Uno de los pilares de la baja del gasto “sostenible y cualitativa” como pide el FMI pasa por el recorte de los subsidios energéticos, para que el superávit fiscal no dependa de una licuación circunstancial de las jubilaciones o del freno de transferencias a provincias que no se podrá sostener por mucho tiempo.
En ese marco, los anuncios de nuevos cuadros tarifarios de los últimos días permiten proyectar un recorte en torno del 60% en las partidas para los entes que controlan la luz y el gas, lo que permitiría un ahorro de 6.000 millones de dólares en todo el 2024.
La cifra surge de un informe de la consultora de Economía y Energía que trazó tres escenarios según cómo se termine delineando la política energética. El resultado más optimista es el mencionado, que parte del precepto de quitarle subsidios a todos los usuarios salvo al 50% de menores ingresos dentro de la categoría N2, la más vulnerable.
El mayor recorte provendría de los giros a Cammesa, que pasarían de 5.900 millones a 1.960 millones. Por su parte, en el segmento residencial del gas natural podrían ahorrarse unos 680 millones, sin contar con las ganancias del sector industrial y comercial que serán muy importantes dado que ya rige el cobro de tarifa plena para estos sectores. El resto de la baja de subsidios se explicaría por recortes al GLP (garrafas), a la usina de carbón de Río Turbio y a la central de Yacyretá, entre otros.
El segundo escenario, más moderado, sostiene que, solamente con una quita de subsidios al 20% de los segmentos N2 y N3 (bajos y medios ingresos), se ahorrarían casi 3.000 millones de dólares en electricidad y 320 millones en gas natural residencial.
Ya la hipótesis más pesimista que implicaría seguir subsidiando a los usuarios N2 y N3 en el nivel actual, de todas maneras, los subsidios bajarían en 2.200 millones en electricidad y 200 millones en gas natural residencial por redes.
Hasta el momento, el año acumula una contracción del gasto en subsidios energéticos del 70% comparado con el primer trimestre del 2023. No obstante, lo cierto es que un panorama poco realista que se sustentó en aumentar las deudas con Cammesa y otras firmas energéticas en más de 2.000 millones de dólares, una cifra que habrá que pagar más temprano que tarde.
El cuadro debería empezar a modificarse en este segundo trimestre donde ya están vigentes los nuevos precios de la luz y el gas y podría intensificarse en el tercer trimestre del año cuando deje de correr el esquema de segmentación tarifaria del ex ministro Sergio Massa para darle lugar a la Canasta Básica Energética que diseñó el secretario Rodríguez Chirillo.
Para ese entonces, todos los usuarios del país pagarían el precio pleno de la tarifa y el Estado realizaría transferencias directas a aquellos que entren en el criterio de selección para recibir ayudas oficiales.