millones en siete cuotas.
La decisión del Gobierno busca garantizar la prestación de servicios esenciales en un contexto de emergencia económica, financiera, fiscal y social. La reasignación de recursos permite reforzar áreas estratégicas sin incrementar el gasto global, optimizando el uso de los fondos disponibles para atender las prioridades de la gestión nacional.
Con información de NA.